El dictador Daniel Ortega concretó los ascensos a tres comisionados mayores de la Policía que pasan a ser comisionados generales, a través del Acuerdo Presidencial 37-2025 publicado este lunes 3 de marzo en el diario oficial La Gaceta, un día después del anuncio del retiro de dos altos jefes policiales.
Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Marquez son los tres comisionados mayores elevados al grado de Comisionado General de la Policía.
El opositor Amaru Ruiz manifestó en su cuenta de X (antes Twitter) que el ahora comisionado general Oscar Alemán Márquez «era uno de los cómplices de la invasión de los Territorios Indígenas y Afrodescendientes en el triángulo minero». Ruiz expresó que estos ascensos son la manera que la dictadura Ortega Murillo tiene de premiar a sus adeptos.
Los grados de Comisionados Generales serán impuestos en ceremonia solemne cuando el dictador y el jefe de la Policía orteguista lo dispongan, según el acuerdo presidencial.
Dos jefes policiales a retiro
Estos ascensos habían sido anunciados ayer domingo 2 de marzo, a través de una nota de prensa en la que también se informó oficialmente el retiro de los comisionados generales Jaime Vanegas y Fidel Domínguez, inspector general de la institución el primero y el segundo co-jefe de la delegación departamental de León.
Tanto Vanegas como Domínguez se prestaron para reprimir al pueblo desde que los Ortega Murillo desataron una persecución contra la población en general tras las protestas iniciadas en abril de 2018.
Estos ascensos también ocurren cinco días después de la ratificación del consuegro del dictador, Francisco Díaz, en el cargo de Jefe de la Policía para un período ampliado de seis años, tras las reformas constitucionales que extendieron un año el período de todos los cargos de poder.
Díaz ha sido jefe de la Policía desde 2018, año en que la Policía comenzó a ser usada por la dictadura como el principal instrumento represivo contra los críticos y opositores. Ese año, más de 300 personas murieron por la represión policial contra las masivas protestas civiles que demandaban la salida de Ortega del poder. La Policía nicaragüense, bajo las órdenes de Ortega, está acusada internacionalmente de cometer «crímenes de lesa humanidad».
