El esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por suspender el Programa de Admisiones de Refugiados en los EE. UU. (USRAP) ha quedado en pausa tras la decisión del juez federal Jamal Whitehead, en Seattle, quien bloqueó la medida de manera temporal. La decisión judicial representa un revés significativo a las políticas migratorias restrictivas y otorga un respiro a miles de refugiados, incluidos nicaragüenses, quienes esperaban ser admitidos en suelo estadounidense, valoran expertos y abogados de inmigración consultados por LA PRENSA.
El juez Whitehead, nombrado en 2023 por el expresidente Joe Biden, determinó que las acciones de Trump implican «una anulación efectiva de la voluntad del Congreso» de establecer el programa conocido como reasentamiento para refugiados. «El presidente tiene un amplio margen de discreción para suspender las admisiones de refugiados. Pero esa autoridad no es ilimitada”, dijo Whitehead, según recoge la agencia de noticias AP.
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Tras su retorno a la Presidencia, Trump paralizó el programa, prohibió el ingreso de los beneficiarios al país y comenzó a cortar el financiamiento a las agencias que apoyan a los refugiados, dejando a miles de personas en el mundo, incluyendo a nicaragüenses, en el limbo migratorio después de que habían sido aceptadas en el proceso y sólo esperaban la fecha de viaje a EE. UU.
Lo anterior como parte de su política de restricción migratoria, argumentando razones de seguridad nacional. En Costa Rica, decenas de familias nicaragüenses, desde la vigencia del programa, acudieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oacnur) para solicitar información sobre el proceso de migración legal y les hablaron de USRAP por medio de Movilidad Segura.
Solicitudes deben seguir su proceso y se pueden enviar nuevas
El activista y experto en leyes migratorias, Rommel López, en declaraciones a LA PRENSA apuntó que el fallo del juez federal genera «buenas noticias para las personas que buscan refugio, esto no puede ser cancelado fácilmente».
López apuntó que el fallo significa que la orden de Trump para suspender el programa de admisión de refugiados «no puede entrar en vigor» y por ello «los casos deberían continuar según las reglas existentes antes de la suspensión».
Al contar con el fallo, explicó López, «los casos de refugiados en proceso no serán cancelados y deberían seguir su curso».
Asimismo, se pueden realizar nuevas solicitudes de refugiados dado a que «pueden seguir siendo procesadas mientras la decisión del juez esté vigente».
La abogada de inmigración Cindy Blandón mencionó que el gobierno de Trump puede apelar el fallo, lo que «podría llevar el caso a una instancia superior y cambiar la decisión en el futuro, pero hoy por hoy sigue en vigor la solicitud de refugios».
Ambos expertos destacaron que el programa sigue activo y que las admisiones deben continuar, a menos que un tribunal superior anule la decisión del juez».
La demanda Pacito contra Trump
La demanda Pacito contra Trump es una acción legal presentada el 10 de febrero de 2025 en el Tribunal de Distrito del Oeste de Washington. Esta demanda impugna la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende el USRAP y congela los fondos federales destinados al procesamiento y reasentamiento de refugiados.
Los demandantes incluyen tres organizaciones que brindan servicios a refugiados —Church World Service, HIAS y Lutheran Community Services Northwest— junto con nueve individuos afectados por la suspensión del programa. Argumentan que la orden ejecutiva de Trump representa una «anulación efectiva de la voluntad del Congreso».
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El nombre de la demanda proviene de uno de los afectados, identificado como Pacito, quien es un refugiado de la República Democrática del Congo y que junto con su esposa e hijo tenía previsto viajar a Estados Unidos el 22 de enero de 2025. Sin embargo, su vuelo fue cancelado debido a la suspensión del programa, dejándolos en una situación de incertidumbre y sin recursos.
El Programa de Admisiones de Refugiados, creado por el Congreso en 1980, es un mecanismo de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución. Se trata de un proceso que suele tomar años e implica una verificación exhaustiva para garantizar la elegibilidad de los solicitantes.
Cabe aclarar que este programa es distinto del asilo, que permite a personas recién llegadas al país solicitar protección si temen persecución en su lugar de origen.
