«Rodrigo» salió de Nicaragua en 2022, después que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo instruyó a la Fiscalía perseguir judicialmente a periodistas nicaragüenses vinculándolos en el juicio contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Viajó a Estados Unidos como turista por cinco meses, la duración de una beca que recibió para un programa de capacitación en formación de medios digitales, y no decidió quedarse porque sabía que el proceso de asilo podía tardar hasta una década.
Cuando finalizó la beca, en junio de 2023, decidió regresar a Costa Rica para reencontrarse con su esposa e hija que habían quedado en Nicaragua, pero tuvieron que salir dado a que «el asedio era incesante por los policías y los simpatizantes del orteguismo, queriendo averiguar mi paradero».
Ya reunido con su familia en San José, en noviembre de 2023 decidieron ir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a solicitar información sobre el proceso de migración legal en Costa Rica y les hablaron de Movilidad Segura como una opción de viaje hacia un tercer país de acogida.
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Desde enero 2024, Rodrigo y su familia empezaron el proceso para el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP) por medio de Movilidad Segura. Tuvieron entrevistas, exámenes médicos, talleres culturales sobre EE. UU. durante 10 días, hasta que en abril les llegó una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) diciéndoles que habían sido aprobados con estatus de refugiados.
Hoy esta familia es parte de las decenas de nicaragüenses en Costa Rica que sólo esperaban una fecha de viaje para poder irse a EE. UU., pero que tras el retorno de Donald Trump a la Presidencia y la implementación de sus políticas migratorias, el programa fue suspendido por 90 días y su reanudación, según la orden ejecutiva, dependerá del informe que el secretario del Departamento Nacional de Seguridad en consulta con el secretario de Estado, presente al presidente Trump, quienes determinarán si es viable o no el reingreso de refugiados.
El proceso duró más de un año
Sobre el proceso, Rodrigo detalló que en enero de 2024 durante una entrevista presencial «nos ofrecieron EE. UU. como país destino». Enseguida, en febrero los volvieron a llamar para agendarles una cita con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y posteriormente con agentes de Uscis en un hotel de San José.
«En marzo fuimos a las citas, fueron entrevistas horribles, llenas de preguntas capciosas, en mal tono, desconfiando de nuestras versiones de la persecución, insistiendo en que nos quedáramos en Costa Rica. Nosotros respondíamos que el temor de residir en Costa Rica se debía a la cercanía con Nicaragua y a las posibilidades de que los sandinistas infiltraran gente para hacernos daños», contó Rodrigo.
El taller de orientación cultural sobre la vida en EE. UU. fue de 10 días e incluso llevó a personas a renunciar a su trabajo para poder asistir. «David», de 33 años, otro nicaragüense que en mayo del 2023 decidió aplicar a USRAP, da fe del taller y de lo que le implicó.
«En noviembre de 2024 me volvieron a llamar y me dieron citas médicas, como por 15 días fui a todas esas citas médicas, la última fue tuberculosis, por 3 días. Me dijeron que iba a viajar en ese mes y renuncié, me quedé sin trabajo, y al final no viajé», contó David, originario de Nueva Guinea y que llegó a Costa Rica en mayo del 2018.
Rodrigo detalló que la carta que recibió de Uscis decía que debían esperar cuatro meses antes de ser contactados, hasta que en diciembre del 2024 «nos dijeron que finalmente habían encontrado una agencia de reasentamiento voluntaria en EE. UU. para buscarnos una ciudad de acogida». El proceso tanto de Rodrigo con su núcleo familiar y el de David duró más de un año.
El Programa de Movilidad Segura era una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos respaldada por Acnur, la OIM y otros socios. De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Estado del año fiscal 2024, se ha beneficiado a más de 23,000 refugiados que han sido reasentados de forma segura y legal en EE. UU. Del total, 2,340 son nicaragüenses.
«Sabíamos que iba a ser más estricto y agresivo»
El periodista nicaragüense remarcó que cuando recibieron la noticia de que iban a buscarle una ciudad de acogida, ya el republicano Trump había ganado las elecciones. Rodrigo confesó que presentía toda la situación que ahora está viviendo no sólo él y su familia, sino los demás nicaragüenses que tenían esperanzas en este programa.
«Nosotros habíamos dicho que si para el 20 de enero seguíamos en Costa Rica, ya no viajaríamos porque esperábamos lo que Trump está haciendo. Sabíamos que iba a ser más estricto y agresivo que en su primera (administración)», apuntó Rodrigo.
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En diciembre, cuando a Rodrigo y a su familia le dijeron que iban a buscar una ciudad de acogida, les pidieron documentos y les dijeron que fueran pensando en el viaje en un lapso de tres a cinco semanas, «que se iban a poner en contacto con nosotros al menos siete días antes de viajar. Al final llegó el 20 de enero, nunca recibimos la llamada de viaje», contó el periodista.
Hasta la fecha se desconoce cuál será el destino de Rodrigo con su familia y el de David junto a decenas de nicaragüenses que esperarán en Costa Rica su reasentamiento, que ya estaba previamente aprobado.
Por su parte, David, quien esperaba viajar en febrero de este año, en su interés porque no dejen en el olvido su caso, envió consultas al Centro de Apoyo para el Reasentamiento (RSC) para América Latina, operado por la OIM.
«El RSC está a la espera de instrucciones más detalladas en relación con la suspensión del USRAP y no tiene información adicional disponible en este momento», se lee en el correo que recibió David.
Acnur y la OIM anunciaron en su página web que el programa cerró por una decisión de EE. UU. y que no aceptarán o procesarán nuevos casos y que las personas que ya habían sido admitidas para viajar con aprobación de Uscis deberán esperar una comunicación informativa.
«Yo creo que los 90 días es una trampa burocrática. El Departamento de Estado puede alegar, llegado los 90 días, que necesita más tiempo para estudiar el programa. O puede que emita un informe que diga que el programa necesita ser reconstruido o cerrado por tiempo indefinido mientras se delinean nuevos criterios de selección. Con eso quiero decir que nuestro caso pasó a un limbo del cual no veo salida pronta», valoró Rodrigo.