El régimen de Daniel Ortega entregó al Ejército y la Policía Nacional el poder de comprar bienes para la defensa de su sostenibilidad en el poder, sin necesidad de pasar por un proceso de licitación, según se recoge en el nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Nacional, la cual está bajo el control de la dictadura.
La nueva ley sustituirá por completo a la ley publicada en septiembre del 2023, la cual hasta ahora regía todas las operaciones del Estado y sus poderes, incluidos la Policía y el Ejército, que estaban sujetos al cumplimiento de dicho procedimiento que garantiza transparencia en las compras públicas mediante la publicación de las licitaciones, donde se podían conocer en detalles los bienes que se están adquiriendo.
Sin embargo, en el artículo 4 referido a las instituciones excluidas del cumplimiento de esta ley, el régimen estableció en el numeral 2, que no están sujetas a esta regulación las «adquisiciones de bienes, medios y equipos destinados exclusivamente para salvaguardar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la paz, la seguridad, la defensa nacional, seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno».
Lo único que no quedó excluido del procedimiento son las adquisiciones para el avituallamiento del Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior, «siempre que se realice en estado de paz». Es decir que los órganos represores de la dictadura deberán pasar por licitación solamente las compras relacionadas con víveres, alimentos, combustibles y otros suministros necesarios para su funcionamiento, siempre y cuando no hayan agitaciones sociales internas.
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Compras simplificadas
Todos estos elementos no estaban incluidos en la ley que será sustituida. Solamente en el artículo 58, en el capítulo sobre las contrataciones simplificadas, se establecía que se permitía este tipo de compras a la Policía en bienes «con fines exclusivamente policiales, necesarios para el mantenimiento y restablecimiento del orden y la seguridad pública del país».
En el caso del Ejército, también se le permitía las compras simplificadas en bienes «con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional las efectuará mediante el procedimiento de Contratación Simplificada y las que realice para su avituallamiento en tiempo de paz, deberá aplicar el procedimiento que corresponda de conformidad con la presente Ley». Este tipo de compra, no obstante, no se registraban en en el Portal Único de Contratación.
En la nueva ley, la dictadura se autoexcluyó de cumplir los procedimientos en las contrataciones de bienes, obras y servicios que realicen las instituciones del Estado con proveedores extranjeros previamente autorizado por la Presidencia.
Es decir que las instituciones del Estado pueden hacer compras directas a Rusia, China o cualquier país aliado de la dictadura sin necesidad de pasar por un proceso de licitación siempre y cuando estas operaciones de compras sean previamente aprobadas por Ortega o Rosario Murillo, la vocera del régimen.
Otro elemento que incorpora la nueva ley es que quedan excluidas del cumplimiento de esta regulación las compras que se hagan con fondos de caja chica, las que solo estarán sujetas a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Al quedar excluidos del procedimiento establecido en dicha ley, significa que las transacciones estarán fuera de la fiscalización de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
Blindan de opacidad al Gran canal
Y aunque aún no hay señales de que China finalmente concrete la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, en la nueva ley de contrataciones del Estado, el régimen también excluyó del cumplimiento de esta ley todas las adquisiciones relacionadas con esa obra y otros proyectos que considere estratégicos y que estén relacionados al fallido proyecto.
El régimen también ordenó que queden fuera del cumplimiento de la Ley de Contratación de Adquisiciones del Estado, las compras de boletos aéreos que se realicen a través de plataformas digitales, autorizados por la Presidencia. Cabe mencionar que desde el año pasado, la dictadura ordenó que no se compraran boletos a las agencias de viajes que estos se adquieren de manera directa a las aerolíneas.
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Elevan los montos que deben ser sujetos a licitación
Asimismo, el régimen ordenó los montos que deben ser sujetos a licitación, pasando de tres millones de córdobas a 10 millones de córdobas, es decir que todas las compras por debajo de ese último monto no están obligadas a pasar por un proceso de competencia de compra.
En el anterior procedimiento, según la misma ley, el número de oferentes o licitadores era ilimitado, dado que pueden concurrir a ella todas aquellas personas naturales o jurídicas que, de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de presentarse a la licitación.
En cuanto a las licitaciones selectivas, el monto pasó de entre 500 mil córdobas y hasta tres millones de córdobas a un rango de entre dos y diez millones de córdobas. Es decir que los montos inferiores a este último no requieren pasar por un proceso de este tipo.
Por su parte, se considerará contratación menor a todas las compras que no superen los dos millones de córdobas, cuando antes el monto era de 500 mil córdobas.
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