El reloj marca las 10:00 de la mañana, pero desde muy temprano es notoria la llegada de transeúntes a la Avenida Central de la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. Los negocios que se extienden a lo largo de esta avenida peatonal comienzan a abrir paulatinamente.
El ambiente en San José poco a poco se llena de movimiento. Desde el extremo este de la avenida, donde se ubica la Asamblea Legislativa, hasta el oeste, que empalma con el Paseo Colón, es común encontrar vendedores de productos de todo tipo, numerosos comercios y, también, el otro rostro de la migración.
Desde mucho antes, los vendedores ambulantes, en su mayoría de origen nicaragüense, comienzan a extender su mercadería —cartucheras, carteras, sombreros, calcetines, fajas, llaveros, entre otros— a lo largo de la avenida, a pesar de que esta actividad está prohibida por la Municipalidad de San José.
La mañana de un miércoles de febrero la actividad de los vendedores ambulantes es diferente a la de otros días. Los agentes de la Policía Municipal se encuentran en cada una de las esquinas en bicicletas, mientras que otros circulan a bordo de camionetas.
Por esa razón, los vendedores ambulantes extendieron su mercadería más tarde de lo habitual. A algunos se les podía observar sentados, con sus bolsas negras debajo de las piernas.
Los vendedores ambulantes se enfrentan a diversas dificultades, entre ellas recoger la mercadería cada vez que pasa la Policía Municipal. De no hacerlo a tiempo, las autoridades les decomisan los productos, además de imponerles elevadas multas y citaciones.
“Pero si andás tus cosas en la mano no te dicen nada”, refirió un comerciante ambulante de origen costarricense que prefirió no salir en fotografías.
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10 decomisos
Diana Yamileth López Ramos es nicaragüense, pero tiene siete años de vivir en Costa Rica, de los cuales seis ha trabajado vendiendo en la Avenida Central. Asegura que desde las 4:00 de la mañana está “en funciones” y que desde tempranas horas llega al centro de San José para vender.
“Ha sido un poco duro porque trabajos en casa ya casi no se encuentran y lo que necesita uno es un poco más de plata. Acá no es como en Nicaragua, porque tenemos que pagar renta donde vive, comprar sus cosas”, dijo López.
Asegura que, en al menos diez ocasiones, la Policía Municipal le ha decomisado su mercadería.
“Si nosotros nos ponemos rebeldes, ellos actúan. No nos golpean. Me han decomisado la mercancía, pero nunca me han faltado al respeto ni agredido. La vez que me han quitado todo, me ponen una multa de 50 mil colones (100 dólares aproximadamente) y me llevan a la Corte”, dijo López, quien aseguró que, para cambiar esa situación, necesita regularizar su negocio, algo que considera engorroso y costoso.
Sin embargo, López señala que los transeúntes compran sus productos en la Avenida Central, aunque confiesa que las ventas han disminuido en los últimos meses.
Mercadería también entra por puntos irregulares
López afirmó que parte de su mercadería la adquiere en Nicaragua debido a los costos.
“A veces, no siempre, vamos a Nicaragua, traemos un poco de mercadería y otra parte la conseguimos acá en tiendas colombianas o chinas, que comúnmente son mayoristas”, dijo López.
Sin embargo, la mercadería que López y otros comerciantes ambulantes venden en las calles de San José no es de las que más decomisan las autoridades costarricenses por contrabando en las fronteras. Entre 2021 y 2023, las autoridades de Costa Rica decomisaron al menos 4.61 millones de unidades de las tres principales mercancías que ingresan al país desde Nicaragua por contrabando, según datos proporcionados por la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda de Costa Rica a LA PRENSA.
Las tres principales mercancías que, según la PCF, ingresan de forma ilegal desde Nicaragua son alimentos, medicamentos y calzado. En el caso de los alimentos, las autoridades decomisaron al menos 3.96 millones de unidades entre 2021 y 2023, mientras que en el caso de los medicamentos incautaron 427,101 unidades.
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No obstante, las unidades incautadas de calzado proveniente de Nicaragua aumentaron en 2023. Ese año, la PCF decomisó 1.47 millones de unidades de calzado, 46,325 más que las 57,858 unidades decomisadas en 2022. Aun así, en 2023, las incautaciones de alimentos se mantuvieron a la cabeza.
Negocios ambulantes: un fenómeno que persiste
Las ventas ambulantes persisten pese a los intentos de las autoridades costarricenses de suspenderlas. En 2013, la Municipalidad anunció que aplicaría un plan para erradicarlas y, hasta ese año, se contabilizaban al menos 1,500 vendedores que comerciaban en sitios como la Avenida Central y la Avenida Cuatro fuera de la regulación. Sin embargo, la Municipalidad señalaba que no todos eran de origen nicaragüense.
En 2015, la Municipalidad indicó que la ciudad había “alcanzado el límite de los espacios en los que se puede dar permisos a través de patentes para ventas callejeras”.
Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica (INEC) para 2023 indican que un 39.2 % de la población económicamente activa del país pertenece al sector informal.
Cuidar niños y trabajar en la calle
“Susana” —nombre ficticio para preservar su identidad— tiene 24 años, llegó al país hace cuatro años y vendía calcetines esa mañana de febrero. En medio del bullicio, desempacó los productos de la bolsa negra que su esposo le ayuda a cargar y paulatinamente los colocó en el suelo, en una esquina cercana al edificio del Banco Central, no sin antes asegurarse de que ningún oficial de la Policía Municipal estuviera cerca.
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Sin embargo, al poco tiempo, una pareja de policías municipales pasó en bicicleta por la avenida y Susana tuvo que retirar rápidamente sus productos y guardarlos de nuevo en la bolsa negra.
Susana cargaba a uno de sus hijos, de 1 año, mientras que su esposo sostenía en brazos al otro, de 2 años.
“Llegué a Costa Rica hace cuatro años y me motivó buscar una mejor vida”, relata Susana, una mujer tímida y de pocas palabras.
Sin embargo, solo desde hace seis meses se desempeña como vendedora ambulante y asegura que, en ese lapso, solo en una ocasión le quitaron su mercadería.
Al son de marimbas nicas
En medio del bullicio de San José, se escucha una marimba a escasos metros de donde Susana espera que pasen los oficiales de la Policía Municipal. Es la marimba de Eduardo Palacios, acompañado por la guitarra de otro nicaragüense y el sonar de las maracas de un costarricense.
Palacios llegó a Costa Rica el 14 de febrero de 2024 para visitar a su hermano, quien tiene una panadería en San José. Pero antes de regresar a Nicaragua se encontró con un amigo marimbero y decidieron ganarse la vida tocando sones nicaragüenses y costarricenses en la Avenida Central y en algunos restaurantes durante los fines de semana.
“Los sábados y domingos, después que salgo de trabajar en la construcción, vengo a tocar acá. Pero como ya llevo veinte días que no trabajo en construcción, vengo a las 11:00 de la mañana a darme mi vuelta y tocar. Me voy a las 3:00 de la tarde”, relató Palacios.
El contraste de los desempleados
A las 12:00 del mediodía, la mayoría de los negocios están abiertos y la afluencia de transeúntes es mayor. En una de las esquinas más transitadas de la Avenida Central, un grupo de misioneros norteamericanos porta pancartas para “regalar abrazos” a quienes pasan por la zona. La mayoría no habla español, pero no duda en estirar los brazos si alguien se les acerca.
La escena contrasta con otra a pocos metros de distancia. Sentada en una esquina, bajo el alero de una cafetería, “Elisa”, una mujer nicaragüense con nacionalidad costarricense, de 21 años, junto a sus dos hijas —una de 6 años y otra de 2, a quien carga en sus brazos—, pide ayuda a los transeúntes.
Con lágrimas recorriendo sus mejillas, Elisa, quien pidió no ser fotografiada, relata que llegó en septiembre de 2024 en búsqueda de mejores oportunidades.
“He dormido en la calle, he andado en albergues. A mi mamá, que vive acá, le quitaron a mis sobrinos porque se los trajo de manera irregular”, contó Elisa.
Elisa cursó hasta quinto grado de primaria y no pudo continuar con sus estudios porque no estaba regularizada en Nicaragua.
“Hasta ahora, en 21 años, voy a tener una nacionalidad”, dijo Elisa, quien espera poder regularizar pronto el estatus migratorio de sus hijas.
También trabajó en una soda nicaragüense, pero asegura que, debido a que no tenía un estatus legal, no le pagaban la jornada completa.
A pesar de las dificultades, Elisa confía en que no permanecerá mucho tiempo en esas condiciones y espera reunir algo de dinero para emprender nuevamente la búsqueda de empleo.
