El Parlamento Europeo (PE) debatió este miércoles 12 de febrero una nueva resolución sobre Nicaragua, que desde hace seis años enfrenta una profunda crisis sociopolítica y de derechos humanos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución, que tiene siete versiones a la espera de cuál será la aprobada, expresa su condena a la represión del régimen, rechaza las reformas constitucionales y pide a los Estados de la Unión Europea (UE) impulsar investigaciones en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Las propuestas de resoluciones serán sometidas a votación este jueves 13 de febrero. Este será el primer pronunciamiento formal del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua desde el inicio de la actual legislatura, en julio de 2024. La última vez que el Parlamento Europeo debatió y aprobó una resolución fue en junio de 2023.
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En los proyectos de resolución los eurodiputados de los siete grupos políticos plantean que el Parlamento Europeo ha tenido conocimiento que desde 2018 el régimen nicaragüense «ha encarcelado y perseguido sistemática y arbitrariamente» a precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes religiosos —principalmente católicos—, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), representantes empresariales, entre otros.
A su vez, que desde 2018, 245 miembros del clero fueron detenidos arbitrariamente y expulsados, incluido el obispo Rolando Álvarez y también toman en consideración las más de 5,000 organizaciones no gubernamentales que han sido clausuradas por el régimen.
En ese sentido, en las propuestas de resolución se menciona la reciente reforma constitucional aprobada en enero de 2025 y que otorga al régimen Ortega-Murillo poder absoluto y desmantela aún más la separación de poderes. La resolución reprocha que esta reforma permite al régimen despojar de su nacionalidad a las voces disidentes dentro del país e imponer un control más estricto sobre los medios de comunicación y la Iglesia.
Más sanciones, promover investigación y activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación
En el debate realizado este miércoles en el Parlamento Europeo, que duró alrededor de 20 minutos, los eurodiputados insistieron en que el régimen viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos.
La eurodiputada por el Partido Popular Europeo, Željana Zovko, indicó durante su intervención que «como negociadora de esta resolución estoy contenta de que los negociadores hayan entendido que hay que activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación y hay que dejar de enviar dinero a ONG en Nicaragua porque no son independientes, sino que alimentan al régimen».
Insistió en que «hay que enjuiciar a los responsables», en referencia a Ortega y Murillo.
Enseguida, la eurodiputada Leire Pajín, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Grupo S&D), refirió que «hoy, de nuevo, tenemos que alzar la voz para denunciar la última reforma constitucional recientemente aprobada que es otra vuelta de tuerca más a la democracia, otra vuelta de tuerca al pluralismo político y al Estado de Derecho y un paso más dando el control de todas las instituciones en las manos de Ortega Murillo».
Pajín aseveró que con estas acciones «siguen profundizando el aislamiento internacional de Nicaragua con la retirada de las instituciones multilaterales y el incumplimiento de sus compromisos internacionales».
El eurodiputado Carlos Fidanza señaló que «necesitamos una acción fuerte en Europa, coordinada con Estados Unidos y otros países de la región, que se active la cláusula democrática de los Acuerdos de Asociación, que se bloqueen los fondos».
Oihane Agirregoitia Martínez, del grupo político Renew, en su intervención enfatizó que «no hay cabida para la represión generalizada del régimen nicaragüense. Pedimos desde esta tribuna la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, el restablecimiento del Estado de derecho y las libertades y el cese de la represión, el restablecimiento de derechos de exiliados y exiliadas garantizando su retorno seguro».
La eurodiputada Diana Riba i Giner, del bloque político Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, dijo que «el primer mensaje que queremos mandar a todos los ciudadanos y ciudadanas que ven pisoteados sus derechos, en especialmente a los presos y presas políticas les decimos que existe un amplio consenso en la Unión Europea para acompañar e impulsar su lucha por una sociedad más libre».
Siete resoluciones sobre Nicaragua
En la legislatura anterior, comprendida del 2019 al 2024, el Parlamento Europeo adoptó un total de siete resoluciones condenando la dictadura Ortega-Murillo y reprochando la persecución a los opositores nicaragüenses.
En la séptima resolución se incluyó el tema del despojo de la nacionalidad de los 222 ex presos políticos, entre figuras políticas, precandidatos a las elecciones presidenciales de 2021, periodistas, defensores de derechos humanos y manifestantes de las protestas de 2018, quienes fueron desterrados a Estados Unidos.
También el apoyo sistemático de la dictadura Ortega Murillo a Rusia en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el contexto del ataque a Ucrania. Los legisladores pidieron que la UE «amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano».
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En octubre de 2024, el Consejo de la UE prorrogó por un año más, hasta el 15 de octubre de 2025, las «medidas restrictivas ante la situación en Nicaragua» contra la dictadura de Daniel Ortega, dirigidas a 21 funcionarios orteguistas, incluida Rosario Murillo, y tres entidades nicaragüenses.
Las entidades son: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
