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Frente a la pantalla en blanco de la laptop, “Rodrigo” se siente frustrado al repasar una y otra vez los datos ahí reflejados. Lee, relee, desplaza el puntero del mouse una y otra vez, de arriba abajo sobre la pantalla; busca el dato, la frase, subraya una oración, un párrafo y con desesperación lo suelta.
No encuentra la información esencial, el dato fuerte, que le sirva para arrancar el reportaje. Siente que al rompecabezas le faltan piezas, pero no las encuentra entre sus recursos a mano.
Rodrigo, periodista exiliado en Costa Rica, sufre como un perro ante la falta de voces, de datos, de fuentes…
Acostumbrado durante muchos años a una profesión que antes le resultaba natural y fluida, solucionable con una llamada, un mensaje de texto o un correo, ahora revisa una y otra vez la lista de posibles fuentes, apuntes potenciales de personas que quizás sepan algo que sea de utilidad para su trabajo.
Quizás ahora sí respondan, piensa a menudo. Espera que no le digan amablemente que “no quieren meterse a más problemas”, pero sabe que muy probablemente no le respondan y tampoco le regresen el mensaje.
La crisis por la que atraviesa Rodrigo no es aislada: un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), publicado el pasado 13 de enero en San José, reveló que 52 periodistas abandonaron la profesión en 2024 tanto en Nicaragua como en el exilio, para buscar otros rumbos económicos.
Según el informe el abandono de la profesión obedece a múltiples razones, entre ellas el creciente desempleo en el sector, “la precarización de los salarios, la alta peligrosidad asociada a la profesión, el cierre de medios y espacios informativos, así como el impulso de emprendimientos personales como una alternativa de subsistencia”.
El documento precisa que, desde abril de 2018, al menos 283 periodistas nicaragüenses han salido al exilio por el riesgo que implica ejercer la carrera en Nicaragua.
Otros han cambiado de actividad profesional y decenas más han guardado el rigor profesional y la ética para pasarse a colaborar con los medios de la dictadura, en busca de seguridad laboral y personal.
Esta carrera ha sido una de las más golpeadas en Nicaragua por la represión de la familia Ortega Murillo.
El último periódico que existió, LA PRENSA, fue asaltado y confiscado en 2021 y no existen actualmente medios independientes críticos porque el régimen ha confiscado salas de redacción completas, acusado a sus miembros, apresado y desterrado a periodistas y criminalizado el oficio.
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Panorama tormentoso
Pese a ello, algunos periodistas como Rodrigo se mantienen en el oficio con la esperanza de una mejoría en las condiciones de su carrera. No la tiene fácil.
Escucha a editores y directores de medios quejarse de que cada vez “hay menos periodistas”, pero sabe que la mayoría de las ofertas salariales son precarias y que las condiciones de trabajo son casi deplorables en comparación con el riesgo que implica el oficio.
El mismo informe de la FLED lo tiene claro: “La situación del periodismo en Nicaragua está marcada por una serie de graves problemas relacionados con la censura, el control de la información, la intimidación, la falta de recursos y la aplicación de leyes represivas (…) Los periodistas que permanecen en Nicaragua se ven obligados a ajustar su trabajo de tal manera que no sean identificados por el gobierno y silenciados”.
“Quienes conversaron con FLED analizan que el año 2025 podría ser mucho más difícil para desempeñar su labor informativa en el país. Observan que la presión y censura sobre la libertad de prensa podría intensificarse, lo que llevaría a un entorno aún más restrictivo”, auguran.
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País sin sacerdotes
Cada año, doña «María S», llevaba su estatuilla de la virgen María a bendecir el 12 de diciembre a la parroquia cercana a su caserío en Carretera Nueva a León, para celebrar La Purísima muy a su modo: repartiendo dulces y paquetes de alimentos a las personas más humildes de su sector.
Empleadas de casas vecinas, jardineros, vendedores ambulantes, vigilantes de cuadra y recogedores de la basura municipal pasaban gritando vivas a la imagen y recogiendo su regalía.
En diciembre de 2024 María S tuvo que visitar tres parroquias de su sector para encontrar un sacerdote que le bendijera la estatuilla y el rosario de plata que le heredó su madre al morir hace décadas.
“El padre que tenía cinco años a cargo de la parroquia de Los Brasiles se exilió a Costa Rica el año pasado. Las otras iglesias estaban cerradas y me dijeron que solo los domingos enviaban de León a un cura para las misas y se volvía a ir”, se quejó.
La ausencia de sacerdotes, monjas y monaguillos ya se hace sentir en Nicaragua ante la despiadada represión de la dictadura sandinista contra el clero.
Hasta finales de 2024, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo había exiliado, desterrado, expulsado y prohibido el ingreso a Nicaragua a un total de 55 religiosos y religiosas. Solamente en ese año.
Las cifras de la investigadora Martha Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, resumían que al cierre de 2024 la cifra de religiosos católicos desterrados era de 261, desde las protestas de abril de 2018.
Sacerdotes, monjas, seminaristas y hasta profesantes del catolicismo han salido del país mientras el régimen persigue, cierra y confisca claustros, seminarios, oficinas y casas de reunión del clero.
La cantidad de religiosos expulsados ya supera la cuarta parte de los sacerdotes que, hasta 2018, trabajaban en la Arquidiócesis de Managua y en las ocho diferentes diócesis del país, según datos oficiales de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
Molina señala que ya hay demasiadas parroquias sin sacerdotes que las administren y muchas de ellas, especialmente en Matagalpa y sectores profundos de la zona rural, han tenido que cerrar sus puertas por falta de curas.
La situación ha empeorado en 2025: la dictadura se ha lanzado a cerrar los centros de formación de sacerdotes en algunos departamentos como Matagalpa y Estelí.
El pasado 20 de enero la Policía al servicio del régimen confiscó el edificio del Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, en Matagalpa.
“Una noticia muy triste. El Seminario San Luis Gonzaga, en Matagalpa-Nicaragua, ha sido confiscado. Este seminario es el corazón de la Iglesia y de una Diócesis, es un lugar donde se forman los futuros sacerdotes. Esta tarde fue tomado por la Policía, dejando en el limbo a todos los seminaristas”, denunció en sus redes sociales el padre exiliado Erick Díaz.
Pocos días antes, el 16 de enero, la dictadura mandó a su policía a tomarse La Cartuja, el Centro Diocesano de Pastoral de Matagalpa donde los seminaristas y sacerdotes se capacitaban.
“No hay duda, Ortega y Murillo quieren acabar no solo con los sacerdotes ya formados, sino con las nuevas generaciones. No quiere más sacerdotes, más monjas ni más feligreses que asistan espiritualmente al pueblo”, dijo Molina, quien ya antes había registrado la confiscación de la Universidad Católica Juan Pablo II y una decena de centros de educación católicos.
Ambiente sin fiscalizadores
La falta de datos y fuentes que atormenta la vida profesional de Rodrigo no es propia de los periodistas exiliados; sociólogos y ambientalistas pasan por la misma penuria.
Una socióloga, cuya identidad ha pedido preservar en anonimato, dice que la ausencia de voces en el terreno le impide ahora entregar con celeridad y rigor los reportes a una organización internacional a la que le trabaja.
“Ya no tengo una sola fuente en los territorios. Tengo que ingeniármelas para buscar los datos. Sencillamente es abrumador no tener datos”, dice.
Lo mismo pasa con la información relativa al medioambiente. Amaru Ruiz, biólogo, investigador y activista ambiental de la Fundación del Río, dice que Nicaragua no solo se ha quedado sin bosques, sino también sin fiscalizadores ambientales independientes.
Desde el exilio, Ruiz comenta que desde 2018 no solo ha disminuido la cobertura forestal del país, sino que también se ha eliminado la posibilidad de realizar una fiscalización independiente del medioambiente con el cierre indiscriminado de organizaciones ambientales y la criminalización del activismo ambiental.
Este retroceso se ha agravado, dice, con la disolución forzada de más de 170 organizaciones civiles que, hasta hace seis años, trabajaban en la defensa, conservación y monitoreo de los ecosistemas.
Ruiz añade que el desmantelamiento de estos grupos genera la pérdida de herramientas claves para la elaboración de informes independientes, el acompañamiento de proyectos, la participación en consultas públicas y la investigación ambiental autónoma.
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En sus palabras, estas funciones esenciales han quedado completamente anuladas en el panorama actual nicaragüense y no ve, ni a corto ni a mediano plazo un relevo generacional forjándose en las universidades del país.
“Desde hace años, las carreras relacionadas con el medioambiente en Nicaragua parecen estar en vías de extinción. Nunca han sido consideradas una prioridad laboral ni profesional en el país, lo que ha llevado a intentos recurrentes de hacerlas más atractivas”, dijo Ruiz.
Cita que, por ejemplo, la antigua licenciatura de Ecología de la otrora Universidad Centroamericana (UCA) fue rebautizada años después como Ingeniería en Calidad Ambiental para captar más estudiantes.
Sin embargo, tras la confiscación de la UCA y el cierre de varias universidades privadas, Ruiz ve que se ha reducido aún más la posibilidad de formar nuevos fiscalizadores ambientales y profesionales comprometidos con la conservación.
“A pesar de la creciente necesidad de personal calificado para supervisar y garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales, las políticas oficiales han priorizado la explotación y actividades extractivistas. Estas políticas han encontrado cierta resistencia en las disciplinas ambientales, que ahora enfrentan un panorama incierto”, observa Ruiz, cuya organización fue anulada y sus bienes confiscados por el régimen.
“La represión también ha golpeado duramente al activismo ambiental, que ha sido criminalizado al igual que el periodismo, la religión, los derechos humanos y la sociología”, dice el ambientalista a quien el régimen desnacionalizó por sus críticas a la explotación ambiental.
Ante esta situación, señala que quienes tienen vocación ambiental han optado por otras alternativas de estudio, como veterinaria, agricultura o administración de bienes ambientales, “buscando caminos menos perseguidos para evitar exponerse a la represión”, dijo.
Menos estudiantes en Nicaragua
En 2024 la dictadura emitió un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde quiso alardear de los logros sociales, para desmentir los abundantes informes sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Uno de los acápites de defensa fue el tema educativo. En su reporte alegaron que la matrícula estudiantil en educación superior de las universidades nacionales (estatales, comunitarias e interculturales) “aumentó un 20 % de 2019 a 2023”.
“La matrícula general del subsistema de Educación Superior en el 2021 fue de 194,876 estudiantes, del cual 57,714 estudiantes pertenecían a las universidades privadas; durante el 2023 la matrícula del Subsistema pasó a 193,116 estudiantes en donde 50,511 estudiantes pertenecen a las universidades privadas, el cual representa el 26 % de la matrícula general”, alegó el régimen.
La interpretación de los datos fue inmediata: el rector de la confiscada universidad privada Paulo Freire, Adrián Meza, exiliado en Costa Rica, detectó que, en realidad, sobre la base de los datos oficiales aportados por la dictadura, las universidades privadas perdieron 7,203 alumnos de 2021 a 2023.
Su razonamiento sobre el fenómeno es tajante: “Universidades de prestigio, muchas vinculadas a organizaciones religiosas que ofrecían becas a estudiantes de bajos recursos, han sido confiscadas y sustituidas por instituciones controladas por el aparato ideológico del régimen. Muchos jóvenes prefieren emigrar, dejar de estudiar o buscar alternativas educativas lejos de los centros de formación de la dictadura”, dijo a LA PRENSA.
Manifestó que, por ejemplo, los dictadores no mencionan en su informe la confiscación de más de 30 universidades, el cierre y confiscación de la UCA y la alta tasa de migración de casi un millón de nicaragüenses desde 2018, la mayoría jóvenes.
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Nicaragua sin futuro
¿Politólogos en Nicaragua? No existen de manera independiente. Según el politólogo Félix Maradiaga, esta profesión es una más de las proscritas por la dictadura y lamentablemente no avizora un relevo generacional de futuro.
“Bajo la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la persecución política en Nicaragua ha transformado profundamente el panorama profesional de nuestro país, destruyendo oportunidades en diversas áreas del conocimiento y limitando severamente el desarrollo de muchas carreras”, dice Maradiaga.
El desterrado político, antes presidente del centro de pensamiento Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, dice que, si bien el periodismo ha sido una de las profesiones más castigadas, con decenas de periodistas exiliados, censurados o forzados a abandonar su vocación por la represión estatal, la crisis va más allá.
“En mi opinión, todas las profesiones están ya sufriendo deterioro mayúsculo, dado que la educación, y la universitaria en particular, sólo puede ser de alta calidad en un clima de libertad de cátedra”, precisa.
Para Maradiaga, el adoctrinamiento le ha robado el espacio al pensamiento crítico y al rigor académico “y esto tiene un efecto devastador en la calidad de la educación”.
Detalla que las carreras que más están sintiendo el impacto de la deserción por la persecución son aquellas vinculadas a las ciencias sociales, el derecho y las humanidades.
“Carreras como Ciencias Políticas, Sociología, Historia y Filosofía están severamente restringidas. Desde la cancelación de universidades independientes hasta la censura de programas académicos, el régimen busca anular cualquier espacio de pensamiento crítico y análisis sobre la realidad del país”, observa el analista.
Maradiaga asegura que muchos profesionales de estas áreas han emigrado o han optado por la autocensura.
“Los jóvenes más dedicados y prometedores que recién se gradúan de secundaria, naturalmente tratarán de tomar distancia del adoctrinamiento de las universidades controladas por el régimen”, observa.
A la vez, señala que otros jóvenes igualmente talentosos “no tienen más opción que ingresar a un sistema educativo que cada día se asemeja más a los aparatos de propaganda en países como Cuba, Corea del Norte o China”.
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Un país sin derechos
Una de las carreras, que a su criterio está severamente castigada, es la de Derecho.
“¿Qué estudiante que desee estudiar Derecho se sentirá motivado por una carrera en un país sin ley? El sistema judicial nicaragüense está completamente subordinado al régimen, lo que ha convertido a los abogados ya sea en rehenes, en cómplices o simplemente en profesionales con una mordaza en su profesión”, cuestiona Maradiaga.
“La criminalización de la defensa legal ha hecho que muchos abogados teman representar a presos políticos o abordar casos de justicia social. Los estudiantes ven eso y pierden la principal motivación para una carrera en Derecho, como es el sentido de que la ley es respetada en una sociedad. Ese no es el caso de Nicaragua”, remata Maradiaga.
El politólogo estima que incluso quienes por evitar problemas políticos, eligen estudiar y emprender en negocios e inversiones, tampoco escapan a la amenaza de la represión.
“Los estudiantes con deseos de adquirir conocimientos para ser emprendedores, empresarios o profesionales del comercio, también están en un entorno hostil para el libre mercado y la innovación”, explica.
“La persecución económica y la confiscación de bienes han desincentivado el emprendimiento y la inversión privada. Carreras como Administración de Empresas, Economía y Finanzas han perdido atractivo en un país donde el régimen manipula el mercado y coarta cualquier actividad económica que no esté bajo su control”, alerta Maradiaga.
El politólogo considera que, con el control absoluto del sistema educativo y la expulsión de docentes críticos, “la profesión de maestro ha sido politizada hasta el punto de la desmoralización”.
Para él, en la Nicaragua actual y la futura, no hay carrera u oficio seguro. Ya ni los historiadores existen porque corren el riesgo de caer presos si contradicen la narrativa oficial.
«Prácticamente ninguna carrera en Nicaragua escapa a los efectos de la represión», determina el politólogo.
“Sin embargo, algunas disciplinas técnicas, como ciertas ingenierías, carreras relacionadas con la manufactura y la agroindustria, pueden operar con aparente y relativa autonomía si no tocan intereses políticos o económicos del régimen y su familia”, precisa.
