El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, denunció durante el 188 Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado esta semana en Washington DC, que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua usa y promueve la minería ilegal para financiarse. Al mismo tiempo que reprochó que el extractivismo minero en Nicaragua «continúa violando impunemente los derechos humanos».
Ruiz mencionó que según estimaciones de Fundación del Río y Centro Humboldt, «más de 40 mil personas se dedican a esta actividad ilegal en al menos 38 municipios del país. Esta actividad extractiva ilegal genera graves impactos socioambientales en el país».
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El ambientalista reveló que la minería ilegal tiene una representación de 30 por ciento de la exportación de oro de Nicaragua. «Debido al fomento de la minería industrial el avance de la minería ilegal continúa, la minería ilegal representa un estimado del 30 por ciento de la exportación del oro del país y está estrechamente ligada con la minería industrial en sus canales de procesamiento y exportación», explicó.
Durante la intervención, Ruiz indicó que la dictadura orteguista, dejando a un lado la problemática, reformó con «carácter de urgencia» la Ley No. 387 o Ley de Exploración y Explotación de Minas para «asegurar el control de toda actividad minera a su favor, incluida la minería ilegal».
«Por ejemplo, en el capítulo 77 de la reforma faculta al Ministerio de Energía y Minas otorgar avales para la minería ilegal; las organizaciones y los movimientos sociales que han denunciado y se han opuesto a esta actividad extractiva han sido canceladas, perseguidas y sus bienes confiscados», denunció.
Enseguida, el ambientalista denunció que más del 23 por ciento de la superficie territorial del país está concesionado para minería metálica, siendo «el régimen Ortega Murillo el que más concesiones mineras ha otorgado, al menos 114, desde el 2007».
Ruiz reiteró que como la minería ilegal «no puede exportar hacia otros países y (la dictadura) lo hace a través de mineras industriales, que muchas son de capital canadiense y colombiano».
Amenaza para áreas protegidas y territorios indígenas
El ambientalista expresó que a las organizaciones que trabajan en la protección y el cuido del medioambiente «nos preocupa el avance de la minería ilegal en áreas protegidas y en territorios indígenas y afrodescendientes».
Subrayó que la Fundación del Río ha venido denunciando el auge de la actividad minera en el sureste de Nicaragua, particularmente en la Reserva Biológica Indio Maíz.
«Pese a que estas áreas no son consideradas como distritos mineros y está prohibido realizar este tipo de actividades extractivas, han documentado más de 100 molinos de extracción minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz y al menos tres sectores mineros ilegales«, manifestó.
Ruiz reiteró que en el caso de la Reserva Biosfera de Bosawas, desde el 2007 han aumentado exponencialmente las concesiones de minería industrial y la extracción ilegal de oro dentro de la reserva. «Al menos 79 concesiones mineras industriales se encuentran dentro de la reserva, lo que genera un aumento de la actividad minera ilegal», puntualizó.
Asimismo, denunció que en el territorio mayangna Sauni As «el 41 por ciento está concesionado para minería, lo que ha aumentado el nivel de conflictividad territorial y asesinatos en este territorio».
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Como muestra de las afectaciones que causa la actividad minera ilegal, Ruiz precisó que cuatro pueblos indígenas están siendo impactados por la minería, generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, un territorio Matagalpa, seis territorios Mayangnas, siete Miskitos y dos territorios multiétnicos (Mayangna y Miskito).
55 personas fallecidas y pobreza
Ruiz mencionó que en sus años como investigador y defensor de derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes «todavía no conozco ningún territorio minero que haya salido de la pobreza», contrario a ello enumeró que «lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales, y muchas veces solo nos saquean».
El ambientalista denunció que «es muy poco el aporte que ofrece la minería tanto industrial como ilegal».
También describió que las personas que trabajan en la minería ilegal se enfrentan a situaciones alejadas a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, debido a que «no existen medidas de seguridad ni condiciones laborales, las áreas de extracción son inestables e inseguras, existe trabajo infantil y problema de salud asociado al manejo del mercurio, además esta actividad genera deforestación y degradación de los ecosistemas naturales, contaminando el suelo, el agua y el aire, entre otros impactos asociados».
Muestra de ello es que, según Ruiz, en los últimos tres años se cuantifica que 55 personas han fallecido en trabajos de la minería ilegal.
