La dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo (o al revés, según sea el gusto de cada persona), dio a conocer el martes 4 de enero que sacó a Nicaragua de la FAO y ordenó a su personal en el país que cerrara sus oficinas y se fuera inmediatamente.
FAO es la sigla en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es un organismo de derecho internacional constituido en 1945 y del que el Estado de Nicaragua fue uno de sus fundadores.
194 países (ahora 193) pertenecen a la FAO, más la Unión Europea como conjunto de los Estados que la integran. Tiene representaciones en más de130 países en los que financia y ejecuta programas de apoyo al desarrollo de la agricultura para la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la reducción del hambre en el mundo.
El último programa de la FAO en Nicaragua fue un aporte de 67.3 millones de dólares para ser ejecutados en el período de 2022 a 2026. El propósito de esa inversión de la FAO era “luchar contra la pobreza y la crisis climática, así como garantizar la seguridad alimentaria en Nicaragua”, según información publicada esta semana por LA PRENSA.
El motivo o pretexto de la dictadura de Nicaragua para justificar la salida de la FAO ha sido que divulgó el dato de que casi millón y medio de nicaragüenses están subalimentados. Además, en su informe titulado “Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición para América Latina y el Caribe 2024”, la FAO informa que en los últimos años la cantidad de personas subalimentadas en Nicaragua pasó de 1.3 millones a 1.4 millones. Y que en el mismo período la prevalencia de la subalimentación aumentó de 19.2 a 19.6 millones de nicaragüenses.
Según la nota oficial de la Cancillería del régimen notificando la huida de la FAO, esos datos “tienen como finalidad desprestigiar al Gobierno de Nicaragua y sus políticas de lucha contra la pobreza, desarrollo humano y seguridad alimentaria”. Y añade que “el uso de la información debe contar con el consentimiento previo y aprobación del Estado concernido, lo cual ha sido incumplido por la FAO”.
Sin embargo, el comunicado oficial del Gobierno no aclara si ha entregado la correspondiente información estadística a la FAO, y esta la falsificó, o si es que no la ha suministrado y el organismo internacional ha debido hacer sus propias investigaciones.
Una de las funciones de la FAO es precisamente hacer estudios y llevar estadísticas de la producción agrícola y la situación alimentaria en cada país miembro y el mundo, no solo para su propio aprovechamiento sino, y sobre todo, para que los gobiernos interesados elaboren “estrategias de desarrollo, tomar decisiones políticas o evaluar los avances en el sector agrícola”.
El anterior director general de la FAO, el brasileño José Graziano Silva, al entregar el cargo a su sucesor, el funcionario chino Qu Dongyu, declaró que la mayoría de los 75 países más pobres del mundo, miembros del organismo, no actualizan sus datos agrícolas y de sus problemas alimentarios, lo que significa un obstáculo para su propio desarrollo.
Por esa falta de responsabilidad una buena parte de los más de 240,000 millones de dólares que se invierten cada año en apoyo a la agricultura y la seguridad alimentaria en los países de ingreso bajo y medio, como es el caso de Nicaragua, se malogran porque a menudo se invierten o donan sin tener una base sólida de información.
Conociendo cómo funciona el régimen de Nicaragua, con opacidad, ocultamiento y manipulación de la información de interés público, podemos suponer que es uno de los que no entregan o no actualizan los datos nacionales a la FAO.
Pero en vez de cumplir su obligación se enoja y saca al país del organismo internacional, en perjuicio de los nicaragüenses más pobres y necesitados de los programas internacionales contra la pobreza y el hambre, que son crónicas en este infortunado pueblo que merece una mejor suerte.
