Al final del discurso que pronunció el lunes 3 de febrero en una cumbre extraordinaria en línea de los gobiernos que forman parte de la alianza regional antiestadounidense, denominada Alba, Daniel Ortega se proclamó solidario con los migrantes deportados de Estados Unidos (EE. UU.).
Pero fueron palabras vanas, porque no habló de crear algún programa gubernamental de acogida a los nicaragüenses que sufren la tragedia de la deportación, como lo están haciendo los gobiernos de otros países que afrontan el mismo problema.
Ortega habló de “respeto a los Derechos Humanos (y abogó para que) la Voluntad de Humanidad se establezca también en el Pueblo norteamericano y sobre todo en los Gobernantes norteamericanos”. Pidió que esos principios humanitarios se establezcan “también” en EE. UU., como si en Nicaragua fueran respetados.
La deportación masiva de los migrantes que está ejecutando el Gobierno de EE. UU. es deleznable. Pero no la de criminales comprobados y reconocidos, que son una ínfima minoría y está bien que los expulsen, sino la de la inmensa mayoría de los migrantes que son personas humildes pero trabajadoras y honradas. Gente que se ha visto obligada a emigrar porque en su propia tierra no encontró las condiciones indispensables para vivir con dignidad, libertad y seguridad personal y familiar.
Pero también es deleznable que el régimen de Nicaragua haya obligado a emigrar, inclusive por la fuerza y la represión, a una gran parte de la población nicaragüense. Y que a otros muchos compatriotas les niegue el derecho de volver a su país después de viajar por cualquier razón al extranjero.
Los migrantes nicaragüenses que entraron irregularmente en EE. UU., pero también muchos otros que llegaron legalmente gracias a programas migratorios humanitarios del gobierno estadounidense anterior, están atrapados en una situación cruel y angustiosa. Por un lado, porque las nuevas autoridades estadounidenses los tratan como si fueran escoria humana y por eso los expulsan, y por otra parte, porque el gobierno de su propio país después de obligarlos a emigrar ahora que los expulsan de EE. UU. no hace nada por recibirlos apropiadamente y ayudarlos a reinsertarse en su patria.
Se entiende que todas las personas tienen el derecho humano de emigrar de un lugar a otro del mundo. Pero no existe el derecho de entrar libremente a ningún país que no sea el propio. Se necesita para eso la debida autorización legal del país al que se quiere ingresar.
De manera que todo Estado tiene la potestad de sacar de su territorio a las personas extranjeras y sobre todo cuando se encuentran ilegalmente o cometen delitos de mayor o menor cuantía. No obstante, ninguno puede, o no debe, ejercer esa potestad de manera arbitraria y ultrajante a la dignidad humana. Debe respetar las normas fundamentales de protección a las personas que están consagradas por el derecho internacional, incluso cuando el Estado no sea suscriptor de los tratados de derechos humanos, ni se haya adherido a ellos.
Ahora bien, si el Estado que expulsa a los migrantes de su territorio tiene la obligación de respetarles sus derechos humanos, aún más la tienen los gobernantes de los países de donde los migrantes deportados son originarios.
Pero la gran tragedia de los migrantes nicaragüenses honrados y trabajadores, los que ya fueron deportados por el Gobierno de EE. UU., y todos los demás que seguirán, es doblemente dolorosa. Primero porque sus derechos humanos no son respetados por el gobierno prepotente e imperial de EE. UU., y en segundo lugar porque en su propio país son obligados a someterse a una despiadada dictadura.
