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A los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se les ha hecho larga la espera de que su nueva Constitución sandinista se publique en La Gaceta, diario oficial, lo que significaría su entrada en vigor. Desde el fin de semana, el régimen ha ordenado a los medios oficialistas incorporar en sus manuales editoriales la figura de “copresidentes”, contemplada en la nueva Constitución.
Durante la XII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), celebrada este lunes 3 de febrero, el dictador venezolano Nicolás Maduro presentó a Ortega y Murillo como “copresidentes”, aunque únicamente Ortega tomó la palabra.
Un abogado constitucionalista, consultado bajo condición de anonimato, señaló que esto evidencia la poca o nula legalidad del proceso de imposición de la nueva Constitución sandinista.
“Esta es una violación a la legalidad, porque el proceso está plagado de irregularidades. Es una Constitución completamente nula, y ellos ni siquiera acatan su propia ley. Están poniendo en práctica la nueva Constitución sin haberla publicado en La Gaceta”, aseveró.
Murillo desesperada por consolidar su poder
El especialista indicó que, durante el proceso, fue evidente la prisa de Murillo por lograr la aprobación de la nueva Constitución en el menor tiempo posible.
“Ella está desesperada porque impulsa una transición en la que el centro del poder pasa de Daniel Ortega a Rosario Murillo, y necesita que esto quede sustentado en la Constitución”, afirmó.
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Además, en cuanto al nombramiento de los vicepresidentes contemplados en la nueva Carta Magna, el experto sostuvo que “seguramente lo harán rápidamente y no dejarán pasar mucho tiempo. Aunque parece que aún están evaluando a quiénes nombrarán y qué funciones les asignarán. También buscan incluir en ese grupo a sus hijos junto con otras figuras de confianza”.
Wilfredo Navarro confirma que se trata de una nueva Constitución
El diputado sandinista Wilfredo Navarro ha sido uno de los funcionarios que han salido en defensa de la nueva Constitución, confirmando que no se trata de una reforma parcial a la Carta Magna, como lo ha intentado hacer ver la dictadura.
“La nueva Constitución de Nicaragua establece que los protagonistas de nuestra historia y de la gran patria latinoamericana y caribeña, evocados en el preámbulo, son un símbolo del orgullo y de la identidad de nuestro pueblo, siendo un legado imborrable de la lucha por la libertad de los pueblos”, escribió Navarro en su cuenta de X.
Con esta reforma, la dictadura pasa por encima del artículo 193 de la Constitución Política vigente, el cual establece que, ante una iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional debe fijar un plazo para la convocatoria de elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente y que la Asamblea Nacional actual mantendrá su mandato hasta la instalación de la nueva Constituyente.
“El régimen está imponiendo una nueva Constitución mediante un procedimiento inconstitucional, disfrazado de reforma parcial. Este tipo de cambio requiere una Asamblea Nacional Constituyente, no el procedimiento que están implementando”, advirtió otro especialista en derecho constitucional, también bajo condición de anonimato.
Ortega y Murillo amplían su mandato hasta el 10 de enero de 2028
La reforma constitucional fue aprobada definitivamente el jueves 30 de enero, con la incorporación de una moción que ordena ampliar en un año más el período de las autoridades electas en las votaciones presidenciales de 2021, municipales de 2022 y regionales de 2024.
“El período de las autoridades electas por el voto popular en las últimas elecciones generales, municipales y regionales deberá ampliarse para cumplir el período de seis años que establece la Constitución Política de Nicaragua”, señala la moción presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en el artículo decimocuarto de la reforma a la Carta Magna, dentro de las disposiciones finales.
La Constitución original establecía un período de cinco años para el presidente, los alcaldes y las autoridades regionales, pero la reforma extiende todos estos mandatos un año más.
Con esta reforma constitucional y la moción retroactiva, Ortega permanecerá oficialmente en la Presidencia hasta enero de 2028, cuando finaliza el nuevo período de seis años. En teoría, en ese momento debería entregar el poder a un nuevo gobierno tras las elecciones generales de noviembre de 2027.
