Los mensajes categóricos de Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone

El secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Marco Rubio, y el enviado especial del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, son los funcionarios más importantes y determinantes del nuevo gobierno estadounidense para sus relaciones con los países latinoamericanos y caribeños.

En el caso de Nicaragua, tanto Rubio como Claver-Carone han sido categóricos al condenar a la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La han culpado de violar todos los derechos humanos de los nicaragüenses, pero además la han acusado de facilitar el tránsito de la migración ilegal internacional hacia EE. UU. y de que por sus vínculos con Rusia y China es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Eso último no es nuevo. Ya en su primer gobierno Trump calificó a la dictadura de Nicaragua como una grave amenaza a la seguridad nacional de su país, y el gobierno del demócrata Joe Biden mantuvo la grave calificación.

En aquel período semejante declaración no tuvo consecuencias, pero ahora, en su segundo gobierno el presidente Trump ha venido con más fuerza y beligerancia a defender y promover todos lo que según considera son los intereses vitales de EE. UU. Y en ese plan Mauricio Claver-Carone ha declarado que a su gobierno no le interesa tener relaciones comerciales con la dictadura nicaragüense. Lo que no puede significar más que EE. UU. pretende sacar a Nicaragua del tratado regional de libre comercio DR-Cafta.

Nicaragua es el que más se ha beneficiado con el DR-Cafta, sobre todo en la relación comercial con EE. UU. que es el país socio al que más le vende y menos le compra. De manera que su balanza comercial es favorable.

Los economistas advierten que la exclusión de Nicaragua de dicho tratado tendría consecuencias catastróficas para todo el país. Sin duda que perjudicaría al régimen, porque los beneficios que le produce la relación comercial con EE. UU. no los podría compensar con los de sus aliados como China, que todavía son mínimos. Pero más que todo golpearía a los diversos sectores de la economía nacional, industrial y agropecuaria, arrojaría a la desocupación a centenares de miles de trabajadores y condenaría a una mayor pobreza a la población de menos y escasos recursos económicos. Y si se agrega la inevitable reducción de las remesas familiares provenientes de EE. UU., las perspectivas no podrían ser más desoladoras.

Algunos nicaragüenses opositores que viven y actúan en el exilio aplauden la probable exclusión de Nicaragua del DR-Cafta. Aseguran que en todo caso el culpable de esa desgracia sería la misma dictadura, que ha liquidado la libertad, la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses. Pero además ha facilitado el tránsito de migrantes ilegales hacia EE. UU., ha hecho alianzas militares y estratégicas con Rusia y China, y ataca sistemáticamente a las autoridades estadounidenses con su febril discurso antimperialista. Como lo volvió a hacer este lunes 3 de enero Daniel Ortega en una reunión de la alianza antiestadounidense Alba.

Esos opositores creen también que la exclusión de Nicaragua del DR-Cafta sería una fuerte presión política y económica para promover el cambio democrático en Nicaragua. Y que, aunque sería una medicina amarga para la población, sin embargo, serviría para curar el peor de todos los males que es la permanencia de la dictadura.

Pero no hay ninguna evidencia histórica que medidas como esa, que causan un enorme daño directo a la gente más indefensa que ya sufre el doloroso martirio de la dictadura, hayan ayudado realmente a su liberación.

En Nicaragua ni siquiera hay posibilidad de una negociación con EE. UU. para evitar o moderar sus represalias, como han hecho los gobiernos de Colombia y México, que son de izquierda, pero no extremistas ni irracionales como el nicaragüense.

De manera que lo único que podría evitar que EE. UU. excluyera a Nicaragua del DR-Cafta sería su propia voluntad de no hacerlo, o la oposición firme de los demás países socios de Centroamérica y República Dominicana. Pero esto, ante la poderosa presión del gobierno de Trump, es sumamente difícil que pudiera ocurrir.

Editorial
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