La dictadura Ortega-Murillo continúa aumentando las filas de su ejército de policías voluntarios. Entre el 15 y el 31 de enero, la Policía juramentó a 19,540 agentes voluntarios en nueve departamentos del país, mientras que, en el mismo período y zonas, solo incorporó a 3,786 policías permanentes. De esta manera, el número de policías voluntarios superó el de los 17,299 oficiales graduados que la institución proyectó tener en sus filas para 2025, así como los 17,349 registrados oficialmente en 2021, de acuerdo con los anuarios estadísticos de la institución.
Aunque la proyección de oficiales para 2025 que publicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sirve de referencia, la cantidad de efectivos puede variar a lo largo del año. No obstante, el régimen ya superó esa estimación.
La juramentación más reciente tuvo lugar en el departamento de Rivas el pasado 31 de enero, cuando el primer comisionado, Francisco Díaz, juramentó a 2,500 agentes voluntarios y 500 policías profesionales.
Durante la ceremonia, Díaz confirmó que los policías voluntarios ―a quienes especialistas y críticos califican como paramilitares― fueron responsables de ejecutar la represión que el régimen desató en 2018 contra las protestas antigubernamentales. Según Díaz, el «intento de golpe de Estado», como el régimen califica las protestas sociales, fue derrotado por «los buenos hijos e hijas de nuestra patria, por nuestra heroica policía voluntaria, la Policía Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional».
Voluntarios nunca habían superado a los permanentes
Un especialista consultado bajo condición de anonimato explicó a LA PRENSA que, aunque la Policía Voluntaria existe desde la década de los 80, nunca antes había superado en número a los agentes profesionales.
No obstante, señaló que históricamente la función de estos agentes voluntarios se concentraba en zonas rurales.
«Estos operaban principalmente en el campo, porque la distribución de fuerzas priorizaba las áreas urbanas y cabeceras departamentales, donde había mayor concentración de población y, por ende, una mayor incidencia delictiva», detalló el especialista.
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¿Mandarán policías voluntarios a Venezuela?
El especialista indicó que, aunque el gasto público en seguridad para el régimen ―en policías permanentes― ha aumentado constantemente desde 2019, la dictadura ha perdido capacidad de reclutamiento para graduar nuevos oficiales. Ante esta situación, ha recurrido a los agentes voluntarios para paliar el déficit de personal.
«Es posible que cada vez sean menos los jóvenes que aplican a las convocatorias para ingresar a la academia policial, aunque las cifras oficiales digan lo contrario», comentó.
También aseguró que no se puede descartar que el régimen envíe a estos agentes a Venezuela en caso de ser necesario.
El politólogo Félix Maradiaga señaló que la incorporación de agentes voluntarios es una medida para institucionalizar a los grupos paramilitares que actuaron como brazo represor de la dictadura a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
«Lejos de ser una estrategia de seguridad ciudadana, esta medida busca normalizar lo aberrante: la existencia de fanáticos armados al servicio de una dictadura, quienes cometieron asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves a los derechos humanos», refirió Maradiaga.
También expresó que con esta medida, la dictadura perpetúa la impunidad de quienes «ejecutaron su represión más sangrienta», a la vez que no descartó que la dictadura envíe policías voluntarios a Venezuela, en caso de que el régimen chavista lo requiera.
En agosto de 2024, el dictador Daniel Ortega ofreció enviar “combatientes sandinistas” para apoyar al Ejército de Venezuela en caso de que ocurra lo que denominó una “contrarrevolución armada”, luego de las elecciones del 28 de julio, en las que su homólogo venezolano se autoproclamó ganador.
¿Quiénes son los policías voluntarios?
El especialista consideró que esta situación puede deberse también a la migración de alrededor de un millón de nicaragüenses, principalmente jóvenes, así como a la deslegitimación de la institución.
Respecto al origen de los nuevos policías voluntarios, sostuvo que una gran parte de ellos son paramilitares. «Pero también hay sospechas de que se trate de trabajadores del Estado obligados a participar en los actos de juramentación y de reos comunes que han sido liberados en las olas de indultos».
«Creo que el régimen lleno de simbolismo, busca enviar un mensaje disuasivo más que presentar una fuerza real. Para hacer un análisis más objetivo, sería necesario contar con datos sobre la composición de los policías voluntarios, algo que hasta ahora es imposible», agregó el especialista.
León: el departamento con más policías voluntarios
El departamento con mayor cantidad de agentes voluntarios juramentados es León, con 3,600. Le siguen Chinandega con 3,536, Masaya y Rivas con 2,500 cada uno y Granada con 2,000.
En contraste, el departamento con menos agentes voluntarios es Madriz, con 1,204. Este fue además, el primero en iniciar las juramentaciones el 15 de enero de 2025.
Policía tendrá rango constitucional
Aunque la Policía Voluntaria se contempla en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), con la aprobación de la nueva constitución sandinista, esta figura se elevó a rango constitucional.
A pesar de que la nueva constitución aún no ha entrado en vigor ―pues no ha sido publicada en La Gaceta, diario oficial, tras su aprobación en segunda legislatura―, Díaz insiste en que la Policía ya cuenta con rango constitucional.
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La Ley 872 define la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional, conformado por ciudadanos nicaragüenses que prestan servicio de manera voluntaria y temporal.
El artículo 24 de esta ley les otorga derechos como avituallamiento, equipo de seguridad, ayuda económica o viáticos, defensor en juicios derivados del ejercicio de sus funciones e indemnización o pensión en caso de muerte o discapacidad durante el servicio.
El artículo 25 establece que los policías voluntarios deben portar uniforme y distintivos, aunque la ley no detalla sus características. También deben operar bajo la supervisión de un miembro de la Policía Nacional y limitarse a funciones de apoyo en tareas de prevención.
La Policía Voluntaria empezó a desarticularse en los años 2000
La desmovilización de la Policía Voluntaria comenzó en Managua en los años 2000 debido a abusos y delitos cometidos por estos agentes, según la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
Un artículo de LA PRENSA de 2010 recoge declaraciones de Granera en las que explica que un diagnóstico institucional realizado en 1999 determinó que el modelo de Policía Voluntaria estaba desfasado.
El 21 de agosto de 2010, LA PRENSA reportó que Granera reconoció la necesidad de revisar la actuación de estos agentes tras la muerte de una persona en una intervención policial en la que un policía voluntario hizo uso de su arma de fuego. Asimismo, en 2007, miembros de la familia Artola Delgadillo denunciaron torturas por parte de agentes voluntarios durante una captura en Nueva Guinea.
Desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, a la Policía Voluntaria se le vincula con los grupos paramilitares armados por el régimen Ortega-Murillo para reprimir manifestaciones.
