El profesor e investigador estadounidense Evan Ellis advirtió de los riesgos que supone la influencia e inversión china en Centroamérica y considera que es algo a lo que Estados Unidos debe poner atención.
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Ellis es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, con un enfoque en las relaciones de la región con China y otros actores no occidentales, así como el crimen organizado transnacional y el populismo en la región.
El investigador duda que megaproyectos como un canal interoceánico por Nicaragua se lleven a cabo, pero considera que «son opciones» que la República Popular China (RPC) puede manipular a favor de sus objetivos estratégicos.
«Aunque es dudoso que el canal se construya por completo, es el último de una creciente lista de proyectos que le dan al personal de la RPC libertad para operar ampliamente en Nicaragua con considerable libertad y poca supervisión externa», valoró Ellis.
«Estos complementan un crecimiento igualmente preocupante de personal y proyectos de la RPC en los vecinos El Salvador y Honduras que son de naturaleza política y estratégica, y que probablemente generarán más costos que valor para los países involucrados», agregó el académico.
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Ellis aseveró que incluso si la RPC no construyera un canal en pleno funcionamiento de 64.5 mil millones de dolores a través de Nicaragua, el proyecto prevé traer personal y equipos al país en condiciones poco transparentes.
«Es parte de un patrón más amplio de infraestructura estratégica de la RPC y otros proyectos en el país, la mayoría en las cercanías de la nueva ruta del canal propuesta. Estos incluyen la expansión de las capacidades del aeropuerto de Punta Huete, aprovechando una enorme pista construida por la Unión Soviética durante la Guerra Fría para recibir a sus bombarderos más grandes», dijo el académico.
EE. UU. y la región atentos
Ellis reconoció que no toda la inversión y presencia de la RPC en Centroamérica es una amenaza estratégica, pero dijo que le corresponde a la región, y a la administración entrante de Donald Trump en los Estados Unidos «considerar los peligros que plantea la creciente red de dinero, personal y proyectos logísticos estratégicos de la RPC en Nicaragua y otros regímenes vulnerables y no transparentes cada vez más cerca de los EE.UU., antes de que esa presencia se arraigue más y la RPC pueda explotarla en tiempos de conflicto».
En noviembre pasado, en el contexto de la 17ª Cumbre Empresarial Anual China-América Latina celebrada en Managua, el dictador Daniel Ortega anunció planes para un nuevo canal interoceánico, con el estudio de factibilidad inicial a cargo de la firma CAMC Engineering Co., con sede en China.

La nueva propuesta de un canal de Nicaragua, mucho más larga que la propuesta original, costaría alrededor de 64,500 millones de dólares y sería más largo, con unos 445 kilómetros.
Ve poco interés de China
Ellis dijo que el régimen de Ortega parece comprometido a autorizar algún tipo de nueva actividad significativa de construcción china en nombre de un canal.
Explicó que en el pasado, el régimen orteguista derogó oficialmente la autoridad de desarrollo otorgada a la compañía de Wang Jing, HKND, para la primera propuesta de canal, para despejar legalmente el camino para otorgar derechos a un sucesor. También nombraron a una empresa establecida con sede en la República Popular China, CAMC Engineering, para realizar el estudio de viabilidad.
«Dada la probable falta de interés serio por parte de los inversores occidentales, también es notable que para el nuevo canal, a diferencia del proyecto de canal de Wang Jing hace una década, el gobierno de Ortega tiene relaciones diplomáticas con la RPC», apuntó Ellis.
Sin embargo, el investigador señaló que «a raíz de los propios problemas económicos de China, y los problemas con la financiación de cientos de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura económicamente no rentables en otros lugares, es poco probable que la RPC financie la excavación de una zanja de 445 kilómetros de largo y 27 metros de profundidad a través de Nicaragua, a menos que tenga fuertes razones estratégicas para hacerlo y, preferiblemente, pueda garantizar que el gobierno de Ortega pague por sus esfuerzos».