El jurista internacional Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), dijo al medio Infobae que la nueva constitución aprobada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “es una sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales”.
Según Brody, “Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y afianzado su poder absoluto. Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con poder para suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a la llamada ‘policías voluntarios’ como tropas de choque”.
Por otra parte, en una declaración para LA PRENSA publicada este jueves 30 de enero, el mismo Reed Brody que también es experto en constituciones, asegura: “Aparte de las monarquías absolutas, no he visto una constitución que concentre tanto poder en manos del ejecutivo como la que ahora está siendo aprobada sin cuestionamientos por la Asamblea nicaragüense”.
En realidad, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua ya habían sido sentenciadas a muerte y hasta fusiladas por el régimen. Daniel Ortega lo comenzó a hacer desde 2007, primero de manera lenta y gradual, pero después de los sucesos de abril de 2018, cada vez con más radicalismo y velocidad. De manera que la nueva constitución totalitaria de la dictadura bicéfala de Ortega y Murillo no es exactamente la sentencia de muerte de la libertad, la democracia y los derechos fundamentales, sino el certificado formal o legal de su defunción.
De acuerdo con la doctrina jurídica del constitucionalismo, la nueva constitución del régimen de Nicaragua es una absoluta aberración porque en su elaboración y aprobación no se han respetado ni siquiera las reglas más elementales de la doctrina constituyente y del procedimiento constitucionalista.
El enciclopedista jurídico y maestro de juristas, Guillermo Cabanellas, enseña que el constitucionalismo no significa solo dictar o aprobar leyes fundamentales o cartas magnas. El constitucionalismo, dice, “exige que (las constituciones) estén inspiradas por una serie de principios que aseguren los valores cívicos de dignidad y libertad personales y de respeto para el orden jurídico general, además de las declaraciones de índole social”.
Sin embargo, según explica Cabanellas, el totalitarismo desvirtúa el constitucionalismo. Aunque los Estados totalitarios son parte de las Naciones Unidas y dicen reconocer los principios de los derechos humanos, en la realidad los atacan frontalmente. Y “los más taimados de los que dicen servirlos y los proclaman… los barrenan de fronteras para adentro”.
Por su parte, el enciclopedista de la política Rodrigo Borja señala que el totalitarismo desconstitucionaliza el Estado, restaura el absolutismo bajo nuevas formas, hace del ser humano “un esclavo del Estado o, más exactamente, de los grupos y personas que dicen encarnarlo”. Como “el pueblo presidente” que se proclama como doctrina oficial en Nicaragua.
Borja señala que “la afirmación del valor de la persona ante el Estado y la delimitación de su inviolable esfera de libertad, que fueron las mejores conquistas del constitucionalismo, son arrasadas por las máquinas totalitarias”.
Más claro es imposible decirlo y la amarga experiencia nicaragüense lo comprueba. Pero la aberración constitucional en Nicaragua no arruinará para siempre la vida de los nicaragüenses. En algún momento tendrá que haber en el país una nueva transición democrática, en la que se deberá derogar la constitución totalitaria y convocar a una asamblea constituyente que apruebe la nueva constitución decente y democrática que merece y necesita el pueblo nicaragüense.