Los partidos clientelistas de América Latina son el mellizo de los political machine estadounidenses de hace un siglo. Su mecánica es la misma y los resultados también. La manera en que lograron erradicarlos allá ofrece importantes lecciones para nuestra propia lucha contra la corrupción.
Especialmente en las ciudades estadounidenses, durante gran parte del siglo XIX y comienzos del XX, los partidos políticos reclutaban adherentes mediante el uso de incentivos tangibles: cargos, contratos, impunidad. Los puestos públicos se “alquilaban”; la renta era laborar —según fuera necesario— para promover los intereses de la red clientelista y sus cabecillas. Esto incluía proveer beneficios arbitrarios a los políticos, sus patrocinadores y sus militantes. Así, el control del flujo de clientelismo era el principal modo para ganar adeptos y promover la lealtad hacia los jefes de partido.
La injusticia y la corrupción abundaban. Los atropellos generados se registran dolorosamente en los libros de historia estadounidenses. Con todo esto, la corrupción nunca llegó a los niveles que se viven en América Latina. Esto se debió, por una parte, a que en esa época (al comienzo de la industrialización), el alcance del Estado era limitado y, por otra, a que distintas posiciones de poder, como fiscales y sheriffs, eran de elección popular. Este último caso abría la posibilidad a que el bienestar de estos funcionarios no dependiera de los políticos. No obstante, el control del que gozaban los partidos sobre la esfera sociopolítica (cargos, contratos, permisos, etc.) les facilitaba recompensar o amenazar a familiares y partidarios de cualquier funcionario, estableciendo una relación interesada entre supuestos contrapesos y oponentes. En América Latina todavía se sufren estos males.
A principios del siglo XX, el surgimiento de la industria y del sector financiero en los Estados Unidos, sumado a la migración de la población hacia las ciudades y a la expansión de la Administración, comenzaron a multiplicar las consecuencias nefastas de sus partidos clientelistas. Esto motivó la aparición de movimientos ciudadanos dispuestos a acabar con el problema.
En un principio, ninguna de las estrategias empleadas funcionó. Una de las más populares a lo largo de las décadas fue la elección de candidatos con discursos que pregonaban los valores y el bien. Sin embargo, una vez en el poder, estos se prestaban a las mismas prácticas partido-clientelistas que criticaban en primer lugar.
Otra estrategia fue tratar de corregir el rumbo político mediante transformaciones radicales, con lo que un nuevo grupo de patriotas “buenos” o “independientes” era apoyado en las urnas. No obstante, esto solo cambiaba los nombres de quienes figuraban como líderes políticos, sin alterar ninguna otra cosa; peor aún, usualmente estos grupos ganaban debido a sus bases populistas, lo que los motivaba a expandir el Estado y con ello las redes clientelistas y la corrupción.
Una tercera estrategia fue el uso de la rebelión armada para tumbar a una élite que se percibía como monopolizadora del poder, como fue, por ejemplo, el caso de la Batalla de Atenas (1946, EE. UU.). Esta estrategia compartió el mismo destino que la anterior.
¿Cómo lo resolvieron? A través de modificaciones en la estructura gubernamental para eliminar las herramientas que los políticos empleaban con el fin de comprar conciencias y votos. El éxito residió en experimentar para descubrir el instrumento más efectivo a la hora de eliminar algún conflicto de intereses o, cuando esto era inviable, fortalecer los frenos y contrapesos. Los cambios incluyeron que la gran mayoría de los servidores públicos fueran designados bajo la dirección de una comisión de notables civiles ex officio; que los jueces fueran nombrados por el presidente de una terna compuesta por un consejo civil y, luego, sometidos periódicamente a plebiscitos para mantener sus cargos; que los sheriffs y los fiscales fueran elegidos mediante elecciones no-partidistas; y un largo etcétera. Los resultados fueron transformadores en la actuación de los partidos, de los políticos y de los funcionarios.
Cabe destacar que los cincuenta estados tienen culturas muy diferentes en lo económico, lo político y lo social (se pueden comparar, por ejemplo, Alaska y Nueva York o Texas y Hawái). Sin embargo, prácticamente las mismas estructuras gubernamentales funcionan en cada uno de ellos porque estas responden a la naturaleza humana. Su desarrollo continúa en los cincuenta estados, cada uno experimentando, perfeccionando y copiando la fórmula que resulta más exitosa para solucionar los problemas.
La gran ventaja para los movimientos que buscan desarmar el clientelismo y la corrupción en América Latina es que ya existen soluciones comprobadas y compatibles con nuestros sistemas políticos. El desafío está en darlas a conocer y promover su adopción.
El autor es arquitecto. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
