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La imposición de una nueva Constitución sandinista ―mediante un proceso que especialistas en derecho constitucional califican como ilegítimo e improcedente― resulta incompatible con la participación de Nicaragua en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), señalaron especialistas consultados por LA PRENSA. Sin embargo, descartaron que el Sistema adopte medidas contra el rumbo antidemocrático que el régimen Ortega Murillo ha impuesto en el país.
Esta situación agrava la tensión ya existente en el SICA, originada por el impasse provocado por el régimen nicaragüense desde la renuncia de Werner Vargas como secretario general del Sistema en noviembre de 2023. Hasta el momento, ninguna de las nueve candidaturas presentadas por Nicaragua para ocupar ese cargo ha recibido el beneplácito de los demás países integrantes.
Los artículos del 1 al 6 del Protocolo de Tegucigalpa establecen principios fundamentales para los países miembros del SICA, como el respeto a la democracia y los derechos humanos. En particular, el artículo 3 define que el objetivo fundamental del Sistema es la integración de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, promoviendo el fortalecimiento de instituciones, gobiernos electos mediante sufragio universal, y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Además, se aboga por un régimen de libertad, el fortalecimiento del poder civil y un modelo de seguridad regional basado en un balance razonable de fuerzas.
El artículo 4 enfatiza el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y la libertad entre los países miembros, mientras que el artículo 6 prohíbe adoptar medidas unilaterales que pongan en peligro los principios fundamentales del Protocolo.
Dictadura hace lo contrario
A pesar de estos lineamientos, la nueva Constitución sandinista vulnera las bases democráticas del SICA, al otorgar poderes ilimitados a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre las medidas más críticas se incluyen la eliminación de los poderes del Estado, transformados en simples órganos subordinados, y el cambio de un Estado social de derecho a un «Estado revolucionario», suprimiendo el pluralismo político y las garantías de respeto a los derechos humanos.
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Poca probabilidad de suspensión de Nicaragua en el SICA
El exasesor de la Secretaría General del SICA, Carlos Manuel Echeverría, afirmó que aunque los países miembros tienen la facultad de excluir a Nicaragua del Sistema, es poco probable que esto ocurra. Señaló que el Protocolo de Tegucigalpa no contempla de manera explícita procedimientos para la expulsión o renuncia de un país miembro.
“Que los siete países restantes decidan suspender a uno o más miembros incumplidores lo veo muy difícil. Legalmente sería posible, pero sería como dispararse en el pie”, comentó Echeverría a LA PRENSA.
El especialista destacó que, a diferencia de organizaciones como la Unión Europea o la OEA, el SICA solo cuenta con ocho países miembros, lo que hace que la exclusión de uno de ellos sea más perjudicial que beneficiosa. “Suspender o romper el diálogo elimina la posibilidad de influir diplomáticamente, lo cual sería un error”, añadió.
Qué podría hacer el SICA
El artículo 35 del Protocolo estipula que las controversias sobre la aplicación o interpretación de sus disposiciones deben ser resueltas por la Corte Centroamericana de Justicia.
Sin embargo, el especialista en relaciones internacionales Sergio Araya explicó que Costa Rica no reconoce la jurisdicción de esta Corte, ya que en ocasiones anteriores el país ha señalado que está politizada y carece de funcionalidad, postura similar a la que mantiene respecto al Parlamento Centroamericano, del cual tampoco forma parte.
Tensiones futuras por el régimen totalitario
Araya advirtió que la consolidación de un estado totalitario en Nicaragua afectará gravemente el proceso de integración centroamericana, al cual describió como «conflictivo por naturaleza». Asimismo, señaló que esta situación generará mayor inestabilidad en la región, particularmente debido a la migración masiva de personas que huyen de las condiciones políticas y económicas adversas en Nicaragua.
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“El impacto de estas migraciones irregulares recae directamente en los países vecinos, que enfrentan una mayor presión para absorber a estas poblaciones, complicando la gobernanza regional”, puntualizó Araya. También alertó que un régimen autoritario compromete la seguridad regional y dificulta la cooperación frente a amenazas globales como el crimen organizado y el terrorismo, pilares fundamentales del SICA.
Un marco jurídico inaplicable
En entrevistas anteriores con LA PRENSA, el abogado especializado en derechos humanos Uriel Pineda señaló que el régimen Ortega Murillo probablemente no denunciará formalmente los tratados internacionales, pero implementará un marco jurídico que los haga inaplicables en la práctica.
“El régimen evita excluirse formalmente de los tratados para mantener una apariencia de compromiso internacional, aunque en la práctica no cumple con las obligaciones derivadas de estos acuerdos ni responde a las demandas de derechos humanos de la ciudadanía”, explicó Pineda.
Finalmente, recordó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que incluso si un país denuncia un tratado, sigue estando obligado a cumplir sus disposiciones mientras este siga vigente.
