Salario mínimo de Nicaragua está en revisión en medio de incertidumbre económica

Mientras en Estados Unidos avanza la investigación de la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés), sobre las violaciones a los derechos laborales, empresariales y humanos que denunciaron más de cien empresas, organizaciones y personas, y cuyo desenlace podría afectar el comercio, las inversiones y por ende la generación de empleo, en Nicaragua el Mitrab instaló la mesa de negociación del salario mínimo que determinará el ajuste salarial del 2025. Aunque las propuestas se conocerán a partir del próximo jueves, todo indica que el ajuste rondará el 7 por ciento.

Los salarios mínimos se pagan a diez sectores de la economía y actualmente rondan entre los 5,721.17 (sector agropecuario) y 12,803.47 córdobas mensuales (construcción, establecimientos financieros y seguros), por lo que el ajuste del 7 por ciento representaría un incremento de entre 400 y 897 córdobas mensuales. Dicho ajuste es insignificante en relación al incremento del valor de la canasta básica de 53 productos que en marzo de 2024 cuando se aplicó el ajuste anterior costaba 18,973.46 córdobas y en noviembre, que es el último dato reportado subió a 19,992.81 córdobas; alza que representa un incremento de 1,019 córdobas que no se compensan con un ajuste del 7 por ciento.

Según la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, la Comisión Nacional de Salario Mínimo la integran: los titulares del Ministerio del Trabajo (Mitrab) que la presiden, Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Banco Central de Nicaragua (BCN), un representante de cada una de las centrales y confederaciones sindicales nacionales, y un representante de cada una de las cámaras de empleadores con representación nacional.

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Ni las cámaras de empresarios sandinistas existen

Sin embargo, en Nicaragua no existen cámaras de empleadores. En 2021 el régimen Ortega Murillo canceló la personería y confiscó los bienes del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) que representaba a las mipymes en esa negociación.

En marzo del 2023, hizo lo mismo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que históricamente representó a la gran empresa privada y cuyas propuestas tenían gran peso; pero fue excluido de estas negociaciones desde 2019, tras la ruptura de su alianza con el régimen.

La ruptura de la gran empresa con Ortega fue tan grave que en 2021, tres de los principales directivos del Cosep se sumaron a la lista de presos políticos. El expresidente José Adán Aguerri, el presidente Michael Healy (q.e.p.d.) y el vicepresidente Álvaro Vargas estuvieron presos por casi dos años, hasta que en 2023 los desterraron a Estados Unidos en el llamado vuelo de la libertad que sacó de Nicaragua a 222 presos políticos.

Ni siquiera la Asociación de Promoción al Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni) sobrevivió. Esta organización integrada por empresarios sandinistas nació en 2019 con la intención de sustituir al Cosep, que tras el estallido de la crisis sociopolítica que aún persiste en el país rompió la alianza que mantuvo por varios años con Daniel Ortega. Sin embargo, en agosto del año pasado Aprodesni se convirtió en otra de las miles de organizaciones a las que el régimen Ortega Murillo les arrebató su personería jurídica y confiscó sus bienes.

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Ajuste al salario mínimo será de un dígito

Pese a la inexistencia de cámaras de empleadores la titular del Mitrab, Alba Luz Torres Briones, aseguró que en la sesión de instalación de la mesa de negociación del salario mínimo se acreditaron treinta representantes de organizaciones de trabajadores, empleadores y del Gobierno. Sin embargo, no mencionó a qué organización de empleadores se refería.

Durante la sesión de instalación de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, el Mitrab hizo una presentación sobre los salarios, la actividad económica y la canasta básica, en la que reflejó los indicadores económicos que toman en cuenta para negociar el porcentaje de ajuste. Además, convocó para la segunda sesión que se realizará el jueves 16 de enero, e instó a los participantes a presentar sus propuestas ese día.

“Definitivamente por los indicadores económicos, el ajuste al salario mínimo este año será de un solo dígito. Tenemos que la inflación fue de entre 3 y 3.5 por ciento y el crecimiento económico de entre 4 y 4.5 por ciento. Entonces si sumamos no da más de un dígito”, dice un dirigente sindical.

Según las más recientes proyecciones del Banco Central de Nicaragua (BCN) durante el 2024 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de entre 3.5 y 4.5 por ciento y la inflación de entre 3 y 4 por ciento. De usarse estos indicadores como referencia el ajuste tendría que ser de entre 6.5 y 8.5 por ciento.

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Según el oficialismo, ajuste sería de entre 7 y 8 %

Según esos indicadores el ajuste debería rondar entre el 7 y 8 por ciento, por lo que no se descarta que se opte por dejarlo en 7 por ciento para igualarlo con el que aplicaron a partir del 1 de enero de 2025 a los trabajadores del sector Zona Franca. Este aumento fue aprobado por la Comisión Tripartita de Zona Franca, implica un incremento de 613 córdobas al salario mínimo del sector que al cierre de 2024 era de 8,746.46 córdobas, por lo que con el ajuste anunciado se eleva a 9,359.46 córdobas.

Este salario mínimo se aplica a todo el sector de Zona Franca que incluye empresas de parques industriales, tabacaleras, call centers, empresas de confección, textilerías, fábricas de arneses, agroindustrias, camaroneras y otras actividades relacionadas.

Según la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, las negociaciones de la comisión no pueden durar más de dos meses calendario a partir de su instalación. Esto implica que el ajuste se hará a partir del 1 de marzo como ha ocurrido tradicionalmente.

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Negocian ajuste en medio de incertidumbre

Esta negociación arranca mientras el miércoles 8 de enero concluyó el plazo que estableció la USRT para que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, laborales y empresariales, que investiga en el caso que abrió el 10 de diciembre, presentaran sus quejas por escrito, petición a la que respondieron 147 empresas, organizaciones y personas, muy pocas defendiendo al régimen.

El paso de esa investigación ocurrirá el jueves 16 de enero cuando se realizará la audiencia pública que se extenderá hasta que presenten su testimonio todos los que solicitaron hacerlo. Además, a la medianoche del 23 de enero se vencerá el plazo para la refutación posterior a la audiencia.

Los especialistas han explicado que no existe un mecanismo para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (conocido como DR-Cafta), pero el resultado de esta investigación podría provocar que le impongan aranceles a algunos productos nicaragüenses. Esto los harían perder competitividad y los dejaría fuera del mercado estadounidense e incluso del DR-Cafta.

Tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, una sanción de este tipo sería catastrófica para las exportaciones y podría mandar al desempleo a miles de nicaragüenses, especialmente del sector Zona Franca, tal y como lo expresó el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés), considerado la voz de las empresas textiles de Estados Unidos.

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Salarios mínimos vigentes hasta que se aplique el ajuste del 2025