El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la emisión de bonos estatales por 22.2 millones de dólares en concepto de indemnización a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleos SA (DNP Petronic), por el traspaso de sus inventarios al Estado. Una nueva forma de robo al bolsillo de los nicaragüenses, que llevan años soportando los excesivos precios de los combustibles, un negocio que en su momento perteneció a la familia Ortega Murillo.
Analistas coinciden en que esto es parte de la corrupción de la familia Ortega Murillo, pues desde diciembre de 2019, DNP fue nacionalizada tras ser sancionada por Estados Unidos y señalada de “lavado de dinero”. La empresa de hidrocarburos estaba dirigida por Yadira Leets Marín, hoy ex esposa de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de la pareja presidencial. Leets Marín salió de Nicaragua con sus dos hijos biológicos a mediados de 2022, y su último paradero conocido fue Estados Unidos.
El pasado martes 17 de diciembre se publicó en La Gaceta el acuerdo ministerial 005-2024, en que el ministro de Hacienda, Bruno Gallardo, autoriza que se “incorpore y registre como deuda pública interna del Estado de la República de Nicaragua la cantidad de veintidós millones doscientos treinta y siete mil ciento veintiún dólares (USD 22,237,121.00)”.
Estos bonos se emitirán en un plazo de tres años, con una tasa de interés anual del 4.17 por ciento, a partir de su fecha de emisión y serán pagados en dólares.
Para el economista Enrique Sáenz, el pago de estos bonos “se trata de un acto mafioso más de la familia en el poder”, mientras que, a criterio de un abogado que solicita anonimato, esto representa “una estafa más” por parte de la dictadura. “Además de nacionalizar una empresa sancionada, ahora hay que pagarle por eso. Es una estafa para todos los nicaragüenses, sin duda”, valora.
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Sáenz, por su parte, señala que “la mafia en el poder pretende normalizar la confusión entre los intereses privados de la familia y los intereses públicos, convirtiendo al Estado en un instrumento para seguir cometiendo fraudes y asegurándose impunidad”.
De empresa pública a administrada por la familia Ortega Murillo
DNP fue fundada por el consorcio extranjero Glencore en 1999. El gobierno de Arnoldo Alemán le otorgó una concesión para la distribución de combustible por diez años, y en 2009, el gobierno de Ortega no renovó la concesión. En lugar de eso, asumió las funciones de DNP apoyado en la cooperación venezolana.
Tanto DNP como la red de gasolineras quedaron a cargo de miembros de la familia presidencial. Rafael Ortega Murillo estaba al frente de Inversiones Zanzíbar, sancionada en 2019, mientras que su esposa Yadira Leets estaba a cargo de las operaciones de DNP.
Después de las sanciones de Estados Unidos, las estaciones de servicio de DNP cambiaron sus nombres y sus marcas, y fueron reabriendo al público gradualmente. Ese mismo año, el régimen nacionalizó DNP con la aprobación de la Ley 1013, Ley de aseguramiento soberana y garantía de suministro de combustibles, con la que se declaró que todos los inventarios de la empresa eran “de seguridad soberana y de interés nacional”.
También quedó establecido que los inventarios serían operados y administrados por las instituciones o empresas que el Estado designe a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Para entonces, DNP tenía una red de 69 estaciones de servicios en todo el país y manejaba el 30 % de las importaciones de productos derivados del petróleo.
“Esa fue una artimaña jurídica para garantizar que DNP pudiera seguir funcionando al margen de las sanciones aplicadas por Estados Unidos”, explica el abogado.
El acuerdo ministerial publicado recientemente indica que el pago de la indemnización de más de 22 millones de dólares se basa en un dictamen legal de la Procuraduría General de la República (PGR), con fecha del 8 de octubre de 2024, en el que se resuelve que la entrega de los inventarios de DNP, al momento de ser nacionalizada, generó “una obligación de pago” por parte del Estado.
El economista Sáenz explica que “con DNP, que era propiedad del Estado, de repente por arte de magia mafiosa, Ortega la convirtió en empresa privada, propiedad de su familia, bajo la administración de uno de sus hijos. Desde ahí exprimieron los bolsillos de los nicaragüenses, empresarios y consumidores, imponiendo sobreprecios al combustible”.
“Ahora transforman la empresa de nuevo como propiedad estatal, otra vez de manera fraudulenta, pues se autorrecetan un pago de 22 millones de dólares. Mientras pregonan la cordobización y obligan a la población a realizar transacciones en córdobas, ellos, sin empacho alguno, anotan en el acuerdo ministerial que el pago se realizará en dólares de los Estados Unidos de América”, detalla el especialista.
Sobreprecios, otro robo de la dictadura
De igual manera, la dictadura tiene más de dos años ejecutando un robo a los nicaragüenses aprovechándose del sobreprecio de los combustibles. “Centenares de millones de dólares se echaron a la bolsa con ese negocio”, comenta Sáenz.
En abril de 2022, el régimen congeló los precios de los combustibles en medio de un alza que elevó por encima de cien dólares el precio del barril de petróleo, sin embargo, desde finales de ese mismo año, el crudo comenzó a bajar y ahora vale menos de 80 dólares.
En lugar de trasladar esa baja al precio de los consumidores, el régimen se ha quedado con unos 236 millones de dólares generados por el sobreprecio, que es el margen entre el precio de compra y el de venta.
Inicialmente se especuló que este “margen” se utilizaría para pagar el préstamo de 200 millones de dólares que en 2022 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorgó para cubrir el subsidio que se destinó a los combustibles cuando el precio del West Texas Intermediate (WTI), que es el de referencia para Nicaragua, se disparó.
Pero con el abaratamiento del crudo no fue necesario usar todo el crédito, solo se usaron 85.80 millones de dólares, y aunque con el margen ya se habría cancelado tres veces ese monto, a la fecha solo se han pagado 20 millones de dólares.
Otros que se han beneficiado de los sobreprecios, además del régimen, son las empresas privadas que se dedican al mercado de hidrocarburos.
