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El régimen Ortega-Murillo ha consumado la confiscación de al menos 19 edificios propiedad de la Iglesia católica, entre 2019 y diciembre de 2024, según la sexta entrega del informe Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?, de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, presentado este viernes 20 de diciembre.
Según el informe, el régimen ha cerrado cuatro universidades, dos institutos, 24 medios de comunicación y 44 organizaciones sin fines de lucro —todos vinculados a la Iglesia— desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Molina no descarta que en las próximas semanas el régimen consume la confiscación de más propiedades de la Iglesia católica.
«Recientemente, la dictadura sandinista canceló 1,500 organizaciones sin fines de lucro y ordenó a la Procuraduría que todas las propiedades fueran traspasadas al Estado. Entonces, se espera que dentro de esas 1,500 también haya 46 de índole religiosa católica, por lo que esas propiedades serán confiscadas en las próximas semanas», afirmó Molina.
El lunes 19 de agosto, el Ministerio del Interior canceló 1,500 organizaciones sin fines de lucro, el mayor número de cancelaciones en un solo acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta, incluyendo varias pertenecientes a la Iglesia católica.
177 ataques en 2024
En la sexta entrega del informe se registraron 971 ataques contra la Iglesia católica, 101 más que en el informe anterior, en el cual se documentaron 870 agresiones.
Del total de hostilidades, 321 se registraron en 2023 y 177 en 2024. Molina señaló que la disminución de ataques registrados este año se debe al temor de los religiosos y laicos a denunciar.
“Podríamos pensar que la dictadura disminuyó los ataques, pero no es así. Lo que hay es miedo y terror por parte de los clérigos y laicos que no quieren denunciar las hostilidades. No se están reportando las agresiones por temor a represalias”, explicó Molina.
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Según el informe, entre abril de 2018 y diciembre de 2024, 266 religiosos han dejado de ejercer su misión pastoral en Nicaragua. De estos, 167 son sacerdotes y 99 son religiosas (monjas).
Del total, 51 han sido desterrados, 96 expulsados, a 48 se les prohibió el ingreso al país y 71 se han exiliado.
Además, la dictadura prohibió al menos 11,763 actividades de piedad popular entre 2019 y diciembre de 2024, según expone el informe.
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Destierro de monseñor Carlos Herrera
El pasado 13 de noviembre, el obispo Carlos Herrera, de 75 años, fue desterrado a Guatemala por la dictadura nicaragüense, según revelaron fuentes a LA PRENSA bajo condición de anonimato por temor a represalias. La expulsión ocurrió tres días después de que Herrera denunciara públicamente al alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, por interrumpir misas con música a alto volumen, una acción que calificó como sacrilegio.
De acuerdo con las fuentes, Herrera y su asistente, Emily Silva, habían asistido a una reunión en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en Managua, en la que también participó el cardenal Leopoldo Brenes, quien estuvo bajo una escolta policial inusualmente reforzada. A su regreso a Jinotega, dos patrullas y tres camionetas interceptaron al obispo. Los agentes lo bajaron violentamente de su vehículo y lo trasladaron al Distrito Tres de la Policía, donde estuvo detenido más de cinco horas.
