La dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior, canceló este lunes 19 de agosto 1,500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), el mayor número de cancelaciones en un solo acuerdo ministerial por medio del diario oficial La Gaceta.
Esto ocurre cuatro días después de que el régimen Ortega Murillo anunció una nueva forma de trabajar con las ONG y les ordenó hacer “alianzas” con instituciones estatales, lo que para los críticos significa otro paso más para el control total del trabajo de las organizaciones civiles en Nicaragua.
El Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL indica que los 1,500 organismos cancelados —en su mayoría organizaciones religiosas— han incumplido sus obligaciones, entre estas: no reportaron por período entre uno hasta 35 años sus estados financieros conforme período fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas.
También supuestamente no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose a los directivos que los administraban y las ejecuciones de sus proyectos, si fue acorde a sus objetivos y fines.
Estas 1,500 cancelaciones se suman a otras 3,600 ONG que han sido canceladas gradualmente desde 2018, según el conteo de organizaciones civiles nicaragüenses que funcionan en el exilio. En el pasado, el régimen Ortega Murillo reportó oficialmente ante organizaciones internacionales que el país contaba con más de 7,200 ONG, lo que significa que actualmente hay menos de 2,000 organismos debido a estas cancelaciones.
El investigador y ambientalista Amaru Ruiz, quien lleva un conteo de las ONG canceladas desde 2018, sugiere que actualmente solo quedarían unas 2,000 ONG activas.
678 ONG religiosas canceladas
Entre las ONG canceladas hay 678 asociaciones religiosas de confesión católica y evangélica, entre las que se suman la cancelación de Cáritas de Granada. Fueron canceladas organizaciones de las iglesias Betel, Bautista, Ríos de Agua Viva, Príncipe de Paz, entre las más reconocidas.
El resto de ONG son de diferentes razones sociales, entre estas asociaciones de indígenas, educativas, deportivas, de hípicas, de excombatientes de la Resistencia, de mártires, jubilados del Ejército, asociaciones de Policías, entre otras.
Desde 2018 el régimen ha ido exterminando a las ONG que se encargaban de labores sociales en el país y que tenían proyectos en lugares remotos donde incluso ni el Estado llega. La guillotina dictatorial ha acabado con organismos dedicados a temas de educación, salud, género, promoción de la no violencia, etc. y se ha ensañado con asociaciones religiosas —especialmente católicas— que hacían labores sociales en municipios.