Aquel 2 de marzo de 2018 todo parecía igual, un día más de rutina para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Se alistó y se dirigió al batallón 312 o Grupo de Caballería Motorizada “General de Brigada Juan Pablo Ayala”, del que era su comandante y que se ubicaba en Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más reconocidas de la ciudad de Caracas y de Venezuela.
Marín gozaba del respeto de todos sus superiores, compañeros y subalternos debido a su prestigiosa carrera militar. Sin embargo, ese mismo día todo cambió, cuando efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo arrestaron. En un comienzo, los oficiales de su batallón se opusieron a su detención, pero él les habló para tranquilizarlos antes de ser llevado.
Durante siete días la familia no tuvo conocimiento de su paradero y Marín no pudo contactar a su abogado. Su hermana, Ignell Marín, relató a LA PRENSA que durante ese tiempo él denunció que fue víctima de torturas que incluyeron golpes en la cabeza, esposamiento en posiciones antinaturales, encapuchamiento, asfixia con gas lacrimógeno, amenazas a sus familiares cercanos, entre otras.
Marín forma parte de los 1,903 presos políticos que la organización Foro Penal registra hasta el 25 de noviembre de 2024. De estos, 162 son militares, 245 mujeres y 42 adolescentes.
Apasionado de las letras, la música y la fotografía
Igbert José Marín Chaparro nació en Maracay, estado de Aragua, Venezuela, el 25 de septiembre de 1978. Desde muy niño mostró su vocación militar y su hermana, Ignell, recuerda que él jugaba en los pasillos de la casa con batallones de soldados.
Su hermana lo describe como una persona a la que le encanta leer libros; deportista, apasionado de la música y la fotografía; con talento para la escritura de historias y poesía; y un talentoso dibujante. Además, lo describe como “un gran padre, que ama profundamente a sus dos hijos”.
“Para mí, Igbert es la resiliencia personificada, un gran ejemplo de lucha, perseverancia y amor a la patria”, expresa.
Se destacó como militar
Marín es reconocido como un militar de alto nivel académico. Durante sus estudios se convirtió en el alférez mayor (cadete en último año en la escuela militar) con el más alto promedio académico en Venezuela. En 1999 egresó como licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de su país.
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Posteriormente lideró las unidades de tropa y también se desempeñaba como docente de posgrado en la especialización en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela, de la que se graduó con honores, al igual que de la especialización en Gerencia Pública que cursó en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, se encontraba cursando un doctorado en Ciencias Políticas por la ya referida Universidad Central de Venezuela y una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional del Caribe.
Comentarios le costaron la cárcel
El 9 de marzo de 2018 fue presentado en los tribunales y fue imputado por los delitos de «traición a la patria», «instigación a la rebelión» y «delitos contra el decoro militar». La Fiscalía venezolana sustentó esas acusaciones en reuniones en febrero de ese mismo año realizadas en el batallón y con varios compañeros de promoción donde discutieron sobre las pésimas condiciones de alimentación, equipamiento, la escasez generalizada y la profunda crisis económica e institucional del país con el régimen de Nicolás Maduro al frente.
La Fiscalía alegó que cuatro de ellos grabaron un video «llamando a la desobediencia» a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque nunca presentó el supuesto video como prueba. Según relata Ignell Marín, la acusación se basó en la denuncia de un testigo cuyas declaraciones contenían graves contradicciones y se sustentó únicamente en presunciones y sospechas. A pesar de la falta de pruebas contundentes que respaldaran las acusaciones de la Fiscalía, las autoridades lo condenaron a siete años y seis meses de prisión por el presunto delito de “instigación a la rebelión”.
Torturado y vigilado con cámaras y micrófonos
Según relata su hermana, Marín estuvo detenido en la DGCIM en Boleíta, Caracas, a pesar de que la sentencia del Juzgado Militar Primero de Juicio ordenó el cumplimiento de la condena en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, sentencia que fue ratificada en segunda instancia y en casación.
El 1 de enero de 2020, las autoridades trasladaron a la persona a la «Casa de los Sueños», ubicada en la misma sede de la DGCIM. Este sector consta de un conjunto de celdas de 2.5 x 2.5 metros cada una, sin las condiciones mínimas de salubridad ni respeto por la dignidad humana. El ambiente es claustrofóbico, con cámaras y micrófonos activos las 24 horas, totalmente privado de ventilación, luz natural y demás requisitos básicos de habitabilidad. Además, los privados de libertad inhalan constantemente el monóxido de carbono proveniente de vehículos estacionados en el área contigua a esos sótanos.
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Ignell Marín señala que, durante su cautiverio, su hermano ha sufrido diversas patologías que no han sido atendidas por médicos: fibrosis pulmonar a causa de tres contagios por covid-19, hernia inguinal, hernia umbilical, varicocele, epididimitis testicular (inflamación del conducto en espiral llamado epidídimo en la parte posterior del testículo), fotosensibilidad, pérdida de la visión en su ojo izquierdo, hipertensión arterial, entre otras no menos graves.
Huelgas de hambre
En prisión, Igbert Marín realizó dos huelgas de hambre en menos de un año de 17 y 67 días respectivamente, exigiendo respeto a sus derechos humanos.
“El lunes 19 de febrero de 2024 nos enteramos que trasladaron a mi hermano junto a otros detenidos al anexo de máxima seguridad del Internado Judicial de El Rodeo I, ubicado en las afueras de la ciudad de Guatire, estado Miranda. Desde entonces se encuentra en este centro de reclusión”, relata su hermana, quien hizo hincapié en las malas condiciones de dicho centro.
Actualmente, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a las solicitudes de sus abogados para que Marín termine su condena en libertad condicional, debido a que así lo permite la legislación de ese país al cumplir las tres cuartas partes de la condena el 24 de octubre de 2023.
Audiencia sorpresa a Igbert Marín
El 1 de febrero de este año se efectuó una audiencia sorpresiva, en la misma sede de la DGCIM, con la imposición de un defensor público, negándole, pese a su solicitud, la presencia de sus abogados de confianza. En esa audiencia lo acusaron de participar en el caso conocido como “La Viñeta”, valiéndose de evidencias falsas y amañadas.
“Fue imputado por nuevos delitos con penas de hasta 30 años de prisión y en la actualidad estamos a la espera de la apertura de juicio. Hasta la fecha el Tribunal no le ha permitido designar a sus abogados de confianza, violando su derecho a la defensa”, cuenta Ignell Marín, señalando que esto retrasaría su salida de prisión, prevista para septiembre de 2025.
Ignell Marín expresó que añora darle un abrazo a su hermano, pero que un frío vidrio y una reja los separan en las cortas visitas de 20 minutos “que se sienten eternamente insuficientes” y que la última vez que lo vio fue el pasado 17 de febrero.
“Nos duele profundamente no poder tocarlo, y eso ha afectado emocionalmente a nuestros padres. Aunque nos han robado tantos momentos y memorias que guardar, jamás podrán arrebatarnos la esperanza de volver a verlo detrás de su cámara, creando y compartiendo su arte con nosotros”, dice Ignell.
