Los presos se enteraron de que José Ricardo Cortez había quedado ciego y comenzaron a robarle su comida. Sin embargo, esta situación no duró mucho, ya que otros privados de libertad, en un acto de humanidad, decidieron defenderlo, alimentarlo y cuidarlo al ver que no podía valerse por sí mismo.
Cortez es uno de los 46 presos políticos que el régimen Ortega-Murillo mantiene en prisión, según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. A sus 71 años, ha pasado la última década tras las rejas. Es también uno de los 10 reos de conciencia encarcelados antes de la crisis sociopolítica de 2018. Inicialmente estuvo recluido en los calabozos de la prisión más temida de Nicaragua: el antiguo Chipote, un centro de detención en Managua perteneciente a la Dirección de Auxilio Judicial.
Fue acusado y condenado a 133 años de prisión como uno de los supuestos “autores intelectuales” de la masacre del 19 de julio de 2014, un ataque armado contra una caravana de autobuses que regresaban de la celebración del aniversario de la Revolución sandinista. En el ataque murieron cinco personas y más de 18 resultaron heridas.
El mayor de los acusados
De los 12 acusados de participar en la masacre, José Ricardo Cortez Dávila es el mayor. Nació el 9 de agosto de 1953 en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa. A pesar de que su familia mantiene vínculos cercanos con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y de que está ciego y gravemente enfermo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha permitido que sea transferido al régimen de casa por cárcel, lo que dificulta conocer su estado actual.
Antes de dedicarse al comercio, José Ricardo Cortez fue miembro de la Resistencia Nicaragüense (la Contra) en su juventud. Muchos de sus antiguos compañeros dudan de su participación en la masacre del 19 de julio de 2014.
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“Tanto el Ejército como la Policía, desde que dejamos las armas, nos han perseguido a los miembros de la Contra. Nos han ido cazando como animales, poco a poco. Si no te matan es posible que quedés preso”, narró vía telefónica desde el exilio un excombatiente de la Contra.
Acusado
Hace una década, Aminta Granera, entonces primera comisionada de la Policía orteguista, aseguró que el caso del ataque a las caravanas sandinistas estaba resuelto “en tiempo récord”. La institución detuvo a José Cortez el 25 de julio de 2014 y fue señalado como el principal autor intelectual en una presentación de casi dos horas realizada por la Policía en agosto de ese año.
“El 24 de julio Leonel Poveda y Pablo Martínez contactan a José Ricardo Cortez, alias ‘Cobra’ para que los ayude a ocultarse y les dice que ellos fueron los que hicieron los ataques de la caravana del 19 de julio. Se reúnen y los traslada a una casa en San Isidro”, dijo Granera para dar paso al video donde se ve a Cortez.
En la grabación que dura menos de dos minutos, está sentado en una silla de cuero y vestido de civil. Está algo tenso, pero a diferencia de los demás acusados, él está en una oficina hablando a la cámara. En esta supuesta confesión nunca estuvo presente su abogado.
A los demás acusados en cambio, los llevaron al lugar donde se registraron los ataques.
Cortez, en un primer momento, parece que actuara como testigo, como alguien que colaboró con las investigaciones, pero finalmente, la Policía lo presentó como uno de los cerebros tras el ataque. Él negó estar en el lugar de los disparos y la comisionada Aminta Granera no presentó pruebas para contradecirlo.
También lo señalaron de tener antecedentes delictivos por homicidio, pero no se detalla si fue acusado, juzgado y condenado. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) sostiene que hasta la fecha no se tiene certeza de estas acusaciones.
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La oscuridad
Cortez pasó 11 meses en las oscuras celdas del Chipote, aislado, sin derecho a recibir información, en ropa interior, durmiendo sin sábanas y sin poder usar ni siquiera una toalla. Tras un juicio lleno de irregularidades, la dictadura lo condenó a 133 años de cárcel, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con la masacre.
Finalmente, fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y encerrado en el área de máxima seguridad conocido como “la 300”.
Desde antes de entrar a prisión, José Ricardo Cortez ya sufría de diabetes y en la cárcel nunca fue atendido por un médico, por lo que poco a poco su salud fue empeorando.
En silencio y completamente solo en prisión, perdió la vista. Los guardias que le llevaban la comida notaron que ya ni siquiera podía comer por sí mismo.
Las autoridades del Sistema Penitenciario, en lugar de trasladarlo a un médico, decidieron simplemente llevarlo a las galerías con los demás presos.
Entró a la celda llena de reclusos. Estaba más canoso, flaco, sin visión y consumido por los años de aislamiento y malos tratos.
“Tenemos conocimiento que, por los niveles de humildad de su familia, los carceleros lo maltratan. Constantemente le reciben con retrasos los alimentos que su familia puede llevarle”, asegura el GREX.
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Paradójicamente, ahora que está entre los presos comunes, la información sobre su estado es más escasa.
“Cuando estaba en la 300 había más detalles sobre él, porque los familiares de los otros presos políticos sacaban la información, pero ahora entre los presos comunes hay menos contactos”, sostiene un excarcelado político que se ha interesado en su caso desde que lo conoció en la prisión.
LA PRENSA intentó comunicarse con su familia en múltiples ocasiones, pero las llamadas no fueron respondidas. También se intentó contactar a un amigo que lo visita regularmente, pero tampoco fue posible.