Los casos de abuso sexual y violaciones en Nicaragua cerrarán 2024 con un evidente aumento en comparación con el año pasado. La Policía Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reveló que han resuelto 1,323 casos de violación y abuso sexual entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de este año.
Además, detalló que parte de la resolución de estos casos —en el período de referencia— dejó la captura de 429 violadores y 395 abusadores sexuales.
La cifra de casos resueltos en lo que va de 2024 muestra un aumento de 39 casos de violación y abuso sexual, tomando en cuenta que en 2023 la Policía documentó 1,284 delitos de este tipo, según los “resultados del trabajo policial en materia de Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial y el enfrentamiento al Crimen Organizado y Narcotráfico” que divulgó la institución en la revista Visión Policial de diciembre de 2023.
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La violación, en 2023, según la institución fue el segundo delito de «mayor peligrosidad» con más prevalencia en el país. Explicaron que en ese año ocurrieron a nivel nacional 3,634 delitos de mayor peligrosidad y encabezaron la lista los robos con intimidación (2,495) y las violaciones (1,284). También, registraron casos de muertes homicidas (407) y secuestros extorsivos (6).
Ocurrencia de abuso y violación «es mucho mayor»
Una especialista en Sociología, bajo condición de anonimato, señaló a LA PRENSA que lo primero que se debe cuestionar en Nicaragua es qué significa «resolver para la Policía. ¿Es cerrar el caso porque llegaron a mediación y ya se resolvió? ¿Qué significa ‘resolver’? ¿Pasó la causa a Fiscalía? Yo estoy clara de que su rol termina después de que concluye una investigación, y esa causa puede pasar a Fiscalía con todos los elementos que tiene la Policía. Pero, ¿qué significa para ellos que un caso esté ‘resuelto’?»
«Cuando hablamos de 1,323 casos no lo entiendo mucho, porque, cuando hemos visto ese número o el de 2023, que también es de mil y pico, y comparamos con los datos del Instituto de Medicina Legal, ocurre que han recibido muchos más casos. La mayoría de las causas por violencia sexual en los peritajes que recibe ese Instituto provienen de la Policía, y la cifra del Instituto de Medicina Legal duplica la cantidad de denuncias y casos resueltos que reporta la Policía», cuestionó la especialista, quien sigue de cerca la ocurrencia de delitos vinculados a abusos y violaciones sexuales.
El Instituto de Medicina Legal (IML) en 2023 realizó 5,271 peritajes vinculados a casos de violaciones sexuales, según una revisión realizada por LA PRENSA a los boletines mensuales que ese instituto divulgó. En lo que va de este año, el IML no ha divulgado en su sitio web ningún boletín relacionado con las atenciones que ha brindado.
La socióloga valoró que la cantidad que se reporta desde la institución policial «es irrisoria con la ocurrencia real del abuso sexual, y esto debería preocuparnos más bien, porque significa que las personas no están llegando a denunciar. Si comparamos estos números con los que había en 2012, ya estábamos claras de que esas no eran las cifras de ocurrencia reales, pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando para que estén bajando los números? ¿Es que ha bajado el abuso? No, no ha bajado, se ha incrementado».
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También, calificó de «irrisoria» la cifra de violadores y abusadores sexuales que fueron capturados en lo que va de 2024, resaltando que la cifra ni siquiera llega a los 800 detenidos, cuando la misma institución asegura que resolvió más de 1,300 de estos casos.
«En relación con la ocurrencia real, esa cantidad de capturas es un abismo respecto a lo que realmente se necesita para resolver o atender el problema. Esto no significa que haya justicia; significa que prevalece la impunidad», señaló la experta.
Penas por violación y abuso sexual
El Código Penal de Nicaragua en su artículo 167 establece que una violación se comete cuando se tiene «acceso carnal o se introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con fines sexuales, por vía vaginal, anal o bucal, usando la fuerza, violencia o intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido». Además, impone para este delito una pena que va desde ocho hasta 12 años de prisión.
Dicha legislación, en los artículos 168 y 169, también establece penas de entre 12 y 15 años de prisión para quienes cometen violaciones a menores de 14 años y violaciones agravadas.
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El abuso sexual, en el artículo 172, se establece que es cometido cuando se realizan «actos lascivos o lúbricos, tocamientos en otra persona, sin su consentimiento, u la obligue a que lo realice, haciendo uso de la fuerza, intimidación o cualquier otro medio que prive de voluntad, razón o sentido o aprovechando su estado de incapacidad para resistir, sin llegar al acceso carnal u otras conductas previstas en el delito de violación, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años».
La socióloga afirma que, aunque haya instrumentos legales para aplicar a quienes cometen estos delitos, en el país «lo que se necesita, primero que nada, voluntad para resolver la situación en las instancias policiales y judiciales».
«Las instituciones tienen un rol determinante en esto. Deben cambiar su actitud y reconocer la necesidad de fortalecerse en términos técnicos, prácticos y científicos sobre lo que significa atender este problema. Las instituciones tienen que asumir más responsabilidad en hacer justicia, no solo en el ámbito judicial, sino también realizando acciones que aborden el problema desde la educación y en la salud», culminó.
