Hace pocos días el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo préstamo para el régimen Ortega Murillo y la agencia S&P Global Ratings elevó la calificación de la deuda de Nicaragua de B a B+ con Perspectiva Estable. Además, estamos a las puertas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haga la revisión del Artículo IV para el 2024.
Cabe destacar que el informe final del Artículo IV de 2023 presentado en enero de este año por el equipo liderado por Alina Carare, fue como una versión moderna del cuento Alicia en el país de las maravillas, que como en la famosa novela del género del Sinsentido de Charles Lutwidge, nos presenta una visión alejada y hasta se podría decir fantasiosa de la realidad nicaragüense.
Fue lamentable que esa declaración enunciara que “podría haber sorpresas positivas”, porque el crecimiento real del PIB podría ser superior al calculado debido, entre otras razones, “a una entrada de remesas más fuerte de lo previsto”.
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El crecimiento de las remesas se fundamenta en el sacrificio de las familias y no en el buen actuar del régimen. En seis años han salido más de 800 mil nicaragüenses que equivalen aproximadamente al 12 por ciento de la población. Entre 2010 y 2017 migraron alrededor de 47 mil nicaragüenses, por lo que el total que migró desde 2018 es 18 veces mayor que el de los siete años anteriores. De hecho, en los últimos seis años salió 40 por ciento más de la población que en toda la historia del país.
IFI y agencias calificadoras conocen la realidad
¿Cómo se puede celebrar el crecimiento económico a costa de un mayor dolor para las familias que tienen que separarse? ¿Cómo se puede vender esto de manera positiva y ocultar la demolición del Estado de derecho? ¿Por qué el FMI, el BCIE o las agencias calificadoras de riesgo ignoran esta realidad?
Los miembros de la misión del FMI saben que, si el flujo de remesas se hubiera mantenido en el nivel previo a la crisis de 2018, las cifras de crecimiento económico serían negativas. Entonces deben ser responsables en la forma en que presentan la información.
Ellos también conocen la otra cara de la moneda que sus informes no reflejan. Saben que contrario a lo que ocurre con la macroeconomía, la democracia, el Estado de derecho, la libertad religiosa y la libertad de prensa, se han deteriorado tanto que mantienen a Nicaragua con los peores indicadores a nivel global.
Por ejemplo, el reporte Libertad en el Mundo 2024 presentado por Freedom House que suma los principales hallazgos del 2023 en materia de derechos políticos y libertades cívicas, muestra que Nicaragua fue uno de los 17 países con el mayor deterioro en estos temas; y que en los últimos diez años fue el país con el mayor retroceso en el mundo en derechos políticos y libertades civiles, y por este deterioro, junto a Venezuela y Cuba son calificados como los tres países sin libertad en América Latina y el Caribe.
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Deben asumir compromiso con la democracia
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) o Índice WJP que mide el grado práctico del imperio de la ley y su importancia fundacional en el devenir de los países, dice que desde 2017 en Nicaragua se ha deteriorado año tras año. Por eso ocupa el lugar 137 en una lista de 142 países a los que les miden ocho aspectos del imperio de la ley. Una de esas mediciones es la limitación de los poderes del Gobierno y en ella Nicaragua ocupa el lugar 141 de 142 y en justicia civil el lugar 140 entre 142 países.
En materia de libertad religiosa, recientemente la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), presentó su reporte La persecución y opresión de los cristianos en el mundo 2022-2024, en el que Nicaragua entró en la lista de 18 países donde los religiosos y creyentes sufren debido al autoritarismo del Estado y los ataques de extremistas.
El reciente reporte del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), colocó a Nicaragua en el puesto 163 de 180 países. En 2017, previo al inicio de la crisis social, Nicaragua ocupaba el lugar 92 entre 180 países.
Todos estos y otros indicadores, impulsan a la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) a alzar la voz para decir basta. Es hora de que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y las agencias calificadoras de riesgo dejen de reflejar una visión limitada y cortoplacista de la realidad nicaragüense y que asuman su compromiso con la democracia y los derechos humanos, ya que solo así podremos hablar de un futuro con verdaderas sorpresas agradables y perspectivas estables.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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