Uno de los pilares que sostiene a la dictadura Ortega Murillo es el financiamiento que recibe de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). A pesar de los altos niveles de represión y de los crímenes de lesa humanidad, que según organismos internacionales ha cometido, y del manejo discrecional de los recursos, la dictadura no ha dejado de recibir financiamiento externo, de manera que a inicios de 2024 se contaban en Nicaragua al menos 97 proyectos financiados por las IFI.
En plena crisis sociopolítica el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobaron 57 de esos proyectos y entregaron unos 5,082 millones de dólares para ejecutarlos, según detalla el estudio: El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, elaborado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
Un análisis realizado por Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, señala que desde el inicio de la crisis en 2018 las fuentes de financiamiento del régimen han disminuido, pero no cesado. De tal manera que los 371 millones de dólares que recibió en 2022 equivalen a la mitad de los 725 millones obtenidos en 2017. Esta disminución solo fue interrumpida por la pandemia de covid-19, ya que en 2021 le entregaron 936 millones para atender la emergencia.
El estudio de Orozco muestra que las fuentes de financiamiento bilateral han cesado y también las donaciones. Los recursos que siguen llegando son de préstamos de bancos multilaterales, principalmente del BCIE que se convirtió en su principal prestamista. A estos se sumó recientemente el endeudamiento con China, su nuevo aliado autocrático, con el que se calcula que al cierre de 2024 habrá formalizado unos 900 millones de dólares.
El principal argumento de las IFI para seguir financiando al régimen Ortega Murillo es que cumple con sus compromisos, que las IFI se rigen por criterios financieros, no están sujetas a influencias políticas y que no pueden intervenir en los asuntos internos de los países. El régimen ha aprovechado este posicionamiento para mantener relaciones cordiales e incluso cercanas con estas entidades, especialmente con el BCIE, por la cercanía con su expresidente ejecutivo, Dante Mossi.
La continuidad del financiamiento ha provocado que desde 2020 la deuda externa se haya incrementado. Según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN) al cierre del primer semestre de 2024 totalizó 15,272 millones de dólares, dinero que los nicaragüenses tendremos que pagar en los próximos años.
Diversos actores sociales y políticos, y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado que ese financiamiento contribuye a sostener y recrudecer la vigilancia y persecución a los nicaragüenses, particularmente a los considerados opositores. También han denunciado la falta de transparencia en la ejecución de esos fondos y la ausencia de auditorías de las IFI sobre los préstamos otorgados, aun cuando existen cláusulas y mecanismos que obligan la rendición de cuentas.
En el contexto de un Estado policial y la radicalización de la represión, la dictadura ha utilizado esos recursos para incrementar los presupuestos de la Policía y demás órganos de persecución ciudadana.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó a las IFI que condicionen la entrega de préstamos al respeto a los derechos humanos.
Otros defensores de derechos humanos y dirigentes opositores coinciden con este planteamiento y agregan que se deben activar los mecanismos para una estricta supervisión del manejo del dinero que recibe la dictadura, porque las IFI tienen la responsabilidad de velar por el respecto a los derechos humanos y evitar que los recursos que entregan se usen para violentarlos.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) considera que a los actores nacionales, principalmente a la oposición, le corresponde realizar más y mejores acciones de incidencia; utilizar los mecanismos establecidos por las IFI para promover una activa auditoría social; y demandar que se transparente la información sobre los fondos otorgados al régimen Ortega Murillo.
También demandar que se revisen los proyectos en ejecución para verificar que los recursos se están utilizando debidamente; exigir que se atiendan las denuncias hechas por los actores nicaragüenses y concitar el apoyo de los Gobiernos que participan en esas instancias para que jueguen un rol más activo de supervisión y auditoría sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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