La Asamblea Nacional de la dictadura de Daniel Ortega aprobó este miércoles 23 de octubre una ley que traslada las funciones del Instituto Nacional Forestal (Inafor) al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), como parte del «reordenamiento de las gestiones institucionales», que «requiere unión de recursos económicos, técnicos, administrativos».
Lea también: Dictadura de Ortega pone bajo el control de la Procuraduría General el “uso sostenible de los recursos naturales”
La «Ley de traslado de funciones del Inafor al Marena» fue enviada el martes 22 de octubre por el dictador Ortega a la Asamblea Nacional, institución que aprueba sin cuestionamientos ni debate todas las leyes que envía el Ejecutivo.
El artículo quinto de la Ley establece que «los presupuestos aprobados para el Inafor serán trasladados al Marena, para el cumplimiento de sus funciones». Para 2024, el presupuesto del Inafor fue de 200 millones y medio de córdobas.
Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le compete efectuar los traslados presupuestarios correspondientes.
De igual forma, todos los activos del Inafor pasan «a ser parte de los bienes de dominio público del Estado», según la Ley.
Reordenamiento anunciado
La exposición de motivos explica que la decisión es parte «del proceso de modernización en la gestión de los recursos naturales, especialmente los forestales», ya que «requiere un reordenamiento de las gestiones institucionales, técnicas y administrativas para mejorar y optimizar los programas y proyectos con el objeto de atender de forma eficiente las problemáticas y soluciones que nuestra población demanda en este sector».
Lea además: Políticas de la dictadura dejarían a Nicaragua sin bosques en 20 años
También manifiesta que «se requiere el esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos, técnicos, administrativos y operativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país, para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección a través de una sola entidad que administre, proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos forestales».
El ambientalista e investigador, Amaru Ruiz, dijo que Inafor es una institución que ha cambiado de manos varias veces, pero lo destacable para él es que las decisiones de Inafor nunca se han tomado bajo criterios técnicos, sino políticos, que han afectado los recursos forestales del país.
«Las decisiones políticas han contribuido a los procesos de deterioro de los recursos forestales del país, por ejemplo, el levantamiento de la veda en varios de los casos ha sido una decisión de Presidencia, es una decisión política no es una decisión técnica, aunque el régimen le da una noción de decisión técnica diciendo: según los análisis, pero nunca muestran los análisis», dijo Ruiz.
En agosto pasado, el régimen anunció una restructuración para reducir el gasto de las instituciones del Estado.
Ruiz apuntó que este cambio convierte al Marena en «juez y parte» en procesos técnicos que le corresponden al Inafor y Marena supervisaba. El ambientalista tampoco cree que Marena tenga la capacidad para asumir estas nuevas funciones ni uniendo los presupuestos de ambas instituciones.
Anterior cambio sobre permisos ambientales
El 15 de febrero pasado, la Asamblea Nacional también aprobó la «Ley para la certificación de permisos y autorizaciones ambientales», que otorgó a la Procuraduría General de la República el control de todo lo relativo al «uso sostenible de los recursos naturales».
Para los críticos esto significa que la Procuraduría General tiene la última palabra para otorgar esos permisos, porque ya existían regulaciones, controles y avales ambientales a cargo del Marena y el «Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales».
