La corrupción del régimen orteguista en el control forestal provocará que en 20 años el país se quede sin bosques, según la investigación Bosques en venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua, realizada por el Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
«Las cifras oficiales hablan de 150 mil hectáreas anuales de deforestación, pero calculamos que es de 170 mil hectáreas. Al ritmo de la tasa de deforestación que advierten estudios independientes, hicimos un cálculo de lo que queda del 24 por ciento de cobertura forestal y encontramos que se pierde 1.2 por ciento de cobertura forestal por año. Si en realidad queda 24 por ciento de cobertura forestal, con la misma tasa de deforestación, la deforestación total de los bosques del país», dijo el ambientalista Amaru Ruiz en la presentación del estudio este viernes.
La investigación señala las malas políticas implementadas por la dictadura orteguista, especialmente luego de los huracanes Félix (2007), Otto (2016) Eta y Iota (2020) con las que permitió extracción de recursos de madera.
También menciona que la dictadura «blanquea» la madera ilegal incautada al subastarla, obteniendo entre el 20 y 40 por ciento de los ingresos del sector forestal.
A raíz del retorno del dictador Daniel Ortega al poder, se implementaron medidas que permitieron la deforestación a través de decretos presidenciales, generando, entre otras cosas, la pérdida de más del 60 por ciento del bosque natural de pino de la reserva natural Cordillera Dipilto Jalapa, sequía de ríos que nacen en la parte alta de la cuenca de esta cordillera y concentración de las ganancias a las empresas que tienen capacidad de procesamiento del pino.
La investigación menciona que en junio de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 589, «Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal», particularmente de las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo debido a la «alarmante explotación irracional de los recursos forestales», lo que aumentó las tasas de deforestación y el avance de la frontera agrícola.
No obstante, en noviembre de 2008, Ortega cambió la política nacional de desarrollo sostenible del sector forestal a través del decreto presidencial 69-2008 y ordenó el levantamiento de la veda forestal. Además, a través de seis decretos presidenciales admitió el aprovechamiento dentro de áreas protegidas, volviendo indefinida la suspensión de la veda y entre 2019 y 2022 en otros cuatro decretos amplió la suspensión de la veda para las especies de cedro real y pochote.
«El régimen estableció decretos para anular una ley que tenía un sentido de protección. El decreto, que es una decisión política, sustituyó una ley que obedecía a un análisis técnico que lo había antecedido», dijo Ruiz.
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Además expuso que estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, fueron favorables a los intereses empresariales y comerciales, generando aumento en los procesos de deforestación de pino en áreas protegidas y comerciales, generan aumento en los procesos de deforestación», señala la investigación presentada por el ambientalista Amaru Ruiz.
Ortega acaparó el control del sector forestal desde 2007
La investigación expone que Ortega, luego de haber regulado vía decreto durante más de siete años el sector forestal, reformó en 2014 la Ley 290, «Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo», en la que se transfirió la administración forestal en todo el territorio nacional, quitándolo de la rectoría del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG).
Adicionalmente, en 2017 Ortega modificó la Ley 462, «Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal» en su artículo 58, detallando que le corresponde a la Presidencia la administración forestal en todo el país, a través del Instituto Nacional Forestal (Inafor). Esta medida concretó el poder absoluto de la gestión forestal de Nicaragua convirtiendo a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) «simplemente en un espacio supeditado a las decisiones de la Presidencia».
Aumento de los volúmenes de extracción luego de huracán Otto
El régimen orteguista, a través de resoluciones para permitir el aprovechamiento de los recursos en zonas impactadas por huracanes, provocó incrementos en los volúmenes de extracción de los recursos naturales, especialmente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el departamento de Río San Juan.
Ortega aprobó dos resoluciones administrativas (N CODF25-2019 y CODF 54-2020) para la explotación forestal en la zona de impacto del huracán Otto y en la zona de impacto de los huracanes Eta y Iota.
En el caso de los permisos de extracción a raíz del huracán Otto, que ingresó al país el 21 de noviembre de 2016, la investigación señala que Ortega extendió el plazo para la extracción por cuatro años, hasta el 30 de junio de 2020.
Según cifras oficiales, los permisos especiales de aprovechamiento muestran que se otorgaron 99 permisos, para un total de 32,100 metros cúbicos de volumen, equivalentes a 479 contenedores de 40 pies en los que alcanzan 67 metros cúbicos, lo que representó un aumento del 69 por ciento con respecto al total del volumen autorizado para todos los tipos de aprovechamiento en la RACCS y Río San Juan, que fue un total de 46,661 metros cúbicos de madera.
En 2016 la investigación registró que había un permiso especial de aprovechamiento en la RACCS explotando 1,036 metros cúbicos de madera, equivalentes a 15 contenedores de 40 pies. Sin embargo, en 2017, a raíz de la resolución que permitió el aprovechamiento de la madera a raíz del huracán Otto, se otorgaron 39 permisos especiales y 18,791 metros cúbicos de madera entre la RACCS y Río San Juan, equivalentes a 280 contenedores de 40 pies.
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«El control de Ortega benefició a sectores de la explotación forestal. Uno de los más perniciosos fue el decreto 92-2007 que permitió la explotación forestal luego del huracán Félix y que abrió toda una caja de resonancia para la explotación de Alba Forestal», dijo Ruiz.
Blanqueo de la extracción forestal
Entre otra de las formas de corrupción que recoge la investigación se encuentra el «blanqueo» de la extracción forestal ilegal. Esto ocurre en la subasta realizada por Inafor luego del decomiso de productos forestales por incumplimiento de la legislación.
En los últimos cinco años, las cifras oficiales muestran que, del total de los ingresos de la actividad forestal, entre un 22 y 40 por ciento de estos provienen de subastas realizadas por Inafor.
«Entre el año 2019 y 2020 se tiene evidencia de los productos forestales subastados en las que existe solo un postor participante de los procesos de subasta. Aunque puede tener una aparente legalidad, se ha convertido en una forma de legalizar los productos forestales que vienen de incumplimiento de la legislación forestal del país», señala la investigación.
Según las cifras oficiales, en 2022 las subastas generaron 9.68 millones de córdobas en ingresos al Inafor. Sin embargo, el año en que más ganancias generó esta actividad fue en 2018, recaudando 13.98 millones de córdobas.
El caso de Alba Forestal
En 2009, Ortega aprobó la creación de Alba Forestal SA, con capital mixto venezolano-nicaragüense y como un programa marco de la Alianza Bolivariana de las Américas, iniciativa de Alba Alimentos de Nicaragua SA (Albanisa), con el objetivo de aprovechar la madera tumbada por el huracán Félix e impulsar el desarrollo forestal comunitario.
Sin embargo, Alba Forestal se convirtió en un monopolio para la extracción de madera en el bosque natural del Caribe Norte, extrayendo un estimado de cinco millones de metros cúbicos, es decir, unos 73,855 contenedores de madera, solamente entre 2014 y 2016. Esto generó ganancias de 5.8 millones de dólares.
«Aunque existían compromisos de la empresa para beneficiar en la generación de empleo, el aprovechamiento comunitario, la reinversión y distribución de la ganancias y la reforestación, estas promesas no se cumplieron», señaló la investigación.
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Además, pese a que el objetivo de Alba Forestal era la extracción de la madera caída por el huracán Félix, se encontró que la madera suave que no se sacó a tiempo se pudrió o fue consumida en las quemas no controladas que se registraron después, generando que la empresa extrajera madera de bosques en pie.
En 2014, la razón social de Alba Forestal SA cambió a N&H Wood Products y la investigación señala que la mayoría de los empresarios madereros de gran capital en Nicaragua le compraron «madera sucia» .
También, la investigación recoge que, pese a que en los reportes de la empresa Alba Forestal aseguran que se obtuvieron todos los permisos para la extracción, en las cifras oficiales de Inafor no aparecen reportados los metros cúbicos de madera extraídos por esta empresa.
