Uno de los principales depredadores de la Reserva de Biosfera Bosawas es la exagerada política de desarrollo agropecuario, sumado a la falta de implementación de las leyes nacionales en materia de protección ambiental y la permisividad del régimen de Nicaragua al consentir que cada día simpatizantes del Gobierno se asienten en la zona y reduzcan, con el tiempo, su área boscosa.
En una reciente publicación de la Fundación del Río se revela que Bosawas tiene más de “564 mil hectáreas deforestadas y destinadas a la creación de pastizales y áreas de cultivo”, según datos del plan de manejo de la Reserva.
“Esto significa que en 23 años se perdió un tercio del bosque de la reserva de biosfera”, subraya la publicación.
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La reserva representa el 15 por ciento del territorio nacional y se divide en dos grandes zonas: la zona núcleo con 8,065.93 km². Esta está integrada por seis áreas protegidas: Reserva Natural Bosawas (6,811 km²), Parque Nacional Cerro Saslaya (631.30 km²), Reserva Natural Cerro Cola Blanca (105.2 km²), Reserva Natural Banacruz (271 km²), Macizos de Peñas Blancas (115.5 km²), Reserva Natural Cerro Kilambé (126 km²); y la zona de amortiguamiento con 11,861.96 km².
Según la Fundación del Río, “antes la zona de amortiguamiento era de 12,000 kilómetros cuadrados, pero por el despale extensivo del bosque ha quedado con una cobertura vegetal de 3,000 kilómetros cuadrados”.
Violación a instrumentos
Un ecólogo nicaragüense, quien por temas de seguridad pidió no revelar su nombre, dijo a LA PRENSA que la reducción del área boscosa empezó desde que el sandinismo dejó el poder en los años noventa.
“Después del cambio de gobierno comienzan a establecerse asentamientos de desarmados en las zonas cercanas al área boscosa o territorios indígenas”, recordó. El agravamiento de la situación, agregó, se ha impulsado en los últimos trece años, “como consecuencia del incentivo que hace el régimen para que empresas forestales, mineras y ganaderas fomenten el establecimiento de campesinos que van avanzando la frontera agrícola, comiéndose poco a poco el área agrícola que está dentro del área protegida”.
Para el ecólogo, la depredación de las hectáreas de bosque en área protegida es una violación a los diferentes instrumentos legales existentes en materia forestal, en materia de biodiversidad, áreas protegidas y en materia de derechos de las poblaciones indígenas que viven es esta zona del país.
En la reserva habitan las etnias indígenas Mayangna y Miskitos, quienes residen principalmente en las riberas del río Coco; mientras que los Mayangnas viven en la zona central de la reserva y las riberas de los ríos Pis-Pis, Waspuk, Bocay y Laku.
Los picos más altos
Si bien, no hay datos específicos sobre los momentos en que más se ha deteriorado el sistema ambiental de la reserva, los más evidentes son los momentos de procesos electorales.
“En momentos previos a las elecciones se ven unos picos acelerados de asentamientos de poblaciones que se traducen en una deforestación en volumen, mucho mayor que en los años anteriores a las elecciones y los dos años posteriores, porque en ese periodo deforestan aún más, explicó.
En términos generales, dijo el ecólogo, en los últimos 15 años de la historia de Nicaragua la deforestación ha estado siempre ligada a lo anterior, “pero ha habido procesos de concesiones mineras, como de aprovechamiento forestal, que han acelerado estos procesos de deforestación”.
Revertir el daño no es fácil
Nicaragua no tiene estrategia para salvar de la extinción a la Reserva de Biosfera de Bosawas, cuyo proceso de depredación se ha intensificado durante la actual administración de Daniel Ortega desde 2007.
El régimen, en noviembre de 2023 a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), realizó en la Secretaría de la Presidencia talleres de inicio para el proceso de formulación de un proyecto llamado “Protección y Conservación de los Bosques de Importancia Global, ubicados en la Reserva Bosawas y en la Reserva Biológica Indio Maíz”.
Según la publicación en el sitio web del Marena, para ese proyecto estarían esperando el financiamiento de 13 millones de dólares, “siendo una asignación que recibimos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF hacia el Gobierno de Nicaragua”, cita la publicación en referencia a las palabras de Heyddy Calderón, ministra de la institución.
Para el ecologista entrevistado por LA PRENSA los procesos de salvación de las áreas boscosas perdidas van más allá de simples reforestaciones o campañas a corto plazo.
“Para revertir el impacto que ha tenido un proceso de reforestación, primero hay que sacar a toda la gente que se ha asentado en esos lugares, de manera que se pueda, una vez saneada la propiedad, establecer los controles, el personal, los recursos necesarios para asegurarse que se vuelvan a invadir estas zonas”, apuntó.
Además, recomendó desarrollar procesos de plantaciones, reforestación y de cuido de las plantas sembradas de manera que no se vayan a perder, lo que implica tener capacidad para producción de semillas, para el cuido y crecimiento de las plantas, el traslado y supervisión adecuada posterior a la plantación.
Pérdida patrimonial
El ecólogo explicó que la pérdida de bosques en el país genera una eliminación del patrimonio en Nicaragua, lo que conlleva a minimizar las oportunidades económicas y ecológicas, lo que significa “ser cada día más pobres”.
“No solamente se debe cuantificar en cuánta madera se ha perdido, sino en cuánta agua se ha dejado de captar, cuánta erosión se va a producir producto de la deforestación, cuánta biodiversidad ha sido perdida y no está ahora en los lugares donde debería estar; cuánto se ha perdido en potencial turístico”, reflexionó.