El régimen Ortega Murillo sigue luchando por colocar a uno de sus leales en la Secretaría General (SG) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que le corresponde a Nicaragua en el período 2022-2026 y que está vacante desde noviembre de 2023 cuando el abogado Werner Vargas renunció. Tras fracasar en su intento de nombrar al ahora canciller Valdrack Jaentschke, propuso una terna con dos funcionarias sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otra señalada de ser la responsable del cierre y confiscación de más de 5 mil organizaciones no gubernamentales (ONG).
A criterio de especialistas, ninguna tiene experiencia en integración centroamericana ni la transparencia necesaria para trabajar con los gobiernos de la región. Además, las sanciones que pesan sobre ellas les impedirían relacionarse con organismos cercanos al SICA, es decir, que el efecto de las sanciones se trasladaría a la institución, impidiéndoles cumplir con las responsabilidades del cargo. Por lo que consideran que la elección se seguirá postergando, y esto a su vez retrasando la ejecución del Plan de Trabajo del periodo 2022-2026.
“Nicaragua ya no tiene gente en sus cuadros que entiendan de integración centroamericana. Algunas personas fallecieron y a otros los despojó de la nacionalidad, por lo que no pueden, inclusive, entrar a su propio país. Esto hace difícil que exista un secretario general nicaragüense, al carecer de gente preparada para ese cargo”, dijo a LA PRENSA Carlos Manuel Echeverría Esquivel, exasesor de la SG del SICA.
Las tres nuevas fichas para la SG
A menos de dos años de que concluya el periodo de cuatro que le corresponde a Nicaragua, ha sido muy difícil que los países miembros del SICA acepten a los candidatos nicaragüenses. A consideración de Echeverría, el régimen Ortega Murillo ha perdido casi la mitad del periodo intentando conseguir el aval para sus propuestos, debido a que no ha postulado a personas “transparentes que puedan trabajar con facilidad con los demás gobiernos”.
Además, advierte que mientras esto no se resuelva, los lineamientos establecidos en el Plan de trabajo 2022-2026 no se cumplirían en su totalidad.
El régimen Ortega Murillo propuso a tres mujeres: Arling Patricia Alonso Gómez, diputada oficialista; María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, y Sonia Castro, asesora presidencial para temas de salud y exministra de Salud. Tanto Alonso como Castro están sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo que Echeverría advierte que si eligen a alguna de ellas pueden trasladar los efectos de esas sanciones a la institución y eso les impediría cumplir con las responsabilidades del cargo.
“Una persona sancionada no puede tener relación con organismos ni con la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional), o incluso, para ir a Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos (OEA)”, dijo Echeverría y añadió que “como asesor de Juan Daniel Alemán Gurdián, SG durante el periodo 2009-2013, visitaban las oficinas de la AID, el Departamento de Estado, y una serie de organismos, entidades públicas y privadas. Todo eso se le dificulta a una persona sancionada y deja mucho que desear”.
Efectos de las sanciones se trasladarían
El 19 de julio de 2023 el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a Alonso Gómez en la lista de personas corruptas y antidemocráticas, mejor conocida como la “Lista Engel“, porque como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional socavó los procesos o instituciones democráticas “al participar en represalias coordinadas del Gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores”.
En el caso a la exministra de Salud y actual asesora presidencial, la sancionaron porque durante su gestión “el Ministerio de Salud le negó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen (en 2018), lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica”.
Por otro lado, María Amelia Coronel Kinloch es la titular del Ministerio del Interior (Mint), por lo que organizaciones de la sociedad civil y opositores nicaragüenses la señalan como responsable directa del cierre y confiscación de más de 5 mil organizaciones no gubernamentales (ONG), incluidas organizaciones de beneficencia y congregaciones religiosas. Además, es la segunda vez que la postulan, en 2022 fue parte de una terna encabezada por Orlando Tardencilla.
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Personas sancionadas no pueden dirigir el SICA
“Las personas que se nombran para un cargo como este deben tener una hoja de vida totalmente limpia. No se puede nombrar a gente que esté sancionada por un país, como Estados Unidos, donde están organismos y el secretario debe ir frecuentemente”, dijo Echeverría.
Entre los 10 secretarios generales que ha tenido el SICA, tres son nicaragüenses y tienen trayectoria dentro del Sistema de Integración, algo con lo que no cuentan las nuevas candidatas. El primero fue Ernesto José Leal (q.e.p.d.) entre 1997-1999; el segundo Mauricio Herdocia Sacasa (q.e.p.d.) quien ejerció de forma interina entre abril y junio de 2000; y el tercero Werner Vargas quien desempeñó el cargo entre agosto de 2022 y noviembre de 2023.
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Además, Juan Daniel Alemán Gurdián, que nació el León, Nicaragua, ejerció el cargo entre 2009 y 2013. Sin embargo, no lo hizo en representación de Nicaragua sino de Guatemala, país al que se trasladó en su juventud y donde obtuvo la nacionalidad.
¿Candidatas de Ortega no conocen el SICA?
“Realmente ninguna de las personas que el Gobierno de Nicaragua propone (en esta nueva terna) reúne las características que debe tener una secretaria o secretario de SICA, porque son personas sectoriales sin ninguna experiencia en temas de Centroamérica. Me atrevo a decir que si se le pregunta a alguna (de las candidatas) qué es el SICA, no sabrán contestar”, dijo Echeverría.
El Artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa establece que el SICA tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Además el artículo 4 señala que el SICA tutela los derechos humanos, por lo que a consideración de Echeverría esta es una razón más por la cual las postuladas no cumplen con el perfil para asumir la SG del Sistema.
El régimen Ortega Murillo provocó un impasse de casi un año en la SG, cuando propuso la continuidad de Vinicio Cerezo, señalado por simpatizar con la dictadura de Nicaragua, y cuya posibilidad de reelección fue rechazada por los demás países miembros.
Han propuesto nueve candidatos para la SG
Luego de ese impasse, entre octubre de 2022 y octubre de 2024, propuso al menos nueve candidatos. El 22 de junio de 2021 presentó una terna para el período 2022-2026 conformada por el exguerrillero sandinista Orlando Tardencilla; la titular del Ministerio del Interior, María Amelia Coronel Kinloch; y Luz López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe de Nicaragua
En noviembre de 2022, el SICA aceptó a Werner Vargas, pero él renunció un año después alegando motivos personales. Ante esto, propuso una nueva terna integrada por Valdrack Jaentschke, en ese entonces ministro asesor para Políticas y Asuntos Internacionales y actual canciller; Violeta Irías Nelson, delegada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Bilwi; y a la diputada Iris Marina Montenegro Blandón.
La candidatura de Jaentschke fue rechazada por el Consejo de Ministros en agosto de 2024 y ante ese fracaso, el 10 octubre presentaron una nueva terna integrada por tres mujeres.
Jaentschke: el fracaso anterior
El 11 de junio el régimen Ortega Murillo anunció que renunciaría a la presidencia pro témpore del SICA en protesta por el rechazo de sus candidatos para la SG. Sin embargo, cuatro días después, aceptó la presidencia pro témpore que se ejerce durante seis meses y se va rotando entre los Estados miembros.
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“Es un tema complejo porque parece que hay ambiente para que a Nicaragua se le siga dando la potestad para designar a quien completará el período, pero las figuras que presenta la dictadura están rodeadas de cuestionamientos”, consideró el especialista en relaciones internacionales costarricense, Sergio Araya.
¿Por qué es importante la SG del SICA?
El Protocolo de Tegucigalpa, a raíz del cual nació el SICA, establece en su artículo 25 que la SG estará a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes por un período de cuatro años. El artículo 26 lo define como el más alto funcionario administrativo del SICA y sobre quien recae la representación legal del mismo.
Además señala que el SG debe ser nacional de cualquiera de los Estados miembros, con reconocida vocación integracionista, alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad.
“Al final, el secretario general se convierte en un gerente con un componente político muy alto, porque asiste al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Cumbre de Presidentes, a la que muy pocos mandatarios van. En el caso de Ortega, nunca va, disminuyendo el valor de la Cumbre de Presidentes”, explicó Echeverría.
Y el artículo 27 dice que el SG está únicamente al servicio del SICA, por lo que los Gobiernos no deben ejercer influencia alguna en el desempeño de sus funciones ni girarle instrucciones.
“Usted no puede nombrar a alguien que lo que le interesa es promocionar los intereses solo de su país. La persona electa debe trabajar por la integración. Por lo que estos son tiempos complicados”, dijo Echeverría.
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Los retos del SICA ante el contexto actual
Entre los propósitos del SICA se establece en el inciso “c” del artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa, que debe impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. A consideración de Echeverría, esto no se está cumpliendo en todos los Estados miembros del Sistema y considera que Costa Rica y otros países democráticos deben sentar posturas firmes para defender la democracia en la región.
“Un Sistema de Integración no puede funcionar si no está constituido por países con gobiernos democráticamente electos. Puede haber cooperación en áreas de interés común, pero para que exista integración política debe haber una conjunción que funciona solo con democracia pluralista, republicana y parlamentaria”, señaló Echeverría.
Esto, a consideración del opositor Luciano García, también supone retos para la oposición nicaragüense, puesto que debe seguir demostrándole a los países de la región que en Nicaragua existe una dictadura, por lo que señaló que “la estrategia de la oposición es la denuncia para que se den cuenta de que el régimen no abona a la integración centroamericana”.