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CONTENIDO EXCLUSIVO.La decisión de Estados Unidos de mantener bloqueado hasta septiembre de 2025 el acceso a préstamos de los organismos multilaterales presionará aún más las finanzas del régimen Ortega Murillo, ya que lo acerca a China y otros países que otorgan créditos onerosos. Esto obligaría al régimen a endurecer el plan de compactación estatal que ya dejó más de 2,500 desempleados, entidades cerradas o fusionadas y suspensión de asignaciones presupuestarias. También a reducir la inversión pública a pequeños proyectos que no resuelven necesidades y solo sirven para hacer propaganda.
“Es la extensión de una ordenanza que ya existía y que ha provocado que las carteras del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en términos de préstamos de carácter ordinario, estén en el mínimo”, dice el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
Además, señala que los préstamos que estos organismos aprobaron después del inicio de la crisis sociopolítica de 2018 ocurrió en el contexto de la emergencia que provocó la pandemia de covid-19 y el paso de los huracanes Iota y Eta. “Pero en términos de cartera de inversión, particularmente el BID que tenía una cartera bien fuerte, está reducida a apoyo en asistencia técnica no reembolsable”.
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Bloquear préstamos y denegar recursos
Esta semana el presidente Joe Biden renovó para el año fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) el memorándum que ordena a todos los directores ejecutivos de Estados Unidos de cada banco multilateral de desarrollo, y en el Fondo Monetario Internacional “votar en contra y hacer los mejores esfuerzos para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la respectiva institución para los Gobiernos de Belarús, Birmania, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Macao (Región Administrativa Especial de la República Popular de China), Nicaragua, República Popular de China, Rusia, Sudán del Sur y Siria”.
Según el memorándum, la decisión excluye los préstamos para fines de asistencia humanitaria; para asistencia relacionada con el comercio; o para asistencia para el desarrollo que aborde directamente las necesidades humanas básicas, que no sean administrados por el Gobierno de dichos países y no confiera ningún beneficio a ellos.
Esta restricción se aplica en el marco de la Ley de protección de las víctimas de la trata de 2000 y busca frenar estos abusos. Cabe recordar que en los últimos años Nicaragua ha promovido el tráfico de migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos; instaló un puente aéreo que trae a Managua migrantes de todos los continentes que desde aquí siguen su travesía por tierra para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
BCIE es el principal financiador
La exclusión que incluye la orden presidencial permitió que en los últimos años el BM, BID y FMI le aprobaran a Nicaragua nuevos financiamientos en el marco de la emergencia provocada por la pandemia de covid-19 y luego por el paso de los huracanes Iota y Eta. Además, provocó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que otorga plazos menores y cobra intereses más altos, se convirtiera en el principal financiador del régimen, dice otro economista que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Es así que actualmente el BCIE apalanca la cartera activa de proyectos que el régimen desarrolla y que incluye carreteras, hospitales, remodelación de puertos, sistemas de agua potable, ampliación de la Pista Juan Pablo II en Managua y una amplia lista de obras que suman una cartera considerable que se seguirá ejecutando en los próximos años, ya que la mayoría son proyectos a largo plazo.
Según los informes de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda, desde el estallido de la crisis sociopolítica el saldo de los préstamos con el BCIE creció 222 por ciento. Al cierre de 2017 era de 740.5 millones de dólares y al cierre del primer semestre de 2024 subió a 2,388.3 millones. En el mismo periodo el saldo con el FMI, a pesar del apoyo que brindo para las emergencia de la pandemia de covid-19 y los huracanes Iota y Eta, subió 190 por ciento; mientras que con el BM que también apoyó en las emergencias creció 63 por ciento y con el BID solamente 19 por ciento. (Ver infografía abajo)
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Préstamos de China con condiciones leoninas
Pero adelantándose al anuncio que hizo la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, de que los recursos a los que Nicaragua tenía derecho se están agotando, desde diciembre pasado el régimen optó por el financiamiento de China. Pero los chinos cobran intereses todavía más altos, otorgan plazos menores e incluso exigen contrapartidas por adelantado. Así lo contempla el contrato para la construcción del nuevo aeropuerto en Punta Huete que condicionó el inicio de la obra al pago de una contrapartida del 20 por ciento del valor del proyecto, que equivale a 80 millones de dólares.
Para Chamorro, las condiciones del financiamiento chino son “bastante leoninas y draconianas” y generarán un endeudamiento significativo mediante los proyectos de almacenamiento de gas, energía solar, tramos de la carretera Costanera y el aeropuerto de Punta Huete.
“Son proyectos que ya están generando obligaciones o desembolso incluso de parte del Estado, que van a tensionar las finanzas públicas de una manera significativa. No solamente por el pago de adelantado de las contrapartidas que exigen los chinos, que en mi vida había visto que un proceso de inversión pública incluyera contrapartidas adelantadas. Generalmente hay contrapartidas del Estado pero que van a la par del avance del proyecto. Eso tensa las finanzas públicas y sobre todo si a esto se le añade el hecho de que las tasas de interés son mucho más altas, incluso que las del BCIE y los plazos con periodos de gracia cortos”, advierte Chamorro.
Por su parte el economista que evita identificarse coincide en que en este contexto las finanzas se van a tensionar más de lo que ya están. Esto obliga a las autoridades económicas a realizar un manejo macroeconómico con más cuidado del que hasta ahora han tenido.
Ya se están viendo las consecuencias
Además, considera que aparte de dos o tres obras grandes, el resto del Programa de Inversión Pública (PIP) “seguirá enfocado en pequeñas obras, como un par de kilómetros de carretera o un puentecito, que no resuelven, por ejemplo las necesidades del sector productivo, pero sirven para mantener activa la propaganda”.
Además, considera que el régimen tiene claro que está contratando financiamiento caro, que además no es de libre disponibilidad, sino atado a proyectos específicos, y que a través del cobro de impuestos ya llegó al límite de lo que podía conseguir y no puede esperar que la recaudación crezca como en los últimos años, entonces lo que queda es hacer recortes.
En eso coincide Chamorro, quien considera que este panorama explica muchas de las medidas que está aplicando el régimen. “Esto de alguna manera explica toda la historia de la compactación del Estado, la suspensión de la partida para el pago del agua, la luz y el teléfono a las universidades y la eliminación de algunas instancias públicas, como el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y otra serie de medidas que están tomando, pero que realmente se deben a estas obligaciones de las finanzas públicas que no las están mencionando, pero ya estamos viendo las consecuencias”, expone Chamorro.
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Nicaragua debe seguir pagando sus membresías
Con respecto a los pagos de las cuotas que Nicaragua entrega a estas instituciones como parte de su membresía, Chamorro asegura que son obligaciones contratadas de las que Nicaragua no puede desligarse, por lo que tiene que seguir haciendo esos pagos.
Según el Informe de Liquidación del Presupuesto 2023, el año pasado Nicaragua pagó 518.64 millones de córdobas en Aporte y Contribuciones a Organismos Internacionales. Pero este año aunque está previsto que se paguen 262.1 millones de córdobas en esas obligaciones, en el primer semestre del año solo se habían entregado 23.7 millones de córdobas.
Por su parte el economista, que pidió no identificarlo, advierte que la decisión de Estados Unidos de bloquear el financiamiento concesional a Nicaragua, junto con la de otros países que apoyan ese y otros bloqueos al financiamiento barato que otorgan los organismos de desarrollo, va a provocar consecuencias graves.
“Van a empujar al Gobierno a inclinarse hacia relaciones de financiación con países que verdaderamente nos van a complicar la vida más adelante. Si al final eso es lo que pasa, lo van a acorralar a buscar eso y los que vamos a sufrir vamos a ser todos nosotros. Al final nuestros hijos y nietos y el resto de la descendencia son los que van a pagar las consecuencias de esto”, advierte el economista.
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