El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió renovar un memorándum mediante el cual ordena votar en contra de los préstamos que Nicaragua haga ante organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), ante el poco esfuerzo que el régimen de Daniel Ortega está haciendo para combatir el tráfico de personas, según publicó ayer la Casa Blanca en su sitio web.
Ya en el 2023, Biden había adoptado esa misma medida para Nicaragua (aplicada en el año fiscal 2024) y este año decidió renovar el memorándum, lo que afectará cualquier aspiración de la dictadura de Ortega en el año fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), en momentos en que solo depende de la voluntad financiera de China.
El régimen de Ortega se ha puesto en la mira del Gobierno de Estados Unidos tras su decisión de convertir en Nicaragua en un trampolín para migrantes que intentan llegar a las fronteras de ese país, lo que ha provocado una crisis migratoria aguda, con la llegada masiva de migrantes de otros continentes. Para eso, la dictadura ha facilitado el tránsito por el aeropuerto de Managua quitando visados a países considerados problemáticos en materia migratoria.
La decisión de Biden fue adoptada en el marco de la sección 110 (d)(1)(A)(ii) de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2000, donde se establece que «Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio ni permitirá la financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Belarús, Cuba, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Eritrea, Macao (Región Administrativa Especial de la República Popular China-RPC), Nicaragua, la RPC, Rusia y Siria durante el año fiscal 2025 hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos».
Además ordenó a todos los directores ejecutivos de Estados Unidos de cada banco multilateral de desarrollo, según se define en la Ley, y del Fondo Monetario Internacional «a votar en contra y hacer los mejores esfuerzos para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la respectiva institución para los Gobiernos de Belarús, Birmania, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Macao (Región Administrativa Especial de la República Popular de China), Nicaragua, la República Popular de China, Rusia, Sudán del Sur y Siria para el año fiscal 2025».
Quedan exentos de la medida anterior los préstamos que sean para fines de asistencia humanitaria; para asistencia relacionada con el comercio; o para asistencia para el desarrollo que aborde directamente las necesidades humanas básicas, que no sean administrados por el gobierno de dicho país y no confiera ningún beneficio al gobierno, según se lee en el memorándum que Biden envió al secretario de Estado, Antony Blinken.
Cabe mencionar que la medida no afectaría al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde Estados Unidos no tiene participación directa en el directorio. La misma alcanzaría al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como al FMI, donde Estados Unidos es accionista mayoritario y tiene poder de cabildeo.
Nicaragua no consigue recursos frescos de esos organismos desde el 2023, según informes de deuda pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La última vez que la dictadura obtuvo un préstamo del Banco Mundial fue en el 2022, cuando le dio 116 millones de dólares para el proyecto de respuesta a la emergencia covid-19 en Nicaragua.
En caso del Fondo Monetario, este le dio recursos en el 2020, en pleno impacto de la pandemia y que estaría dentro de préstamos humanitarios. El 20 de noviembre, el directorio del Fondo aprobó una asistencia financiera de alrededor de 185 millones de dólares, en el marco de los instrumentos utilizados por esa institución para apoyar a los países miembros en la atención de los requerimientos derivados de la pandemia del covid.
La pérdida casi total de financiadores se profundizó el año pasado, cuando en todo el 2023 el régimen solo consiguió 72.8 millones de dólares, repartidos en dos créditos bilaterales con China y otro de la República de Belarús.
