En medio de la prolongada crisis financiera que arrastra desde hace 12 años el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el régimen Ortega Murillo sigue sin buscar una solución definitiva a la quiebra de la entidad. Simplemente usa los recursos del Presupuesto General de la República para evitar que el hueco financiero siga creciendo y a través de estas partidas le generan pequeños periodos de solvencia. Gracias a esta estrategia las finanzas del Seguro Social cerraron el primer semestre del 2024 con un superávit de 193.4 millones de córdobas.
Este ligero alivio lo consiguió después de acumular, entre enero y marzo de 2024, un déficit de 384.2 millones de córdobas. Pero en junio, antes de cerrar el segundo trimestre recibió una inyección de 314.5 millones de córdobas en concepto de una donación de la que se desconoce su origen, pero que le permitió cerrar el primer semestre con un leve superávit cercano a los 200 millones de córdobas.
Cabe recordar que a principios de agosto Daniel Ortega le donó al Seguro Social 72 propiedades, se presume que todas son parte de las que confiscaron a los exreos políticos que el régimen ha desterrado y arrebatado la nacionalidad. La lista de las propiedades donadas al INSS en agosto incluye varias fincas y una isleta en el Lago de Granada, propiedad del economista y exreo político desterrado y desnacionalizado, Juan Sebastián Chamorro.
Esto podría indicar que a diferencia de lo ocurrido en 2022 y 2023, cuando mediante la transferencia de más cuatro mil millones de córdobas en concepto de apoyo presupuestario se garantizó el funcionamiento del INSS, ahora se hará mediante donaciones.
Donación generó superávit en el INSS
La más reciente actualización del informe de Finanzas Públicas que divulga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), detalla que durante el primer semestre del 2024 el INSS percibió 22,479 millones de córdobas en concepto de ingresos, de ese monto, 20,886 millones los captó a través de las contribuciones y 1,593 por la vía de otros ingresos.
Esto ingresos cubrieron los 22,060 millones de córdobas que generaron los gastos, que se distribuyeron de la siguiente manera: 1,173 millones en remuneraciones a los empleados; 7,397 millones para comprar bienes y servicios; 22 millones para transferencias; 13,403 millones en prestaciones sociales, y 64.9 millones en otros gastos. Después de cubrir los gastos sobraron 418 millones de córdobas.
Sin embargo, a estos gastos se sumaron 539 millones que la institución invirtió en la adquisición de activos no financieros, por lo que se generó un déficit de 121 millones de córdobas. Pero en junio la entidad registró una donación de 314.5 millones de córdobas que transformaron el déficit en un ligero superávit de 193.4 millones de córdobas.
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CS$1,112 millones en aporte estatal y pensiones especiales
Este monto reportado bajo el concepto de otros ingresos es similar al de las transferencias presupuestarias por 1,112 millones de córdobas, que según el informe de ejecución presupuestaria enero-junio 2024 le entregó el Estado a través de dos partidas: la primera por 1,054 millones de córdobas en concepto de aporte estatal, y otra por 58 millones para las pensiones especiales.
Estas transferencias representan cerca de la mitad de los 2,242 millones de córdobas que este año el Estado transferirá en concepto de aporte estatal y de los 108.5 millones en concepto de pensiones especiales.
A diferencia de los últimos años en que los informes de liquidación del Presupuesto General de la República reportaron la entrega de 4,150 millones de córdobas entre 2022 y 2023, en concepto de apoyo presupuestario al INSS, en el primer semestre de 2024 no hubo aportes en concepto de apoyo presupuestario.
Sin embargo, al faltar las donaciones tendrán que retomarlos y con ello meten presión al Presupuesto, en lugar de buscar una solución definitiva y no otra reforma inútil como la que aplicaron en 2019, que afectó a los cotizantes y pensionados pero no provocó ningún efecto en las finanzas de la institución.
Dicha reforma se impuso unilateralmente sin el apoyo del sector empresarial, que rompió relaciones con el régimen Ortega Murillo en 2018, por otra reforma que quisieron imponer y que afectaba a trabajadores y empresas y según los especialistas no evitaría la quiebra de la institución. Esa reforma, aunque se derogó, provocó una crisis sociopolítica que aún persiste y que dejó más de 350 muerto, miles de heridos y encarcelados y el éxodo de más de 800 mil nicaragüenses.
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