El Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas, a través del estudio «El costo de la corrupción en Nicaragua», reveló el alto impacto de las prácticas de corrupción que ocurren dentro de las instituciones públicas, en la ciudadanía nicaragüense.
Entre el 18 de junio y el 18 de julio, la organización realizó 24 preguntas a 1,103 personas mayores de edad de 148 municipios del país, comprobando que más de la mitad de los que hicieron un trámite en instituciones públicas terminó pagando sobornos o extorsiones.
El documento detalla que 662 personas, de las 1,103 participantes del estudio, realizaron un trámite en una institución pública. El 58 % de quienes hicieron dichos trámites, durante el primer semestre de este año, también tuvo que realizar un «pago irregular», soborno o extorsión, en al menos uno de estos trámites.
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«Cada dos trámites realizados, por lo menos uno de ellos representa para la población nicaragüense un pago irregular, ya sea soborno o extorsión», refiere el estudio de Urnas Abiertas.
El observatorio ciudadano explica que las motivaciones para este tipo de pagos irregulares «son diversas», mencionando entre estas: bajo solicitud o recomendación del funcionario público (44.8 %), necesidad de agilizar un trámite (33.2 %), obligación impuesta por el funcionario o autoridad (21.7 %) y la imposibilidad de realizar dicho trámite sin dicho pago (0.3 %).
La organización refiere que el 97 % de las respuestas señala que los pagos irregulares aumentaron respecto al año anterior, mientras que el 78.3 % consideró que estos serán mayores en los próximos 12 meses.
Personas con menos ingresos pagan más sobornos y extorsiones
El estudio de Urnas Abiertas también reveló las desigualdades que incluso dentro de este tipo de prácticas existe, mostrando que «a mayor estrato socioeconómico, menor porcentaje de ingresos es destinado a pagos irregulares. Por tanto, la corrupción exige, relativamente, más dinero a personas con menores ingresos o en situación de pobreza en comparación a las que tienen mayor poder adquisitivo».
«Los datos confirman que los pagos irregulares y la extorsión no solo mantienen la desigualdad socioeconómica, sino que la agravan, ya que las personas con menores ingresos destinan un mayor porcentaje de sus fondos para realizar trámites en las instituciones públicas o para lidiar con los efectos de la extorsión», apunta la organización.
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Además, resaltó que dicha desigualdad «se agudiza cuando se incorpora la variable de género», ya que «las mujeres de los estratos socioeconómicos más pobres contribuyen, en pagos irregulares, hasta ocho veces más de sus ingresos mensuales que los estratos conformados por mujeres de mayores ingresos económicos».
En promedio, según Urnas Abiertas, los pagos irregulares absorben el 5 % de los ingresos mensuales de las familias. Pero, el caso de las familias con ingresos mensuales de 6,000 córdobas destinan para dichos pagos irregulares un 7.5 % de sus ingresos y aumentan hasta en un 10 % si estas familias son encabezadas por mujeres.
Las familias que asumen dichos gastos en pagos irregulares, apuntó Urnas Abiertas, «sacrifican servicios o bienes de consumo básico para pagar sobornos o hacer frente a la extorsión».
Los departamentos en los que se destinó los mayores montos para pagos irregulares, sobornos o extorsiones, según el estudio, fueron: Rivas, Matagalpa, Masaya, Estelí, Chinandega, Río San Juan y Nueva Segovia.
La organización resaltó que los resultados del estudio «no son extrapolables a la totalidad del país debido a los desafíos para aplicar la encuesta aleatoria en un contexto de persecución», por lo que, afirman, «únicamente reflejan las respuestas de las personas que completaron el cuestionario en el período señalado, sin pretender representar a toda la población».
