La preocupación expresada desde inicios de este año por estudiantes, por la calidad de la educación que imparten los docentes de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, montada sobre las instalaciones robadas por la dictadura Ortega-Murillo a la Universidad Centroamericana (UCA), fue confirmada por personas cercanas a los docentes contratados “por pata” (influencias) en esa casa de estudios.
Una fuente que conoce a dos docentes contratados en la Universidad Casimiro Sotelo, en entrevista con LA PRENSA, confirmó que sus colegas “ni siquiera son licenciados”, explicando que estos fueron contratados “por pata” que tienen dentro del partido del Frente Sandinista, controlado por la dictadura Ortega Murillo.
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“Tienen varios años de experiencia en las clases que imparten, no lo voy a negar, pero méritos para ser profesores universitarios no tienen, porque cómo vas a dar educación superior que ni siquiera vos has recibido. Uno sabe hasta dónde puede llegar y ellos mismos cuentan, como que fuera gran cosa, que el partido les ayudó a entrar a la Casimiro”, indicó la fuente.
Detalló que en las plazas que ocupan sus colegas devengan —según lo que cuentan “contentos por la mejoría que representa”— más de 20 mil córdobas mensuales, lo cual “es superior a lo que ganaban en el Mined (Ministerio de Educación)”.
“Consecuencias nefastas en la educación superior”
El profesor universitario David Gómez Gamboa, abogado, director de Aula Abierta y experto en temas de educación superior y libertad académica, en entrevista con LA PRENSA destacó que si en las universidades —de cualquier país del mundo— se contratara al personal docente en base a un sesgo político o con el fin de que impartan adoctrinamiento, “las consecuencias serían nefastas en relación a la educación de calidad, superior, libertad académica, y los derechos humanos no solo del estudiantado”.
“Si esta práctica de contratar como docentes de la universidad a personas que ni siquiera tienen estudios superiores completos, o si hay algún tipo de adjudicación de plazas o cargos en relación a la cercanía con un Gobierno o la ideología política, por ejemplo, y no en relación a la meritocracia académica, sin duda alguna se están violando elementos básicos de lo que debe ser la educación superior de calidad. Inclusive, se están comprometiendo derechos humanos vinculados a la libertad académica y la calidad de la educación, que son algunos de los atributos del derecho humano a la educación”, apuntó el especialista.
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Añadió que “en cualquier país que tenga universidades que contraten profesores en relación a afinidades políticas va a desdibujar la función de esas universidades, que se van a convertir en vez de universidades, en centros de adoctrinamiento. Sin universidad, no hay democracia ni desarrollo posible. Entonces, sin universidades que cumplan su rol, que es la formación integral de estudiantes en base a la ciencia y el pensamiento crítico, el país tendrá egresados que no sean realmente profesionales o científicos, que no tengan la capacidad de participar de manera crítica en la discusión de asuntos o áreas científicas que deben ejercer según sus áreas de conocimiento”.
De universidad a centro de adoctrinamiento
El experto asegura que la participación de las universidades en la discusión de asuntos públicos “es esencial para una sociedad democrática”, resaltando que si esto se inhibe “el país queda sometido a una especie de oscurantismo, donde la universidad deja de producir ciencia y se dedican al adoctrinamiento, desnaturalizándose su función como universidad”.
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Advirtió que las universidades que se dedican a adoctrinar a sus estudiantes y no a impartirles ciencia, además de pasar a ser “centros de adoctrinamientos y no universidades”, estarían formando “profesionales mediocres, con menos herramientas teóricas y prácticas para cumplir con sus labores científicas, porque son profesionales en un área determinada”.
Gómez remarca que “no cualquiera puede ser profesor universitario y en consecuencia, ese perfil del profesor se tiene que garantizar, porque a fin de cuentas estamos hablando de la formación del estudiantado”.
Recordó que es deber de todos los estados “proteger al estudiantado, garantizando que no cualquiera pueda estar impartiendo clases en la universidad”, asegurando que “el elemento de ideología política no es un indicador”, ya que el elemento principal debería ser “la meritocracia académica”.
El director de Aula Abierta, organización no gubernamental latinoamericana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente los derechos académicos y la libertad académica en América Latina, reveló que también han recibido denuncias vinculadas a este tipo de contrataciones docentes por afinidades políticas en algunas universidades de la región, pero por ahora se encuentran en procesos investigativos.