Al menos 20 personas indígenas y originarias de la Costa Caribe de Nicaragua permanecen encarceladas por razones políticas. En la lista figuran autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales. La cifra representa el 27.8 por ciento de los 72 prisioneros que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas identificó en su recuento hasta el 23 de octubre de 2026.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), advirtió que la cantidad de personas encarceladas originarias del Caribe es una ofensiva de la dictadura contra las comunidades indígenas y sus formas de organización, particularmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la zona de la Reserva de Biosfera de Bosawas.
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“El alto número de prisioneros originarios del Caribe muestra la ofensiva por la desarticulación y el control social de las poblaciones indígenas de la Costa Caribe. Particularmente las poblaciones del territorio Mayangna Sauni As. De este territorio, del total de 20, hay 11 presos, sin incluir por lo menos dos que sus familias han preferido el silencio. Crea las condiciones de silencio e inmovilización”, señaló el GREX.
Presos políticos y disputa por los territorios indígenas
El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) considera que la represión en la Costa Caribe tiene características particulares porque está vinculada con una disputa histórica por el control político de la región, sus territorios, recursos naturales y el ejercicio de la autonomía.
En su análisis, el observatorio identifica varios elementos que ayudan a comprender la situación: los conflictos por la tierra y los recursos naturales; la persecución de quienes defienden los territorios; el debilitamiento de la organización política indígena; la intimidación de las comunidades y el deterioro de la autonomía regional.
«Históricamente, desde el poder central se ha tratado al Caribe como si fuera una tierra de nadie, un territorio de conquista cuyos recursos están disponibles para ser explotados. Esta visión desconoce que allí habitan pueblos con derechos históricos, tierras de propiedad comunal y autoridades propias. Las actividades extractivas y los intereses económicos sobre esos territorios generan tensiones con las comunidades que defienden sus derechos», explica la organización.
El observatorio también destaca que entre las personas encarceladas no hay un perfil específico: cualquiera que defienda el territorio o denuncie invasiones de tierras indígenas es un blanco para la dictadura.
«Encontramos guardabosques, autoridades comunales, defensores territoriales y hasta un asesor presidencial, como Steadman Fagoth, detenido mientras ejercía ese cargo, después de denunciar invasiones de tierras indígenas. Esto permite comprender que la persecución va más allá de la militancia política y alcanza también a quienes ejercen funciones de protección territorial y autoridad comunitaria», reflexiona OPIA.
En un tercer elemento destaca la capacidad de resistencia: «La Costa Caribe tiene una larga trayectoria de resistencia frente a la imposición de decisiones desde el poder central. Yatama fue durante décadas una de las principales expresiones políticas de esa resistencia, con una importante capacidad de convocatoria y competencia electoral en la región. Su cancelación y el encarcelamiento de sus dirigentes debilitaron los espacios de representación política indígena independiente», opina un directivo de la organización.
Siete familiares y allegados de Brooklyn Rivera siguen presos
El GREX también manifestó preocupación por la detención de siete familiares y allegados del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera (fallecido bajo custodia del régimen) quienes fueron arrestados cuando intentaban reclamar su cuerpo, según el análisis divulgado por la organización.
“Eso nos parece que es un acto para amenazar a las poblaciones miskitas que deben mantener silencio. En general, inmoviliza a la población del Caribe ante los brutales y múltiples abusos contra sus territorios y las concesiones mineras y despojos de sus territorios”, añadió el GREX.
Por su parte, OPIA considera que impedir que Rivera fuera despedido y sepultado en su territorio constituyó un agravio para su familia y para la memoria colectiva del pueblo miskito, debido a la trayectoria del dirigente dentro del movimiento autonómico.
El observatorio advierte que el debilitamiento de la autonomía es un elemento central de la situación, pues los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derechos reconocidos para gobernarse, administrar sus territorios y decidir sobre sus recursos. Sin embargo, sostiene que esos derechos pierden efectividad cuando las comunidades carecen de capacidad real para ejercerlos libremente.
Denuncian condiciones de detención que pone en riesgo a los presos políticos
La actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas también advierte sobre las condiciones de detención de las personas encarceladas en Nicaragua, entre ellas enfermedades graves, restricciones de acceso a atención médica, alimentos en mal estado, agua inadecuada para el consumo, aislamiento y castigos.
El mecanismo exigió la excarcelación inmediata de todas las personas presas políticas, pruebas de vida para quienes permanecen desaparecidas y garantías para proteger su salud e integridad.
El recuento corresponde a la situación documentada hasta el 23 de octubre de 2026 y refleja los casos identificados por el mecanismo, por lo que no necesariamente representa la totalidad de las personas detenidas por motivos políticos en el país.
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El recuento, divulgado por el mecanismo, también documenta que 33 personas permanecen en condición de desaparición forzada, sin información oficial verificable sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran detenidas. Además, contabiliza a 16 adultos mayores, ocho de ellos desaparecidos, y a dos menores de edad entre las personas presas políticas.
