En medio de una serie de movimientos en la dirección de varias instituciones públicas relacionadas con el sector productivo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) anunció que a partir del 7 de agosto de 2024 quedaron congeladas las plazas en el Estado y si alguna necesita contratar a un nuevo empleado, la contratación será aprobada directamente por Daniel Ortega. Algunos conocedores relacionan esta nueva medida a actos de corrupción, pero fuentes sindicales cercanas al oficialismo aseguran que simplemente es parte del proceso de “reordenamiento” anunciado por el régimen Ortega-Murillo.
“No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”, advierte una circular emitida por el recién nombrado titular del MHCP, Bruno Gallardo.
La medida que según algunos economistas, es parte de la compactación estatal que se anunció, va en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su reporte del examen anual conocido como Artículo IV del año pasado, hizo varias recomendaciones. Una de ellas fue reducir los gastos corrientes, principalmente en salarios y bienes y servicios en entre ½ y ¾ por ciento del PIB, porcentaje que equivaldría a unos 300 millones de dólares.
La medida también permite incrementar el control de la pareja Ortega Murillo sobre la planilla estatal; e incluso ahorrar recursos en las liquidaciones, ya que el año pasado se elevó hasta más de veinte años consecutivos, la antigüedad para que los empleados públicos y municipales reciban cinco salarios en concepto de liquidación cuando renuncian, y para que los despedidos se vayan sin este beneficio.
Despedirán empleados para ahorrar recursos
Además, se implementa después que durante 17 años el régimen Ortega Murillo se dedicó a engordar la planilla estatal. Según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN), cuando Ortega retornó al poder en 2007 el Gobierno central tenía 39,140 empleados, en 2008 lo elevó casi al doble con 80,641 empleados y al cierre del 2023 la cifra subió a 112,905. Desde entonces la planilla comenzó a reducirse lentamente y al cierre de junio bajó a 111,867 trabajadores en el Gobierno central.
El viernes 2 de agosto a través de un escueto comunicado el régimen Ortega Murillo anunció un proceso de evaluación entre los altos cargos de las instituciones de Estado y de los proyectos que dirigen. “Esta evaluación implica ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”, dice el comunicado.
Además, aclara que la medida está orientada a “generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República”, pero también optimizar el capital humano con “estabilidad, calidad, profesionalización y más altos rendimientos en el servicio público”.
Ahora el ministro Gallardo anuncia que como parte de ese proceso, desde el 7 de agosto quedaron congeladas todas las plazas vacantes y las nuevas contrataciones en todas las entidades y organismos del sector público integrado en el sistema de nómina fiscal y también las que se encuentran fuera de este sistema.
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Ortega autorizará nuevas plazas
Además, explica que cuando sea necesario contratar nuevo personal, se deberá remitir solicitud fundada al MHCP, a través de la Dirección General de Función Pública, debidamente acompañada con la documentación conforme el marco normativo, para que el ministerio gestione la autorización con la Presidencia de la República.
“Asimismo, se podrá solicitar contratación de personal con la debida documentación del marco normativo aquellas solicitudes que cuenten con la debida autorización de Presidencia de la República”, dice la circular de Hacienda.
En medio de los fuertes rumores de que el despido de los titulares del Ministerio Agropecuario (Mag) y del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca) lo provocaron actos de corrupción, un dirigente sindical cercano al oficialismo asegura que esos y otros movimientos de personal, incluso las auditorías que se están realizando en todas las instituciones y proyectos, son parte del proceso de restructuración de la función pública.
“Solo se sabe de reestructuración a través del MHCP, llámese función pública de la nueva reorganización del Estado. El congelamiento de plazas también se debe a la reorganización interna en cada institución y este ordenamiento me imagino que llevará el resto del año”, asegura el dirigente sindical.
Además, dice que en el caso del Mag, la destitución del ministro Bosco Castillo Cruz y de la viceministra Ivania del Carmen León fue por incapacidad en el manejo y cumplimientos de proyectos, y sin dar más detalles aseguró que en el Mefcca pasó algo similar con la ministra Justa Pérez.
Además, sostiene que mientras concluyan los procesos de auditoría que están realizando no se puede hablar de actos de corrupción. “Solo la Contraloría puede determinar si hay corrupción o irregularidades financieras”, insistió.
