CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Después de un proceso de preparación que incluyó reducir la liquidación a los empleados públicos que renuncian y eliminarla a los despedidos; reformar el mecanismo de compras del Estado; trasladar al Presupuesto los recursos provenientes de las incautaciones y los ingresos del Intur; cerrar el Inifom; pasar a la Procuraduría las funciones del Inifom y los Registros Públicos; y reducir los incentivos a las inversiones turísticas, ahora Daniel Ortega retoma algunas recomendaciones del FMI y anuncia compactación del aparato estatal, que reduciría el gasto corriente, para minimizar algunos riesgos.
No está claro qué impulsa la compactación ni el impacto que tendrá la medida en la planilla estatal. Lo que sí es cierto es que la compactación es sinónimo de despidos, tal como ocurrió en la década de los 80 durante el primer gobierno de Ortega. También que en el examen anual conocido como Artículo IV del 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI), le aconsejó al régimen reducir entre ½-¾ por ciento del PIB los gastos corrientes, principalmente en salarios y bienes y servicios; y racionalizar las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mejorar la tributación y la focalización de los subsidios de larga data y fortalecer la gestión del riesgo fiscal.
Según el FMI, estas medidas contribuirán a la disminución gradual de la deuda pública, a la consolidación de la sostenibilidad fiscal y crecimiento de las reservas. Todo esto permitiría fortalecer los amortiguadores, ya que se espera que el nuevo financiamiento externo concesional siga limitado.
Lea también: ¿Trabajás para el Estado? Diez ejemplos de cómo se calculará tu indemnización con la nueva ley ordenada por Ortega
Compactación evitaría desequilibrios fiscales
También porque la misión técnica del FMI que examinó la economía proyecta que, en el mediano plazo, el incremento del gasto público de capital y de las transferencias a través del Presupuesto General de la República, para garantizar el funcionamiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), deteriorará la posición fiscal.
En un reciente comunicado que no contiene mayores detalles, el régimen Ortega Murillo anunció que después de evaluar los “aciertos y desafíos” del primer semestre del 2024 decidió valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos.
“Esta evaluación implica ordenamiento, restructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública… La medida está orientada a generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República para fortalecer la atención directa y propiciar mayores avances en cada una de las propuestas en desarrollo, para atender y resolver retos pendientes”, dice parte del comunicado en que el régimen anunció la compactación de las instituciones estatales.
Y agrega que el ordenamiento y restructuración les generará un ahorro que propiciará la movilización de más recursos para las gestiones pendientes. “Igualmente, optimizará nuestro capital humano con estabilidad, calidad, profesionalización y más altos rendimientos en el servicio público”, dice el documento.
Lea además: Régimen de Ortega establece los requisitos que deben cumplir los que quieran vender al Estado
¿Compactación es por sugerencia del FMI?
El anuncio que hizo el régimen tiene coincidencia con las recomendaciones del FMI y no es extraño, porque desde hace varios años diversos sectores de la economía han afirmado que Daniel Ortega es el mejor alumno que el organismo multilateral ha tenido en el país.
Un analista financiero, que por temor a represalias pide omitir su nombre, no descarta que el anuncio de una restructuración de las instituciones del Estado responda a las directrices del FMI, que desde hace tiempo ha insistido en la necesidad de fortalecer los colchones fiscales y defender el gasto de capital.
“Esto perfectamente podría ser parte de un esfuerzo de ese tipo, pero también por razones internas más que externas, porque programa con el FMI no hay, pero sí la necesidad de mantener una política de inversión pública que en el futuro podría tener más restricciones de disponibilidad de financiamiento”, dice el analista.
Además, señala que el informe del Artículo IV publicado a principios de 2023 presenta la valoración del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda, el tema fiscal, la presión que ejerce el INSS sobre el Presupuesto y los dilemas entre el gasto corriente y el de capital. “Es como de cajón lo que dicen, pero está sustentado en las tensiones que ven a mediano plazo y la racionalidad sobre lo que habría que actuar… esto explicaría lo que podríamos estar viendo en estas acciones del Gobierno”, señala el analista.
Lea además: Régimen de Ortega endurece el acceso a incentivos fiscales para las inversiones turísticas
Recortes del gasto desde 2022
El analista considera que el cierre del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) lo provocó la pérdida de relevancia de la institución, ya que ahora la tendencia es centralizar la relación de los municipios con el poder ejecutivo; situación que considera podría replicarse en todas las instituciones, especialmente en las que no contribuyen a la centralización de las decisiones por parte de la pareja Ortega Murillo.
En medio de las expectativas del anuncio, los especialistas recuerdan que dependiendo de la cantidad de instituciones, “redundantes o repetitivas” que fusionen, habrá servidores públicos que pasen al desempleo, aunque aconsejan no perder de vista que el fuerte de la planilla estatal se concentra en el personal de educación, salud, Policía y Ejército.
Para Enrique Sáenz, economista y exdiputado opositor desterrado, lo que más le llama la atención es que hayan anunciado la restructuración, cuando la práctica del régimen Ortega Murillo es ocultar la verdad, además porque el anuncio evoca lo ocurrido en las compactaciones de fines de los 80 y principios de los 90 que provocaron el despido de miles de trabajadores estatales y drásticas reducciones de los servicios públicos.
“Lo segundo es que el anuncio contrasta con los pregones triunfales de funcionarios del área económica, primordialmente del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, que habla de una economía robusta, sumas récord en reservas en dólares y euros, cuentas fiscales sanas y récord en los depósitos en córdobas del gobierno del Banco Central. Si esto es así ¿cómo se explica que se preparen para recortes en el gasto público?”, cuestiona Sáenz.
Lea además: Cobros e incautaciones alimentaban el Fondo de retiro que le quitaron a la CSJ
Siempre acatan recomendaciones del FMI
Sáenz recuerda que en 2022 y 2023 redujeron tanto el gasto corriente como las inversiones públicas. “De hecho, en siete de los ocho trimestres correspondientes a esos dos años se registraron reducciones. Aunque esas medidas pasaron en silencio, en definitiva significaron que la ciudadanía sin darse cuenta pagara el precio de las proclamas triunfales del régimen sobre presuntos ahorros”, asegura el economista.
El exdiputado y otro economista, que también pide no identificarlo por temor a represalias, considera que la decisión de “reestructurar” las instituciones del Estado obedece a dos factores, uno político, generado por la turbulencia existente en Europa, Medio Oriente y la actual crisis venezolana, ya que nada de eso es buen augurio para una economía tan frágil como la de Nicaragua, por lo que es previsible que los Ortega Murillo tengan temor frente a posibles impactos adversos generados por estas crisis.
El otro factor es económico. “A pesar de las proclamas antimperialistas, la realidad es que el régimen Ortega Murillo ha seguido disciplinadamente las recomendaciones del FMI. De hecho, la crisis sociopolítica que estalló en 2018 tuvo su origen en el cumplimiento estricto de las recomendaciones del FMI orientadas supuestamente para mitigar la crisis del INSS”, recuerda Sáenz.
Y señala que las recomendaciones del Artículo IV de 2023 incluyen varias claves que explican la decisión de compactar las instituciones del Estado. “El FMI recomendó una reducción de alrededor de 300 millones de dólares, en particular, y esta es una transcripción literal del documento, reduciendo los gastos corrientes, principalmente en salarios, bienes y servicios, que equivalen a entre ½ y ¾ por ciento del PIB”, expone Sáenz.
Consecuencias afectarán a muchos
Además cuestiona: ¿Cuánto es eso? ¿Cuáles servicios van a reducir? ¿A cuánta gente van a despedir y de cuáles instituciones? y recuerda que el informe también advierte que la persistente crisis del INSS es uno de los factores que deteriorará las finanzas públicas, mientras el régimen todavía no pone en práctica medidas para reducir el déficit del INSS, ni siquiera ha expresado en qué consistirán esas medidas ni cuándo habrá que esperar que el régimen las imponga.
“Aquí tendríamos al perro mordiéndose la cola: despidos en el Estado suponen menos afiliados y menos ingresos al INSS y por consiguiente mayor crisis financiera y mayor necesidad de financiamiento público, hasta que la burbuja estalle por algún lado. Hay otros temas relevantes como el endeudamiento y la desenfrenada carrera con los créditos chinos, pero ese campo, donde también el FMI formuló recomendaciones, amerita otro orden de comentarios”, concluye Sáenz.
Los especialistas consideran que independientemente de la verdadera causa de la compactación de las instituciones comienza y termina en las causas políticas, ya que según cifras oficiales la carestía de la canasta básica acribilla los salarios, y la compactación de las instituciones generará más desempleo y con ello sufrimiento y desesperanza entre los nicaragüenses, ya que obviamente las consecuencias de los despidos se extenderán a varios sectores de la población.
También puede leer: El traslado del Registro Público a la Procuraduría General significa que la dictadura podrá confiscar de manera directa