El control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre todas las alcaldías del país no ha significado dejar atrás las controversiales destituciones de alcaldes, que reafirman la ausencia total de la autonomía local y el sinsentido de seguir haciendo votaciones municipales que no respetan la decisión popular.
Once alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas han sido defenestrados en los últimos dos años; siete en 2023 y siete hasta julio de 2024. Todos eran de la camada de leales a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, impuestos en las votaciones municipales que se realizaron en noviembre de 2022 sin credibilidad y sin competencia. El país tiene 153 municipios y ese año todos quedaron bajo el control directo del FSLN, a través de sus alcaldes.
Aunque algunos de los alcaldes alegaron renuncias por problemas de salud, ha trascendido de manera extraoficial que la mayoría han sido acusados de actos de corrupción.
Uno de los primeros defenestrados en enero de 2023 fue el alcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, Jaime Aráuz, quien tenía 22 años reeligiéndose en ese cargo. Fue destituido a tan solo nueve días de haber tomado posesión. En declaraciones públicas a una radio local, Aráuz manifestó haberse retirado del cargo “por una enfermedad cardíaca”.
Lea también: Estos son los 41 alcaldes sandinistas que se mantienen en el cargo desde que Ortega regresó a la Presidencia
Sin embargo, la organización civil Urnas Abiertas conoció que Aráuz enfrentaría un proceso de «investigación y auditoría» para «conocer los recursos que utilizó para adquirir los bienes que posee, entre ellos una gasolinera de la zona”.
La alcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa, Lesbia Treminio, fue destituida en junio de 2023 junto con su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio por acusaciones de corrupción, nepotismo y malversación de fondos. Según fuentes periodísticas, se señala que la exalcaldesa pudo haber malversado hasta 40 millones de córdobas.
El sociólogo y municipalista Silvio Prado reconoce que es difícil saber lo que verdaderamente hay detrás de las destituciones de alcaldes por el secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo, sin embargo, duda que la motivación sea limpiar de corrupción a los gobiernos municipales.
Prado, quien ha realizado numerosos análisis y estudios sobre la administración municipal de Nicaragua, afirma que «el Frente Sandinista es una olla podrida corrupta», donde todos deberían ser al menos procesados judicialmente. A lo largo de sus investigaciones sobre municipalidad, que comenzaron hace más de 20 años, Prado ha conocido de primera mano denuncias y testimonios ciudadanos que demuestran la falta de transparencia en la gestión municipal, el enriquecimiento ilícito, nepotismo y tráfico de influencia de los alcaldes en el poder.
«Corrupción no autorizada»
Para Prado, estas acusaciones oficiales de corrupción pueden tener dos explicaciones basadas en antecedentes observados en el pasado.
La primera es que existe una «corrupción autorizada» y una «corrupción no autorizada». «Hay una corrupción con permiso, es la corrupción que da una tajada al secretario político, otra tajada a Managua, a la pareja presidencial, etc. La no autorizada es cuando la gente se va por la libre: se toma la libertad y dice: ‘Si aquí hay permiso yo no voy a ser pendejo y yo voy a robar también'», dijo el sociólogo.
No obstante, si a estos destituidos alcaldes se les ha encontrado actos de corrupción entonces ¿por qué no se les está procesando judicialmente? Esto lleva a Prado a la segunda teoría: que las acusaciones contra los alcaldes son muy similares a las que se hicieron en su momento contra políticos opositores que retaron al régimen.
«Para tapar los delitos políticos de la oposición se usa el tema de terrorismo, narcotráfico, etc. y para enmascarar las crisis con los alcaldes electos se usa el tema de la corrupción, aunque hay otros de los que no se dice nada», explicó Prado.
Asimismo mencionó que conoce personalmente al alcalde Erwin de Castilla Urbina, uno de los defenestrados en marzo de 2024, y dijo que puede dar fe de su honradez como alcalde, aunque para la dictadura «tiene el gran defecto de pensar con independencia», dice Prado.
«Si tomo como referencia el caso de Erwin de Castilla, exalcalde de Juigalpa, yo dudo que esté enfermo para renunciar y por robo no creo. ¿Los otros alcaldes? No sé, pero lo pongo en duda», dijo el sociólogo.
Entonces, esta teoría se basa en que tal vez algunos alcaldes destituidos quisieron hacer una gestión autónoma, contraviniendo las órdenes que emanan desde El Carmen, en Managua. Esto precisamente fue lo que ocurrió en 2010 con el entonces alcalde sandinista de Ciudad Sandino (Managua), Roberto Somoza, quien quiso hacer una gestión transparente y ser «alcalde de todos», lo que lo llevó a ser separado de su cargo. Somoza también fue acusado de inconsistencias financieras que ascendían a unos 80 millones de córdobas por actos de corrupción en ese momento.
«Quieren poner una lección: ‘Si no te pliegas a las decisiones de Managua o del secretario político, no solamente te quitamos el trabajo, te dejamos en la calle, te desprestigiamos’. Entonces, cuando hay alcaldes que se empoderan después de las elecciones los borran, los desprestigian. Es probable que esto sea», dijo Prado.
Dictadura no ha podido uniformar a los municipios
Pero más allá de las razones reales de las destituciones de alcaldes, este es un tema más profundo para Prado. Para él, todo esto demuestra que la dictadura Ortega Murillo sigue luchando por el control de los municipios, porque no puede lidiar con la diversidad y las particularidades de cada localidad, lo cual se escapa a la uniformidad que se les quieren imponer.
«Cada municipio demanda solución de problemas que no son soluciones uniformes, cada municipio tiene su propia geografía política. El hecho de la proximidad social con tus gobernados y la proximidad administrativa con los problemas, hace que te veas obligados a las órdenes del Gobierno central», valoró Prado.
