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Ministerio del Interior. Foto: Tomada de redes sociales.

Régimen solo inscribió 196 agentes extranjeros en dos años

En octubre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó la "Ley de agentes extranjeros", pero hasta 2023 la inscripción ha sido mínima

Entre 2022 y 2023, el régimen orteguista solamente logró la inscripción de 196 agentes extranjeros, según datos del Informe de Ejecución del Presupuesto General de la República de 2022 y 2023.

En 2022, se inscribieron 91 nuevos agentes extranjeros y en 2023 fueron 105 inscripciones. Para este último año, la inscripción de agentes extranjeros se contempla entre los indicadores de la Oficina de Registro y Control de Asociaciones, que para 2024 ampliará su personal de 12 a 25 colaboradores.

Para 2024, el régimen proyecta 105 nuevas inscripciones de agentes extranjeros y 45 nuevas entidades sin fines de lucro.

Según la Ley de agentes extranjeros aprobada por el régimen en octubre de 2020, en su artículo tres, define como agente extranjero a las personas naturales, jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que reciben fondos que provienen de personas naturales, gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea.

La ley es para regular a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que “respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país”.

Además, el entonces Ministerio de Gobernación sería el encargado de la regulación, supervisión y sanción en materia de Agentes Extranjeros a través del órgano designado para tal fin.

Anular espacio cívico

El abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda, consideró que la poca inscripción se debe a que el objetivo de la dictadura es anular el espacio cívico.

“El registro de agentes extranjeros solo tenía por objetivo controlar el funcionamiento de las organizaciones de sociedad civil. Eso es lo que explica la poca inscripción. Finalmente, se busca anular el derecho de asociación”, consideró.

Fachada del Ministerio del Interior. Foto: Medios oficialistas

Este fenómeno al que se refiere Pineda, también se ve reflejado en otros indicadores relacionados con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el informe de ejecución presupuestaria de 2022 destaca que en ese año se inscribieron 36 nuevas entidades sin fines de lucro, se entregaron 13,322 constancias y certificaciones, y se inscribieron 91 nuevos agentes extranjeros. En 2023, se inscribieron 63 nuevas organizaciones sin fines de lucro.

La cantidad de nuevas organizaciones fue menor a la que se registró en 2018, cuando se inscribieron 116 nuevas entidades sin fines de lucro; se entregaron 9,619 constancias y certificaciones.

Oficina aparece a partir de 2022 en el presupuesto

Aunque la ley fue aprobada el 15 de octubre de 2020, fue hasta el 2022 que apareció una partida presupuestaria para el departamento de Registro de Agentes de Extranjeros en Managua, que forma parte del Registro y Control de Asociaciones del entonces Ministerio de Gobernación que a partir del 28 de diciembre de 2023 se convirtió en el Ministerio del Interior, según consta en el informe de liquidación al Presupuesto General de la República de ese año.

Según el documento, se destinaron 4.5 millones de córdobas para equipamiento tecnológico del Departamento de Registro de Agentes Extranjeros.

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El 31 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia la “Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro”, que aplicó mayores restricciones para las organizaciones, obligándolas a convalidarse con la nueva ley.

En agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 7 de su nueva ley, en la que otorgó facultades al Ministerio de Gobernación para cancelar personerías jurídicas sin pasar por el parlamento. Hasta antes de esa reforma, la Asamblea Nacional era la instancia que se encargaba de cancelar personerías jurídicas a petición de la oficina de Registro y Control de Asociaciones del entonces Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior).

Más de tres mil organizaciones canceladas

El 15 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional, al servicio de la dictadura, aprobó con 70 votos a favor la “Ley de regulación de agentes extranjeros”, que otorgó al régimen más control sobre la oposición, organizaciones independientes y utilizarla como herramienta de cara a los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.

Meses después de su aprobación, organizaciones como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro cerraron operaciones para no inscribirse como agentes extranjeros.

PEN, cuya personería jurídica fue cancelada hasta el 16 de febrero de 2022, alegó en ese momento que carecían del personal necesario para cumplir con las exigencias de la Ley de regulación de agentes extranjeros, mientras que la Fundación Violeta Barrios anunció su cierre el 5 de febrero de 2021 para no aceptar “la imposición de registrarse como agente extranjero.

El entonces Ministerio de Gobernación dio plazo hasta el 5 de febrero de 2021 a las personas naturales y jurídicas para registrarse como agentes extranjeros y de no hacerlo se les cancelaría la personería jurídica y se aplicarían sanciones contempladas en la Ley de agentes extranjeros.

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Desde el estallido de la crisis sociopolítica hasta diciembre de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló unas 3,390 organizaciones sin fines de lucro, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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