El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la resolución “Seguimiento sobre la Situación Sociopolítica en Nicaragua”, en la que crea un grupo de voluntarios para darle seguimiento a la situación a Nicaragua y disuelve el Grupo de Trabajo que se conformó el 2 de agosto de 2018.
“Desde 2018, la situación de Nicaragua en relación con la democracia y derechos humanos ha empeorado de manera sustancial. Si hablamos de nacionalidad, más de 300 personas han sido privadas de su nacionalidad, violando los derechos internacionales en tema de apatridia”, señaló la delegación de Chile, encabezada por Sebastián Kraljevich Chadwick.
El representante de Chile manifestó que el texto de la resolución reconoce que la salida de Nicaragua de la OEA requiere de nuevos instrumentos, por lo que pone fin al mandato del Grupo de Trabajo y pone a disposición un grupo de voluntarios que dará seguimiento a la situación de este país.
“La propuesta de resolución nos ayuda a continuar promoviendo los valores democráticos y de derechos humanos en la región”, añadió Kraljevich Chadwick, solicitando que se aprobara por consenso, secundado por la delegación de Canadá.
Por su parte, Costa Rica recordó que en los seis años de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la organización ha dado seguimiento a la situación del país centroamericano y consideró que el retiro de Nicaragua de la OEA no lo exime de cumplir con los tratados de derechos humanos.
“La crisis en Nicaragua, caracterizada por el desmantelamiento de las estructuras cívicas y los persistentes abusos de los derechos humanos, no pueden ser ignorados”, dijo Alejandra Solano, representante permanente de Costa Rica ante el Consejo Permanente.
“Es imperativo que sigamos dándole seguimiento a la situación en Nicaragua. La resolución es un compromiso de este Consejo Permanente ante la grave situación que aflige a los nicaragüenses”, añadió.
Por otro lado, la representación de Estados Unidos recordó que el régimen persigue a disidentes, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
“Debemos seguir trabajando por la situación en Nicaragua para tomar las medidas que consideremos necesarias para que regrese la democracia”, dijo la delegación de Estados Unidos.
También Brasil aseguró que en Nicaragua existen violaciones a los derechos humanos y reafirmó que la organización no será indiferente a la situación en Nicaragua, a través del grupo de voluntarios, que tendrá un carácter ad-hoc, por lo que no será permanente.
“A pesar de su retiro de la OEA, las obligaciones de Nicaragua siguen vigentes en el marco de los tratados de los derechos humanos”, añadió.
Tres notas al pie de página
La resolución contará con tres notas al pie de página: de San Vicente y las Granadinas, Bolivia y de El Salvador.
“Mi delegación hace referencia a la resolución que ha sido adoptada por este Consejo Permanente. Queremos dejar constancia de que, dado de que Nicaragua ya no es miembro de la OEA (…) esta resolución representa una intrusión no deseada en los asuntos internos de Nicaragua. Mi delegación no acompaña la aclamación y solicita que el acto oficial represente la postura de mi país”, señaló la delegación de San Vicente y las Granadinas, que a la vez solicitó incorporar una nota al pie.
En la sesión, Bolivia se mostró en contra de la creación de un grupo de países voluntarios que den seguimiento a la situación en Nicaragua, solicitando una nota al pie de página.
“Bolivia saluda el primer punto de dar por concluido el mandato del Grupo de Trabajo, que corresponde con la Carta de la OEA. Sin embargo, mi país no comparte que se cree un Grupo Voluntario y que se disponga una serie de situaciones de seguimiento”, dijo Héctor Enrique Arce Zaconeta, representante de Bolivia ante el Consejo Permanente.
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En la sesión, República Dominicana solicitó ser incluido como copatrocinador de la resolución.
“El diálogo es una herramienta poderosa para encontrar consenso en situaciones como las que vive Nicaragua”, señaló la representante de República Dominicana.
El doctor Guillermo Belt, exasesor de la OEA, dijo a LA PRENSA que la aclamación, el método por el cual se aprobó la resolución, es la manera más enfática para aprobar este tipo de documentos.
“Consenso es la ausencia de oposición activa. Chile propuso aprobar por consenso, pero el presidente propuso la aclamación, la cual se dio inclusive con un aplauso. Consenso se emplea en la OEA cuando no hay varios países que se opongan claramente al texto en consideración”, manifestó Belt.
Por otro lado, un exdiplomático, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias del régimen, dijo a LA PRENSA que los países aliados del régimen orteguista en el Consejo Permanente dejaron clara su oposición a la creación de un grupo de países voluntarios, puesto que esto merma la estrategia del régimen de salir de la organización para evitar el seguimiento de la comunidad internacional a la crisis en Nicaragua.
“San Vicente y las Granadinas es un país aliado a Ortega en la OEA y me parece que el dictador le pidió que se opusieran para que esta resolución no fuera aprobada porque hace nulo el efecto de la denuncia de la dictadura a la carta para salirse del organismo”, dijo el exdiplomático.
Además consideró que en el caso de El Salvador no es un aliado y que hace su nota al pie de página para autoprotegerse ante los señalamientos de violaciones a los derechos humanos contra el presidente Nayib Bukele.
Uruguay: “La de Ortega es probablemente la peor dictadura”
El representante de Uruguay, fuerte crítico al régimen orteguista en el Consejo Permanente, calificó como positivo que la organización continúe el seguimiento a la crisis en Nicaragua y reiteró que el país centroamericano deberá seguir cumpliendo con los tratados de derechos humanos, por lo que no puede desvincularse del seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
“Admitir la desvinculación de Nicaragua al Sistema Interamericano de Derechos es aberrante. La CIDH no habrá de abdicar en su monitoreo con un relator para Nicaragua. Es su obligación. El señor Ortega dirá que no y la comunidad internacional dirá que sí: que se va a seguir observando, insistiendo y escrutando”, dijo Abdalá.
El representante de Uruguay añadió que la dictadura de Ortega es la peor del continente americano.
“300 destierros, ¿en qué estamos?, ¿en la época romana? Digamos las cosas como son, en español clásico y español antiguo: es probablemente la peor dictadura del continente. Hay otras oprobiosas, como la de Venezuela que es una tragedia descomunal, o alguna que no se puede mencionar demasiado acá; todo lo que ha sucedido con Cuba en tanto tiempo y es absolutamente dramático”, recalcó.
“Pero en Nicaragua está el peor de la trilogía, el más violento y el más crudo. Nos quedamos en este órgano diciéndole al señor dictador lo que es”, puntualizó.
Ocho países presentaron el proyecto el 26 de marzo
Los representantes de los Estados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes presentaron el proyecto de resolución, resaltaron que están conscientes de que, pese a la denuncia y el consiguiente retiro de Nicaragua de la OEA, que se hizo efectiva en noviembre del año pasado, “las circunstancias de crisis, ruptura democrática y deterioro de la situación de derechos humanos en el país requieren la continua atención de la Organización mediante un marco de seguimiento y deliberación”.
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Alrededor de la resolución surgieron diferentes puntos de vista e interrogantes, algunos de estos expresando que se trata de una derrota frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros señalando que abre camino para el seguimiento a la crisis nicaragüense.
Un opositor, bajo condición de anonimato, aseguró que la resolución en los considerandos deja claro lo que sucede en Nicaragua con relación al desmantelamiento de las estructuras cívicas, el severo deterioro de los poderes del Estado y la violación permanente y sistemática de los derechos humanos.
“Por otro lado, aunque Nicaragua se retiró, la OEA sigue dándole seguimiento a lo que está pasando. También indica que un grupo de países, probablemente los mismos del grupo de trabajo sino más, serán parte del grupo voluntario. Esto te garantiza que vendrán nuevas iniciativas políticas y la presión seguirá, que es lo que se puede hacer en estas circunstancias y la oposición también mantiene este espacio abierto para hacer incidencia”, señaló el opositor.
Además, consideró que la oposición también mantendrá el grupo de trabajo voluntario como un espacio abierto para hacer incidencia.
“Recordemos que el grupo de trabajo era institucional para un país miembro. Hoy ese país ya no es miembro y con esta resolución los países garantizan de manera voluntaria su trabajo sobre el tema y los recursos necesarios”, aseveró.
La resolución establece, en primer lugar, la conclusión del mandato que creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua, aunque reafirma el compromiso del Consejo Permanente de la OEA de continuar monitoreando la situación en Nicaragua “cuando lo estime necesario”.
Dicho seguimiento a la situación de Nicaragua —resaltan los Estados miembros— incluso se llevaría a cabo mediante “un diálogo amplio con actores locales e internacionales, incluidas las autoridades nicaragüenses”.
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El tercer punto establece que el organismo podrá contar con un grupo voluntario, abierto a la participación de todos los Estados miembros, que asista al Consejo Permanente en sus esfuerzos por prestar especial atención a la situación en Nicaragua, sin que genere costos para el presupuesto de la organización.
El quinto punto de la resolución llama a los Estados miembros a hacer todo lo posible para alentar al régimen orteguista a emprender un diálogo al más alto nivel e incluso acciones, con apego a la Carta de la OEA, para su reincorporación como miembro del organismo.