La iniciativa de “Ley general de telecomunicaciones convergentes”, enviada por el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional de Nicaragua, establece la “obligación” de los proveedores de servicios de telecomunicaciones suministrar toda información que sea requerida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), lo que para los críticos significa que el régimen orteguista comenzará una búsqueda más rigurosa de los “traidores” dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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La nueva “Ley general de telecomunicaciones” aborda todos los aspectos técnicos, regulaciones, control y registro del sector de las telecomunicaciones, que incluye telefonía, internet, televisión y radio.
El artículo 109, sobre “obligación de proveer información”, establece que “los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales, están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias. Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”.
El abogado y analista político, Eliseo Núñez Morales, valoró que este artículo es muy general, dejando abierta la posibilidad de que Telcor pueda pedir información hasta de lo que un usuario ve en la televisión o lo que consume en redes sociales o en páginas de internet.
Núñez explicó que normalmente Telcor sí tiene acceso a la información estadística, pero la información detallada que ahora se podrá pedir solo se podía dar con una orden judicial.
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Núñez manifestó que la nueva ley no establece que pueden interferir las llamadas, pero insistió en que Telcor sí puede saber cuáles son búsquedas de internet, en Facebook, en televisión por cable o tener acceso a la información de con quién habla o se comunica un usuario. El analista cree que esta aplicación estará dirigida a buscar traidores dentro de sus propias filas, en el ámbito de la Policía, el Ejército y otros funcionarios del Gobierno.
“Incluso pueden hacer un perfil de una persona, principalmente de los empleados estatales, de los que ellos tienen sospechas, para que ellos puedan confirmar si este empleado mira la página web de CNN, mira canales que están en contra de la dictadura y que están fuera del país. Todo este tipo de cosas ellos pueden pedirla y no necesariamente necesitan una orden judicial”, explica Núñez.
También es un ley recaudatoria
La “ley de telecomunicaciones convergentes” establece un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, para remplazar todos los Títulos Habilitantes que se encuentren vigentes de conformidad con la “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales” y Ley de Prórroga a las Licencias de las Empresas, Personas Naturales o Jurídicas que Operan Radio, Televisiones y Tele Cable, leyes que serán derogadas cuando entre en vigencia esta nueva ley.
“A tal efecto, Telcor emitirá los títulos habilitantes que correspondan de conformidad con las disposiciones de la presente ley y las normativas correspondientes”.
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Núñez dijo que esto significa que la ley de telecomunicaciones convergentes también vendría a obligar a todos los operadores y proveedores del servicio de telecomunicaciones a someterse a un proceso de renovación de sus licencias de operación, algo que hasta ahora ha sido automático. Lo más seguro para el analista es que la dictadura seleccione a quiénes se las va a renovar.
“Todas las licencias quedarán vencidas y hay que operar con licencias nuevas. Eso habrá que ver a quiénes le renuevan y a quiénes no, las licencias de radiodifusión. Allí aprovecharán para quitarle las licencias a los últimos canales de televisión que no son adeptos a ellos, alegando temas técnicos, alegando que no cumplen con cierta cantidad de requisitos”, dijo Núñez.
Mientras que los operadores de telefonía y datos tendrán que volver a pagar sus licencias, volver a generar fianza, lo que para Núñez significa que la ley es recaudatoria.
“Manda en seis meses a renovar todas las licencias. Quiere decir que en seis meses van a tener una recaudación grande, porque para la licencia nueva tenés que pagar el costo”, refiere el analista.
¿Ortega va por su propio internet?
El empresario radial exiliado Aníbal Toruño, a quien la dictadura orteguista le quemó su radio y confiscó sus bienes en Nicaragua por informar sobre la represión policial contra las protestas de 2018, considera que más allá del interés recaudatorio y de cancelar licencias de radios y televisoras, Ortega también busca allanar el camino para el control del internet, como lo hacen China, Rusia, Cuba y otros países con regímenes autoritarios.
Toruño observó particularmente el artículo 72, sobre la “obligación de acceso y uso compartido de instalaciones esenciales”, que obligará a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones a “permitir el acceso y uso compartido de su infraestructura física, redes, elementos de redes, recursos y/o servicios asociados y de cualquier otra instalación que sean determinados como esenciales, a cualquier otro operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones que así lo solicite”.
Para Toruño, eso quiere decir, por ejemplo, que las empresas chinas —a las cuales Ortega le está dando amplias ventajas en el espacio comercial—, podrían solicitar usar infraestructura ya existente, como antenas, para abrir su propio negocio de telecomunicaciones.
Toruño también valoró que Ortega podría estar contemplando en un futuro intervenir en la infraestructura de los proveedores de internet, para ejercer sus propios controles.
“Cuando vos tenés a un proveedor internacional y uno nacional, en medio hay servidores que son los puertos de entrega que reciben internet, y esos puertos o servidores de entrega actualmente están en manos de privados. El día que (a la dictadura) se les ocurre intervenir, habría que ver si esa infraestructura la puede tener el Estado, entonces, el proveedor internacional tendría que entregarle al servidor del Estado la oferta de internet que va a ocupar cualquiera de las cableras o de los proveedores de internet nacional, entonces se estaría en frente básicamente de la capacidad que tendría el Estado como para poder modificar, bloquear, cambiar, editar cualquier página web o prohibir al final contenidos específicos”, explicó Toruño.
“Mi temor es que en esta dinámica, Daniel Ortega desee crear una burbuja de un internet propio en Nicaragua”, agregó el empresario radial.
Tanto Núñez como Toruño reconocieron que en general esta iniciativa de ley de telecomunicaciones es bastante técnica y contiene regulaciones normales que tienen todos los países, pero por la naturaleza represiva y controladora de la dictadura de Daniel Ortega, no dudan que pueda usarla para el control social, como lo ha hecho con todas las leyes que ha venido aprobando durante sus 17 años en el poder.
La dictadura de Ortega ha cerrado y confiscado decenas de radios y medios de comunicación televisivos, todos ellos críticos de su régimen. La censura se intensificó después de 2018, tras las protestas civiles que pedían la salida de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, del poder. En 2022, más de 20 radios de línea católica fueron canceladas, en medio de la guerra de Ortega contra la Iglesia católica que fue mediadora de un fallido diálogo nacional.
Fue enviada a consulta
Este martes 12 de marzo, la junta directiva de la Asamblea Nacional presentó la iniciativa de “Ley general de telecomunicaciones convergentes” ante el plenario y la remitió a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, donde será consultada.
El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega, tiene el control total de la Asamblea Nacional de Nicaragua, con una mayoría de 70 diputados, de los 91 totales, así que no tendrán obstáculos para aprobar esta nueva legislación.