Dos expresidentes de Costa Rica hicieron un llamado al actual gobierno de ese país para que no se convierta en “cómplice” de las violaciones a los derechos humanos que ejerce el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, solicitó a la administración de Rodrigo Chaves pedir a la Interpol “corregir” las solicitudes de extradición de nicaragüenses que hace el régimen orteguista, y ser “especialmente estrictos en cuanto a las demandas que Interpol haga a solicitud de Nicaragua para extradición de sus nacionales”.
En un artículo de opinión publicado en el Diario Extra, el exmandatario dijo que “esos procesos deben ocuparnos a todos los amantes de los derechos humanos para impedir que Costa Rica contribuya a la violación de las libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses”.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014) se unió al llamado de Rodríguez, aludiendo a las autoridades de la Presidencia y del Poder Judicial de Costa Rica.
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El 16 de febrero Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue extraditado a Nicaragua y fue entregado en la frontera sur del país. Asimismo, está en trámite una solicitud de extradición por similares condiciones para Reinaldo Picado Miranda. También se ha solicitado por parte de una reconocida autoridad judicial nicaragüense colaboradora de la dictadura, una orden de captura contra Gabriel Leónidas Putoy Cano y hay una orden internacional de captura de Interpol contra él.
El profesor de matemáticas Putoy Cano fue preso político de la dictadura por casi un año y obtuvo su calidad de refugiado en Costa Rica en abril de 2023.
Situación preocupante
El expresidente Rodríguez Echeverría expresó que la situación es preocupante y lo más urgente de estos hechos “es la necesidad de asegurar que a una dictadura como la de nuestros vecinos nunca se conceda apresar y menos entregar a una persona por una simple solicitud policial”.
“Mi solicitud es al Gobierno para que dé una clara instrucción a todos los cuerpos policiales de que esa sería una sería violación a los derechos humanos que no se puede dar en Costa Rica”, subrayó.
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La Constitución costarricense, recordó el exmandatario, establece en el Artículo 31 que “Costa Rica será asilo para todo perseguido político… nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido. La extradición… nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”.
“Mi petición a la Corte Suprema de Justicia es que se instruya la radical aplicación de este artículo en caso de solicitudes del gobierno de Ortega y Murillo. Las acciones violatorias de los derechos humanos de ese régimen son evidentes, públicas y notorias, y constan en múltiples declaraciones de la OEA y de Naciones Unidas”, enfatizó.
Agregó que “Costa Rica no puede ser cómplice de Ortega y Murillo en sus violaciones a los derechos humanos de su pueblo”.
Protesta de nicaragüenses
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica convocó este lunes a la comunidad de nicas en ese país a reunirse en las afueras de la sala IV Constitucional en San José y de esa manera protestar en contra los actos de extradición contra exiliados.
Yefer Bravo, miembro de la organización, expresó que la iniciativa pretende “demandar a los honorables magistrados no más extradición de hermanos opositores a la dictadura sandinista”.