El Poder Ejecutivo de Costa Rica negó este domingo haber tenido alguna participación en la extradición a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, identificado como opositor al gobierno nicaragüense, pues se trata de un asunto que fue tramitado por las autoridades judiciales.
«Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el Gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones», indica un comunicado de la Casa Presidencial costarricense.
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El Gobierno agregó que la extradición es un proceso «100 por ciento judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República».
«Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta», concluye el comunicado.
La extradición a Nicaragua
Las autoridades de Costa Rica extraditaron el pasado viernes hacia Nicaragua al nicaragüense Douglas Pérez, de 44 años de edad, quien es requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
Medios de comunicación identifican a Pérez como un exmiembro de «la Contra» o Resistencia, opositor al Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega.
Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de habeas corpus que señalaban el riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.
Pérez fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), debido a que contaba con una alerta internacional de captura.
Pérez es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple, según las acusaciones de las autoridades de Nicaragua.
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La extradición se efectuó el viernes bajo la dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración, informó ese día el OIJ.
