Al menos 40 opositores nicaragüenses se mantienen bajo amenaza de cárcel en Nicaragua, si no se presentan a firmar en la estación policial de su ciudad, como parte del control social que ejerce la dictadura de Daniel Ortega en el país.
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La Policía orteguista identifica a estos nicaragüenses como “objetivo blanco”, según los arriesgados testimonios de algunos de estos opositores. Algunos de ellos tienen ciudad por cárcel, porque ni siquiera pueden salir de sus municipios.
La defensora de derechos humanos, Ivania Álvarez, quien lleva un monitoreo de seguimiento a las acciones represivas del régimen, manifestó que estas personas no pueden ser identificadas por motivos de seguridad. Explicó que la comunicación con ellos pone en riesgo su propia integridad física y la limitada libertad que tienen en el país. Sin embargo, algunos se arriesgan a informar detalles de la condición que les impone la dictadura de Ortega en Nicaragua, a través de la Policía orteguista.
Álvarez dijo que entre los meses de julio y diciembre recibieron más de 40 denuncias en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Chontales, Estelí, Masaya y Managua, y es muy probable que se esté dando en otros departamentos, pero las personas tienen miedo de denunciar.
La mayoría han confirmado que la Policía les exige que lleguen a la delegación policial cada tres días o una vez a la semana. También les dicen que se tienen que presentar cuando ellos lo soliciten. Al llegar a la delegación policial les hacen firmar un “libro” o un “cuaderno”, que tiene como encabezado “objetivo blanco”. Los policías que los reciben no dan explicación ni el motivo de por qué deben firmar. Toman fotos cuando están firmando, y también piden y registran la cédula de identidad de los firmantes.
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Álvarez precisó que esta situación está ocurriendo desde julio de 2023, cuando fueron recibidas las denuncias de activistas y opositores en los territorios, que tuvieron alguna participación en las protestas de abril 2018.
“En algunos casos fueron citados en sus delegaciones policiales locales de manera verbal. Les decían que tenían que presentarse de manera voluntaria en una hora específica, en otros casos fueron sacados por la fuerza de sus hogares y retenidos tres o cuatro horas donde fueron entrevistados, amenazados y fotografiados para luego llenarles una ficha donde plasmaron aparte de sus datos generales los de todo su núcleo familiar, nombres, edades, lugar de trabajo, números telefónicos de todos, redes sociales y si tenían familiares en el extranjero”, relató Álvarez.
A partir de ese momento les informaron que tenían que presentarse una vez cada tres días a firmar, otros una vez a la semana y en el mejor de los casos una vez cada 15 días. “También se les asignó un oficial que les estaría dando seguimiento a través de sus teléfonos y les solicitan que si van a salir de su municipio deben notificarlo al agente policial y explicar el motivo de salida”, relató Álvarez.
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La defensora dijo que estos ciudadanos, con presentación periódica a las delegaciones policiales, se suman a las más de 80 personas secuestradas entre el 3 y 13 de mayo del 2023, que están bajo el mismo régimen de procesados políticos.
Álvarez insistió en denunciar esta situación y en seguir demandando la libertad de los presos políticos, porque aunque presos políticos más conocidos han sido excarcelados y desterrados, manifestó que aún quedan otros presos políticos menos conocidos y en general la ciudadanía nicaragüense sigue bajo el control represivo de la dictadura de Ortega.
En Nicaragua, las personas que se expresan públicamente contra el régimen orteguista son perseguidas, hostigadas, encarceladas y confiscados sus bienes. La mayoría de los presos políticos han sido desnacionalizados y desterrados, sin embargo, todavía queda un grupo en prisión.