La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó en segunda legislatura la reforma constitucional que cambió jurídicamente la naturaleza de la Policía Nacional y la oficializa como un cuerpo armado al servicio del dictador Daniel Ortega.
El artículo 97 de la Constitución Política, sobre la Policía Nacional, fue reformado el 5 de julio de 2023, pero las reformas constitucionales se tienen que aprobar en dos legislaturas para que entren en vigencia oficialmente, por eso al año siguiente tiene que ser ratificada la reforma.
Lea además: Ortega manda a reformar la Constitución y la Ley de la Policía para castigar a los desertores
Antes de la reforma, el artículo 97 de la Constitución establecía que «la Policía Nacional era «profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante». La enmienda eliminó eso y ahora solo establece que «el Jefe Supremo de la institución es el Presidente de la República», es decir, el dictador Ortega, quien lleva 17 años en el poder.
El año pasado, a la par de la reforma al artículo 97, fue reformada la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, para adicionar tres nuevos artículos que establecen que si un oficial «sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión».
Desde 2018 la Policía Nacional ha sido usada para reprimir las protestas civiles, en coordinación con civiles armados que Ortega ha reconocido como «policías voluntarios». También desde 2018, la Policía está encabezada por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, quien tiene una hija casada con un hijo del dictador.
Reforma al artículo 165
La Asamblea Nacional orteguista también ratificó en segunda legislatura la Ley de Reforma al artículo 165 de la Constitución Política, que le quitó al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de: «Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes», que estaba establecida en el numeral 4 del artículo 165, lo que significó quitarle atribuciones al poder judicial.
Lea además: Lea también: El “superministro” Horacio Rocha dirige purga en la CSJ para imponer un bando afín a Rosario Murillo
La reformas constitucionales fueron ratificadas por los 91 diputados totales de la Asamblea Nacional, 70 diputados del FSLN y el resto son diputados aliados de partidos liberales.
