La dictadura de Daniel Ortega presentará reformas a la Constitución Política y a la Ley orgánica de la Policía Nacional, para castigar con hasta tres años de cárcel las deserciones de policías y subyugar totalmente al cuerpo policial.
En la reforma al artículo 97 de la Constitución, el régimen borrará donde se lee que la Policía Nacional es “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante“. En su lugar, el nuevo artículo dirá que el jefe supremo de la institución es el presidente de la República. También se elimina que es de naturaleza civil y en cambio se reafirma su subordinación al presidente de la República.
¿Qué establece actualmente el artículo 97?
Actualmente, el artículo 97 establece: “La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial y se organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad. Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y lo demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional. Dentro de sus funciones, la Policía Nacional auxiliará a las autoridades judiciales y a otras que lo requieran conforme a la ley para el cumplimiento de sus funciones. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal”.
La reforma
Con la reforma, el artículo 97 establecerá que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la Ley y el desempeño de sus funciones. La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. En el cumplimiento de sus funciones de la Policía Nacional se basa en el protagonismo de las personas, la familia y la comunidad. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus miembros y personal”.
Sanciones
Mientras que la reforma a la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, adicionará tres nuevos artículos que establecen que si un oficial “sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
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Además castigará con cárcel la deserción de las filas policiales. “El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, se lee en la propuesta.
La iniciativa de reforma tiene fecha del miércoles 5 de julio de 2023. Supuestamente será presentada mañana ante el plenario de la Asamblea Nacional, para aprobarse con trámite de urgencia, como ya es habitual.
El parlamento nicaragüense, conformado por 91 diputados, es controlado totalmente por la dictadura de Daniel Ortega, así que esa ley no tendrá problema para aprobarse con los 70 votos de los sandinistas más sus aliados.
Deserciones de policías
Esta iniciativa de reforma surge en un contexto en que policías rasos y algunos altos mandos policiales han incluso abandonado el país para separarse de la Policía Nacional, que es el principal instrumento represivo de la dictadura de Ortega desde 2018, año de las protestas civiles.
Una de las últimas deserciones fue la de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien llegó a Estados Unidos a través del parole humanitario, según denunció el exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán.
Estados Unidos sancionó el 5 de marzo de 2020 a la Policía Nacional como institución y a tres comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por su participación en los graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron al jefe de la Policía, Francisco Díaz, quien además es consuegro del dictador Ortega.
