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En 1993, el resurgimiento económico en Nicaragua dinamizó el comercio y atrajo a nuevas empresas y transnacionales al nuevo modelo de gobierno. En esos años surgieron ofertas y promociones. Fue el caso de Coca-Cola, que inició una campaña masiva en los medios de comunicación con la promoción “Llegó la número locura Coca-Cola”, la cual sorteaba más de seiscientos mil córdobas en efectivo.
Para participar, los consumidores debían buscar un código en el reverso de las tapas de la gaseosa. Allí se indicaba el número ganador y la cantidad de dinero correspondiente. El premio mayor era de 50 mil córdobas, el equivalente a $7,874.39 dólares. A finales de 1993, el tipo de cambio en Nicaragua cerró en 6.35 córdobas por dólar.
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La promoción inició con éxito. Los nicaragüenses aumentaron el consumo de Coca-Cola para ganar el premio mayor. Tras una larga espera, apareció un ganador del premio mayor con el número 195. Pero, pronto salieron otros más con el mismo código y los 50 mil córdobas. Aunque el premio era para una sola persona, en pocos días surgieron más de 8 mil ganadores. Esta situación provocó el caos debido al supuesto error de una secretaria, quien ordenó imprimir múltiples tapas premiadas con el número 195.
Ese hecho inició el litigio más largo en la historia judicial de Nicaragua. Los más de 8 mil “ganadores” protestaron frente a las instalaciones de Coca-Cola exigiendo su premio. La Policía Nacional los reprimió. Durante años, los demandantes se reunieron semanalmente en el parque Las Madres para recibir informes de sus abogados, quienes les daban falsas expectativas. Finalmente, la querella llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el 7 de mayo de 1996.
El 16 de octubre de 2000, la CIDH declaró inadmisible el caso al considerar que carecía de fundamentos que establecieran violaciones a los derechos humanos.
Previamente, en Nicaragua, Rosa Margarita Arauz Molina y 1,447 demandantes interpusieron la primera acción legal el 18 de julio de 1993. Dos días después, el 20 de julio, Pedro Aguilera Aguilar y 6,839 personas presentaron la segunda demanda civil.
El proceso alcanzó su punto culminante el 17 de noviembre de 2008. En esa fecha, el Juzgado Primero Civil de Distrito de Managua emitió una sentencia favorable a los consumidores. El fallo ordenó a Coca-Cola Nicaragua (entonces vinculada a PANAMCO/FEMSA) pagar 1,088 millones de córdobas, equivalentes a más de 54 millones de dólares al tipo de cambio de la época.
La resolución reconocía 8,390 tapitas premiadas, cada una valorada en 50,000 córdobas. Para los reclamantes, el fallo representaba una decisión histórica por el monto y el número de afectados.
Sin embargo, la corporación apeló la decisión. El Tribunal de Apelaciones resolvió el recurso en diciembre de ese mismo año y suspendió la ejecución inmediata del fallo.
Tres décadas después del lanzamiento de la promoción, «la Tapita Premiada» sigue en la memoria colectiva nicaragüense. El caso demuestra cómo una tapa de botella derivó en uno de los litigios civiles más emblemáticos de Nicaragua y en la demanda colectiva de consumidores más grande del país.
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