La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo urgió a Israel «cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional», ante la respuesta que ha dado a la embestida del Movimiento Islamista Hamás, mientras en Nicaragua el orteguismo continúa violando los derechos humanos y agudizando la represión contra los nicaragüenses.
En una nota de prensa publicada este miércoles 9 de enero el orteguismo cerró filas a favor de la demanda que interpuso Sudáfrica contra Jerusalén en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el pasado 29 de diciembre, y afirmó que la «acoge con satisfacción».
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«Ojo, (Daniel) Ortega ya ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad, pero se ampara en que Nicaragua no está bajo la jurisdicción de la Corte», criticó el exembajador del régimen en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields.
Demanda es una «acción legal»
El orteguismo señaló que la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en La Haya es «por las violaciones de éste (Israel) de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 en relación con los palestinos en la Franja de Gaza».
También menciona que se incluye una solicitud para que La Haya «indique medidas provisionales que ordenen a Israel detener su campaña militar en Gaza para proteger contra daños mayores a los Derechos del Pueblo Palestino bajo la Convención sobre Genocidio, y para garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención».
La demanda del país africano contra Israel es un documento de 84 páginas, donde se afirma que las acciones de Israel «son de carácter genocida porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial» de los palestinos en Gaza.
De acuerdo con la demanda, los actos genocidas incluyen matar palestinos, causar graves daños físicos y mentales e infligir deliberadamente condiciones destinadas a «provocar su destrucción física como grupo».
Doble rasero
La dictadura en Nicaragua salió en defensa del cumplimiento del derecho internacional, pero es la misma que ha obligado al desplazamiento forzado a cientos de nicaragüenses, ha despojado de la nacionalidad y convertido apátridas a otros, que además mantiene privados de libertad a sacerdotes, obispos y monseñores, que ha ejecutado torturas física y psicológicas a opositores, y que asesinó en 2018 a 355 nicaragüenses en el marco de las protestas antigubernamentales, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considerados como «crímenes de lesa humanidad», afirmando que la demanda es «una acción legal».
Pero ante las posibilidades de demandas internacionales ha calificado a estos organismos de justicia de seguir órdenes de países hegemónicos.
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«Nicaragua considera que la acción legal contra Israel ante la CIJ es un paso concreto en cumplimiento con las obligaciones legales que cada estado parte de la Convención sobre el Genocidio tiene el Derecho y el deber de tomar, y es además el primer paso para la rendición de cuentas a la comunidad internacional», refirió la dictadura.
A su vez añadió que como Estado Parte en la Convención sobre el Genocidio, «Nicaragua urge a Israel a cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y a poner fin de inmediato a su asalto militar contra el Pueblo Palestino».
Llama al fin de la ocupación
Asimismo, aunque en la narrativa del orteguismo está la no intervención en asuntos internos de otros países cuando alguno se pronuncia para que cese la persecución contra los y las nicaragüenses, sí le parece oportuno hacer «un llamado para el fin de la ocupación, el establecimiento de condiciones para una solución duradera y permanente que respete las fronteras de 1967 con un estado palestino soberano e independiente».
También dijo, contradictoriamente, que reafirma su compromiso «con el Estado de Derecho a Nivel Internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados».
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