El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) presentó ante la justicia argentina una nueva denuncia por delitos de lesa humanidad contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El centro siguió las recomendaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que alienta a activar el principio de jurisdicción universal, de que cualquier país puede investigar los crímenes de lesa humanidad.
Esta nueva denuncia fue presentada por el despojo de la nacionalidad del secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez Ayérdiz.
Ramírez —quien radica en Argentina desde hace ocho años— fue incluido el 15 de febrero pasado en la lista de 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad y sus bienes, a los que la dictadura declaró “traidores a la patria”.
La denuncia fue interpuesta el 4 de marzo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina, donde ya radica una denuncia de ese organismo contra Ortega, Murillo y otros siete altos funcionarios del régimen por delitos de lesa humanidad en el contexto de las protestas cívicas de 2018.
“En ese sentido hemos dicho al Juzgado, a cargo del juez Ariel Lijo, de que este arrebato de la nacionalidad implica una continuación de los crímenes de lesa humanidad que vienen perpetrándose desde el 2018”, declaró Ramírez este lunes en una conferencia de prensa virtual.
Organismo incluye informe del Ghren
Junto con la denuncia, Calidh incluyó ante el Juzgado Federal el reciente informe presentado por el Grupo de Expertos, que trabaja desde 2022 investigando las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en el que concluyeron que el régimen cometió violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen “crímenes de lesa humanidad” contra civiles motivados por razones políticas.
El Grupo de Expertos señaló que “cualquier país” puede investigar estos actos y llamó a la comunidad internacional a “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna”.
“Tal y como lo dijo el Grupo de Expertos, el despojo de mi nacionalidad hace parte de los crímenes de lesa humanidad que continúa perpetrando Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expresó Ramírez.
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También mencionó que en la denuncia se pidió que “indagaran a todos aquellos funcionarios y civiles que tengan que ver en estos delitos” y se gire oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Internacional y Culto de Argentina, para que se comunique diplomáticamente con la cancillería de Nicaragua a fin de que “se envíe la documentación judicial donde se le imputa el supuesto delito que lo hace traidor a la patria”.
Ramírez indicó que ha solicitado además “que se me tenga como víctima directa y como querellante. Es decir que yo pueda presentar pruebas y alegatos”.
Asimismo argumentó que de acuerdo con el artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal argentino, y así como el artículo 5 y 9 de la Ley 26,200 que regula la aplicación del Estatuto de Roma en Argentina y bajo el artículo 118 de la Constitución en ese país, “he solicitado que se cite en carácter de imputados a los señores Ortega Murillo”.